CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, defendió públicamente la reforma judicial que fue aprobada por el Congreso de la Unión pese a las críticas de senadores de oposición y advirtió que durante su gestión habrá “cero tolerancia” a la corrupción dentro del Poder Judicial de la Federación (PJF).

Al rendir su segundo informe de labores ante el Pleno de la Corte y en presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, el ministro Zaldívar Lelo de Larrea destacó que este año el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) presentó seis denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra integrantes del poder judicial.

“De conformidad con la política de cero tolerancia, las diversas áreas encargadas de  la vigilancia y disciplina del Poder Judicial han continuado con la imposición de  sanciones, con la presentación de denuncias, y con el seguimiento de la evolución  patrimonial de las y los servidores públicos. Actualmente, existen seis carpetas de  investigación en trámite derivadas de denuncias presentadas por el Consejo, lo que  constituye una cifra inédita en el combate a la corrupción”, sentenció.

En este marco, advirtió que si el enriquecimiento de un servidor público es inadmisible cuando se vale del cargo para ello, es todavía más grave que eso suceda cuando se “vende la justicia”, por lo que el Consejo de la Judicatura seguirá revisando el patrimonio de los jueces y magistrados federales.

“Las y los juzgadores federales deben tener un patrimonio que responda  estrictamente a los ingresos comprobables derivados de su función jurisdiccional.  El seguimiento a la evolución patrimonial seguirá siendo una herramienta central en  nuestra lucha sin tregua contra quienes con sus conductas deshonestas y corruptas  traicionan la confianza de la ciudadanía. Sí es inadmisible el enriquecimiento  personal mediante el ejercicio del servicio público, es todavía más grave, cuando se  obtiene vendiendo la justicia”, manifestó.

Dijo que a diferencia de administraciones anteriores, como presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura no ha ocultado casos de corrupción, y por el contrario, destacó que su gestión actuó contra dos altos funcionarios de la Judicatura involucrados en hechos ilícitos.

“El combate contra la corrupción seguirá siendo prioridad de esta administración.  Hemos logrado avances importantes, pero aún falta mucho por hacer. El reto es  enorme, no es tarea fácil: se requiere voluntad, decisión y tiempo, sobre todo  cuando hasta hace poco, la corrupción era un concepto vedado al interior de la  Institución; hoy, la visibilizamos y la combatimos, porque es lo que exige la sociedad”, advirtió.

Aunque no los identificó por su nombre, se trata del ex director del Instituto de la Judicatura Federal, Salvador Reyes Mondragón, acusado de estar involucrado en la venta de exámenes en un concurso de oposición para jueces federales, y del ex director General de Inmuebles y Mantenimiento del Consejo, Francisco Javier Pérez Maqueda, a quien se le encontraron 3 millones 491 mil pesos dentro del vehículo oficial que tenía asignado por su cargo.

Ambos fueron designados por el anterior presidente de la Suprema Corte, Luis María Aguilar Morales, único integrante del Pleno que estuvo ausente en la sesión solemne. Oficialmente, se informó que el ministro Aguilar Morales tuvo contacto con una persona enferma de covid-19, por lo que entró en aislamiento y está a la espera de los resultados de una prueba para descartar que se haya contagiado.

En este marco, refrendó la decisión de seguir combatiendo el nepotismo y el acoso sexual dentro del poder judicial con diversas medidas, entre ellas la emisión de acuerdos generales y el funcionamiento de la Escuela  Judicial.

“Así, se prohíben todos los esquemas de contratación basados en  consideraciones distintas al mérito y a la capacidad y se consolida la carrera judicial  como eje rector de acceso y ascenso a todos los cargos jurisdiccionales; se crea un  padrón electrónico de relaciones familiares, así como un Comité de Integridad,  encargado de brindar opinión sobre nombramientos que pudieran actualizar  supuestos de nepotismo o de conflictos de interés”, explicó.

Además, el ministro Zaldívar destacó que la consolidación del Instituto Federal de Defensoría Pública con la creación de una delegación por cada entidad federativa y la ampliación de intérpretes a más de 40 lenguas originarias de nuestro país.

Sobre la pandemia, destacó la digitalización de servicios que permiten la presentación y el seguimiento de denuncias en línea, la emisión de 25 mil firmas electrónicas para presentar escritos jurídicos y los ahorros de más de 700 millones de pesos con la implementación de procesos en línea que agilizan la justicia y protegen al personal de la pandemia que se vive en el mundo.

“No nos detuvo la pandemia. No nos han detenido las resistencias. Seguiremos  adelante, trabajando sin descanso para consolidar los cambios ya logrados; para  alcanzar una justicia cercana, real, sustantiva y tangible, con el único propósito de  servir mejor al pueblo de México”, concluyó su mensaje.

Durante la sesión solemne del Pleno de la Corte, el presidente López Obrador estuvo acompañado por la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; el Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval; el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo; el Consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer García; y el director General del Centro Nacional de Inteligencia, Audomaro Martínez Zapata, entre otros.