CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La contingencia ocasionada por el covid-19 ha causado terribles consecuencias a nivel mundial, y ciertamente ha desarrollado particularidades dependiendo de cada región. Una de las más afectadas -y con el potencial de detonar una terrible crisis- es la frontera México-Estados Unidos. En sí, la zona fronteriza ha sido definida (según el acuerdo de La Paz entre México y E.U. de 1983) como el área de 100 km hacia adentro a partir de la línea divisoria. Su población es de aproximadamente de 15 millones de habitantes y se espera que sea al menos el doble en 2025. Esta área ha desarrollado sus propios lazos y dinámicas, constituyéndose en una región absolutamente interdependiente en multitud de aspectos. En ella, muchos de sus ciudadanos están acostumbrados a cruzar la línea divisoria con propósitos económicos, de entretenimiento y para asuntos personales. Solo para dar un ejemplo, en un día promedio (antes de la contingencia) en el total de los puestos fronterizos cruzaban 950 mil personas a pie, automóvil y autobús. Las medidas del gobierno de Donald Trump en relación al covid- 19 han agudizado la problemática de la región fronteriza. Una vez más, su discurso denigrante antimexicano y antiinmigrante recalcó que los “males” para E.U. vienen de México. Al anunciar el cierre temporal de la frontera para “viajes no esenciales” -el 20 de marzo pasado - el mandatario subrayó que la posible llegada de indocumentados: “rebasaría al sistema de salud y dañaría severamente a la seguridad nacional”. No es de sorprender que el cierre de la frontera (por cierto solo de México a Estados Unidos) está ocasionando situaciones muy críticas en distintos aspectos incluyendo: la economía, la educación (el alumnado particularmente mexicano que estudia en Estados Unidos), el proceso migratorio, y ciertamente las relaciones familiares e interpersonales. En el terreno económico, los funcionarios estadunidenses se apresuraron a señalar que el flujo transfronterizo de mercancías permanecería inalterado. El secretario de Seguridad Nacional, encargado del despacho, aseguró que “el comercio legal de Norteamérica no se vería afectado por el cierre parcial de la frontera.” De hecho, de acuerdo con la Cámara de Comercio de E.U., cada día más 1.6 mil millones en mercancías y servicios se intercambian en la zona fronteriza (una prueba de esto, es que 8 mil 500 tráileres siguen atravesando la frontera entre los dos Laredos todos los días). Sin embargo, existen aspectos de la dimensión económica que sí han sido negativamente afectados por el covid-19. En torno a las maquiladoras, para finales de marzo, muchas de ellas mantuvieron su producción con fatales consecuencias: una planta en Ciudad Juárez, de la empresa Lear Corp. relacionada con la industria automotriz, reportó la muerte de 13 empleadas a causa del coronavirus. Para principios de abril un buen número de maquiladoras habían cerrado debido al reconocimiento de las autoridades mexicanas que no ofrecían protección a sus empleados. Sin embargo, pronto surgió otro problema: las presiones del gobierno de Trump (apoyadas por algunos senadores) en apoyo a la Asociación Nacional de Manufactureros y otros grupos empresariales para demandar que el gobierno de México permita la operación de las maquiladoras de productos “esenciales” para E.U. (la definición de “esencial” es distinta en los dos países). El embajador estadunidense en México, Christopher Landau, ha argumentado al respecto que “la destrucción de la economía es también una amenaza a la salud”, pero además algo más contundente: de no abrirse, dichas maquiladoras, estas dejarían de operar en la frontera. A la fecha las maquiladoras relacionadas con el ramo automotriz y con insumos para la pandemia están abiertas; pero en Tijuana cien maquiladoras, de un total de unas 550, han abierto sus puertas al reconocerse su importancia en las cadenas de producción “esenciales” para E.U.; en todos los casos la cuestión que está en juego son los grandes riesgos para los trabajadores en una etapa crítica de la pandemia. El economista Christopher Wilson, del Wilson Center de Washington D.C. se hace al respecto una pregunta crucial: ¿deberían los trabajadores mexicanos exponer sus vidas para salvar gente en Estados Unidos? Otra consecuencia de grandes alcances es la interrupción del paso hacia E.U. de los mexicanos que tienen una visa fronteriza (que les permite internarse 25 millas en su territorio), cuyos viajes se han catalogado como no esenciales pero que en realidad reflejan las interdependencias de la zona fronteriza. La cifra de personas que cuentan con visa es alta. En 2018 el Departamento de Estado reportó que solo entre 2015 y 2019 se expidieron 4 millones de estas visas que son válidas por 10 años. Se trata de