CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los gobiernos de México, Honduras, El Salvador y Guatemala expresaron este lunes la necesidad de “fortalecer el trabajo conjunto con los Estados Unidos de América para el intercambio de información estratégica” respecto a los flujos migratorios, y ello para gestionar “las causas y consecuencias adyacentes a la migración irregular y masiva” y reforzar “la respuesta transnacional al tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas.

En un comunicado conjunto, que trata al fenómeno migratorio bajo el enfoque de lo “irregular”, el “tráfico ilícito” y el “desafío a nivel regional”, los cuatro gobiernos urgieron a las personas migrantes a “respetar los controles migratorios” en los diversos países en su ruta hacia Estados Unidos.

A raíz de la política antimigrantes impulsada desde Estados Unidos –y que se agravó durante la administración de Donald Trump--, los gobiernos de la región endurecieron sus medidas para evitar que cientos de miles de familias de Centroamérica lleguen a pedir asilo a la frontera estadunidense.

El gobierno mexicano desplegó miles de soldados de la Guardia Nacional en su frontera sur, sustituyó los delegados regionales del Instituto Nacional de Migración (INM) en el sureste por mandos militares, e hizo gestiones diplomáticas con el gobierno de Honduras para “disolver” una caravana de migrantes que partió de la ciudad de San Pedro Sula a principios de diciembre pasado.

En su comunicado conjunto emitido hoy, los gobiernos de la región no mencionaron la próxima toma de posesión de la administración de Joe Biden en Estados Unidos, ni el llamado Plan de Desarrollo Integral de Centroamérica, una iniciativa que lanzó la Cancillería mexicana en el arranque de la administración de Andrés Manuel López Obrador, y que hasta la fecha no ha tenido ningún resultado concreto.

En el documento divulgado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), los gobiernos se limitaron en reiterar su llamado para que la migración “se realice de manera segura, ordenada y regular”.

Ante las señales de que habrá una recrudescencia del fenómeno migratorio este año –debido a las crisis económicas desatadas por la pandemia de covid-19 y la perspectiva de que el gobierno de Biden suavice la política antimigrantes--, los gobiernos hicieron “un fuerte llamado para evitar exponer a las niñas, niños y adolescentes acompañados, no acompañados y separados a los peligros que conlleva el trayecto migratorio irregular, previendo que sean posibles víctimas de delitos asociados a la migración irregular”.

“Asimismo, advertimos sobre las personas que de manera inescrupulosa arriesgan la vida de los grupos más vulnerables, utilizándolos para conformar barreras humanas, poniendo en riesgo su vida y la de sus familias”, abundaron.

“Destacamos que la dinámica migratoria actual constituye un desafío a nivel regional que ningún país puede resolver por sí solo, por lo que es necesario su abordaje de manera integral desde el principio de responsabilidad compartida y el respeto irrestricto de los derechos humanos de las personas migrantes y sus familias, conforme a los regímenes legales de cada uno de nuestros países y los compromisos asumidos a nivel internacional en la materia”, dijeron.