PUEBLA, Pue. (apro).- La Comisión Inspectora del Congreso local ordenó a la Auditoría Superior del Estado (ASE) investigar el desempeño de los integrantes de Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), quienes mantienen una confrontación pública con el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

La propuesta fue aprobada por cinco diputados de Morena y los partidos Revolucionario Institucional (PRI), del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES). Y el diputado panista Oswaldo López Jiménez advirtió que más bien se trata de una “venganza política” del gobernador.

La comisión legislativa pidió a la ASE que haga visitas, inspecciones y auditorías para verificar “el correcto ejercicio de los recursos públicos que se destinan al pago de honorarios de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana”.

Además, el dictamen aprobado por los diputados incluye la determinación de llamar a comparecer a los comisionados para “conocer su trabajo”.

Tal situación ocurre después de que el 11 de noviembre, tras rendir un informe anual, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana denunciaron en rueda de prensa que interpusieron cinco juicios de amparo por la retención de 71% de sus salarios, medida ordenada por la Secretaría de la Función Pública del estado desde enero.

De los cinco integrantes del Comité Ciudadano, tres de ellos ganaron ya los amparos, pero hasta ahora sólo les han cubierto 29% de los salarios que legalmente tienen asignados.

Además, expusieron que el órgano se quedó sin sede para sesionar, pues la Secretaría Ejecutiva del SEA les negó el espacio que ocupaban en la calle 4 Poniente número 717 de esta ciudad.

En su informe, el órgano ciudadano también denunció que las instituciones que conforman el Comité Coordinador y el Órgano de Gobierno del SEA –formado por la Auditoría Superior del Estado, la Secretaría de la Función Pública, la Fiscalía Especializada Anticorrupción y otros– tienen paralizada la política anticorrupción en la entidad, pese a contar con más de 410 millones de pesos de presupuesto.

Por su parte, Barbosa Huerta ha acusado a los integrantes del órgano autónomo de no desquitar sus sueldos, y ha dicho que está compuesto por personas ligadas al “morenovallismo puro”.

En junio, el Comité --respaldado por más de 50 organizaciones civiles, organismos empresariales y medios de comunicación-- pidió al gobernador transparentar el manejo de recursos para atender la pandemia de covid-19. De igual manera, envió una solicitud de información en la que pidió precisar 29 rubros sobre la atención que ha dado el gobierno a la crisis sanitaria.

La organización Puebla Contra la Corrupción y la Impunidad (PCCI) emitió un comunicado el 14 de noviembre, en el que exigió a Barbosa fortalecer el SEAS y dejar de hostigar a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana.

“La denuncia que hacen los ciudadanos en el Informe sobre la obstaculización que sufre el buen funcionamiento del SEA deja en claro que las instituciones públicas que lo conforman parecen estar coludidas para que persista la impunidad y no se prevenga ni castigue la corrupción”, señaló PCCI.

Añadió: “En Puebla no existe la voluntad política del Comité Coordinador ni del gobierno del estado para combatir la corrupción ni la impunidad”.