comerciantes, individuos y familias que se surten (incluso diariamente) de mercancías en E.U. por su variedad y mejor precio; también existe el caso de connacionales que laboran en la industria, la agricultura o los servicios en el lado estadunidense, pero viven en México por que el costo de vida es menor. La interrupción de estos flujos de población ya está teniendo consecuencias muy serias en las ciudades fronterizas de E.U. De acuerdo con el presidente de la Cámara de Comercio de San Ysidro, Jason Wells, la actividad económica de la región San Diego-Tijuana produjo 220 mil millones de dólares en 2018. Así es que cualquier interrupción representa pérdidas. Según la misma fuente, el cierre de un día del paso entre Tijuana y San Ysidro cuesta alrededor de 5.3 millones de dólares; lo cual se refleja en pérdidas (incluyendo de empleos) en toda el área sur de San Diego. En Laredo, Texas se reporta una caída en las ventas de 80 a 90% de compradores mexicanos. Los habitantes de esta ciudad no recuerdan nada así ni siquiera después del 11 de septiembre. Situaciones semejantes se repiten en otras ciudades fronterizas. La Cámara de Comercio de El Paso, Texas destacó que la falta de compradores mexicanos está teniendo un efecto devastador en el comercio del centro de esa ciudad y apunta que también la agricultura de la zona se ha visto afectada porque muchos de sus trabajadores viven en Ciudad Juárez. En torno a la educación, muchas escuelas cerca de la frontera en el lado estadunidense tienen un alto número de estudiantes transfronterizos que viven en México. Este fenómeno ocurre desde la enseñanza elemental hasta la universitaria. Si bien el 80% de ellos tienen ciudadanía o residencia permanente estadunidense, el otro 20% cuenta solo con visa fronteriza para cruzar, por lo que ya no pueden hacerlo. La razón de vivir en México está relacionada con que el costo de la vida es mucho menor que en E.U. Además de que algunos deportados intentan que sus hijos continúen y finalicen sus estudios en el país del norte. Así es que este alumnado está en grave peligro de ver afectada su educación e incluso ver truncadas sus carreras. El covid-19 en materia de migración está relacionado con varias problemáticas. En los centros de detención migratoria de la agencia de migración y aduanas (U.S. Immigration and Customs Enforcement ICE), la emergencia sanitaria es un hecho. Para finales de abril ICE confirmó 220 casos de coronavirus entre los migrantes que están es su custodia, cantidad que se había duplicado en comparación con la semana anterior. El Centro de Detención con más casos es el de Otay Mesa en San Diego, donde en abril se organizó una huelga de hambre para protestar en contra del hacinamiento y la falta de protecciones mínimas necesarias. Además, la excusa de la contingencia sanitaria le ha permitido al gobierno de Estados Unidos deportar a México de manera expedita, desde marzo, a al menos a 6 mil 300 indocumentados “usando los poderes de emergencia” (a veces basta una hora desde la detención hasta la deportación). Para México, esto significa recibir a migrantes contagiados por el covid-19 como sucedió en un refugio de Nuevo Laredo, donde alrededor de 14 personas contrajeron esta enfermedad. Esta situación se repetirá en otros lugares, ya que para los deportados mexicanos su único refugio son las casas de asistencia para migrantes que se encuentran ciertamente rebasadas y los cuartos y apartamentos de bajo precio donde viven en condiciones precarias e insalubres. Por su parte, miles de solicitantes de asilo (alrededor de 60 mil), en su mayoría centroamericanos, que han sido devueltos a México (de por sí con pocas probabilidades de que sus casos se escuchen) han visto retrasadas sus audiencias y mientras tanto tienen que vivir en condiciones sanitarias muy precarias en varias ciudades fronterizas, por la falta de empleos, vivienda y acceso a servicios médicos. Todas estas situaciones se agravan con la crisis del coronavirus y apuntan a situaciones graves. En fin que las medidas establecidas por el gobierno de Trump han afectado sustantivamente la interdependencia de la zona fronteriza, incluyendo el tránsito de personas que entran a ese país para comprar, porque tienen empleos en la manufactura o servicios, para estudiar, o que buscan visitar a sus familiares, ocasionando serios trastornos en la región no solo en el plano económico sino en lo social y hasta en las relaciones familiares interpersonales de quienes habitan en ambos lados de la frontera. Lo peor del caso es que en el futuro inmediato no se percibe ninguna mejoría. Para cambiar este escenario se requería de una iniciativa bilateral que cuente con recursos y que incluya en el diseño de política las voces de quienes viven en la zona fronteriza a ambos lados de la línea divisoria.