CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La declaratoria de no ejercicio de la acción penal para el general Salvador Cienfuegos Zepeda, por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), “evidencia la desigualdad que existe en este país hacia las víctimas en comparación con los integrantes de las fuerzas armadas”, declaró el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), Raymundo Ramos Vázquez.

De esa manera expresó su “profundo malestar y preocupación” por la agilidad con que la FGR cerró el caso del extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional --acusado en Estados Unidos de tener vínculos con el narcotráfico--, mientras mantiene sin resolver carpetas de investigación abiertas por violaciones graves a derechos humanos cometidas por miembros de la Sedena y la Secretaría de Marina (Semar).

“En las oficinas de la FGR en Nuevo Laredo y la Ciudad de México existen al menos 50 carpetas de investigación que involucran la participación de militares y marinos en desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales desde el año 2018 y que no presentan avances importantes de investigación o, peor aún, no han sido judicializadas”, dijo Ramos Vázquez.

El defensor hizo un recuento de casos en los que están involucrados miembros de las Fuerzas Armadas y que litiga la organización de la ciudad fronteriza, pero hasta ahora se mantienen en la impunidad por la actuación deficiente de la FGR.

Recordó que, de febrero a mayo de 2018, integrantes de las Fuerzas Especiales de Marina “detuvieron y torturaron a más de 30 personas, entre menores de edad, mujeres y hombres adultos en Nuevo Laredo, y hasta la fecha un solo caso ha sido judicializado por la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada a cargo del fiscal especial Abel Galván Gallardo”.

Las desapariciones forzadas fueron documentadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que emitió la recomendación 36VG/2020 dirigida al secretario de la Marina, José Rafael Ojeda Durán; al titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero; al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y al presidente municipal de Nuevo Laredo, Enrique Rivas Cuéllar, “misma que hasta la fecha no ha sido cumplida”.

A esos hechos, el CDHNL agregó cinco presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros del Ejército mexicano en Nuevo Laredo, que se mantienen impunes y con expedientes abiertos tanto en la FGR como en la CNDH.

El 19 de noviembre de 2019 se registró la muerte de José Francisco Pérez Barrios a manos de miembros del Ejército, después de haber sido detenido por militares al salir de su trabajo.

De acuerdo con testimonios de sus familiares, “estuvo desaparecido varias horas hasta que fue localizado con un disparo en la cabeza”, en el patio de una vivienda, junto con otra persona con la que no estaba vinculado. 

El CDHNL destacó que en redes sociales se publicaron fotografías del cadáver de Pérez Barrios, junto al cuerpo de un hombre vestido con un pantalón tipo militar y sudadera blanca, aunque en otra imagen aparee sólo uno de los cuerpos sin vida, lo que revelaría que “el escenario fue alterado”.

El 26 de marzo de 2020, miembros del Ejército mexicano dispararon contra la camioneta que tripulaba Javier La Fuente de la Rosa, cuando circulaba por calles céntricas de Nuevo Laredo. 

El civil resultó herido de un costado. Los militares lo trasladaron al Hospital General de Nuevo Laredo, pero murió en el camino. “Le robaron sus pertenencias y, para intentar evadir su responsabilidad, le sembraron cartuchos de arma larga”.

Una víctima más de ese tipo de actuación militar ocurrió el 6 de abril de 2020, cuando Eleazar Ramírez Vázquez fue alcanzado por disparos que hicieron miembros del Ejército, mientras circulaba por la periferia de Nuevo Laredo en un viejo automóvil.

De acuerdo con testigos, al detener su vehículo por la herida en la espalda, Eleazar fue “echado en la caja de una camioneta tipo pick up del Ejército mexicano y lo trasladaron para recibir atención médica a un hospital general ubicado en el centro de Nuevo Laredo”.

Cuando llegó al hospital, “sin pertenencias ni identificación”, Eleazar ya estaba muerto. Los militares “le sembraron municiones” para tratar de justificar su actuación.

En su recuento, el CDHNL incluyó los casos de Arturo Rubén Garza Navarro, Damián Genovez Tercero y Ángel Agustín Núñez Reyna, quienes fueron acribillados por miembros del Ejército Mexicano, pese a que eran víctimas de secuestro por parte de miembros el crimen organizado.

Los cuerpos de los jóvenes aparecieron maniatados en las cajas de camionetas tripuladas por presuntos miembros del crimen organizado, que fueron perseguidos por soldados.

Garza Navarro, estudiante universitario, fue reportado como desaparecido la noche del sábado 27 de junio; Genovez Tercero fue reportado como desaparecido el 24 de junio, junto con su primo Alejandro Tercero Meza, en tanto que Núñez Reyna fue visto por última vez el 30 de junio de 2020.

El caso se dio a conocer a través de un video que fue entregado al padre de una de las víctimas por un militar que participó en el operativo. 

En ese video se observa cómo los militares disparan por atrás contra una camioneta, la embisten, y cuando los civiles están sometidos, se escuchan voces de soldados que advierten que hay sobrevivientes del ataque, escuchándose una voz de un mando militar que ordena ejecutarlos. Eran los jóvenes secuestrados que estaban maniatados.