CAMPECHE, Camp. (apro).- Por su lucha comunitaria en defensa del territorio, la cultura ancestral, la salud pública y el ambiente sano en la región maya de Los Chenes, Campeche, la apicultora Leydy Aracely Pech Martín recibió este lunes el Premio Goldman.

“Lo que estamos defendiendo es la vida”, destaca en entrevista la galardonada, quien asegura que el premio entraña una enorme responsabilidad, pero también permitirá visibilizar el problema ambiental y de salud que aqueja a su municipio, Hopelchén, así como el avasallamiento a los derechos de los pueblos indígenas.

Instituido por la Fundación Goldman en 1990, el Premio Ambiental Goldman, equiparable en su ramo al Nobel, es la máxima presea internacional con que se reconoce anualmente los esfuerzos, logros y liderazgo de activistas “de base” que, aun a riesgo de sus vidas, luchan por el medio ambiente.

“El Premio Goldman amplifica las voces de estos líderes de base y les proporciona: reconocimiento internacional que potencia su credibilidad, visibilidad mundial de los problemas que defienden, apoyo financiero para perseguir su visión de un medio ambiente renovado y protegido”, explica la Fundación Goldman en su sitio web.

Oriunda de la pequeña localidad de Ich-Ek, Leydy Pech, de 55 años de edad, inició su activismo hace 25, organizando el trabajo colectivo de las apicultoras mayas del municipio de Hopelchén, en afán de rescatar, proteger y preservar a las abejas nativas –en especial la melipona-- que están en riesgo de extinción, debido a la deforestación de selvas y montes de la región.

La defensa de sus abejas llevó a la ambientalista y a su colectivo de apicultoras a enfrentar una amenaza trasnacional: el gigante Monsanto que, en complicidad con las autoridades de los tres niveles de gobierno y comunidades menonitas, minó de cultivos de soya transgénica y bañó de pesticidas ese territorio maya.

“A finales de 2011 nos enteramos que la Unión Europea no compraría miel si contenía rastros de transgénicos, y en Hopelchén vivimos las familias mayas de la miel. La miel que se produce en la península es exportada a Europa. Eso nos preocupó porque cada año las familias campesinas esperamos la cosecha de miel, que es nuestro sostén, y si esto se ve amenazado tendremos grandes problemas”, apunta.

Dada la situación, comenzaron a informarse sobre lo que significaba la siembra de soya transgénica y los impactos positivos o negativos que pudiera tener en la región.

“En principio nos dijeron que llevaría empleo a la gente y resolvería problemas de pobreza”, comenta, y reprocha: “Eso hoy en día no lo vemos así, vemos transformada nuestra región en otra realidad, porque lo que miramos es que se desforestaron nuestros bosques, nuestros montes, se mueren nuestras abejas, se contaminó el agua que tomamos, tenemos problemas de salud porque todo el tiempo estamos expuestos a plaguicidas que se están esparciendo en el ambiente… tenemos más pobreza”.

En alianza con organizaciones nacionales y extranjeras que acompañan la causa, su lucha jurídica tomó causes internacionales, de manera que el caso fue expuesto en La Haya y ahora está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En los últimos años, las comunidades que Pech representa han defendido social y legalmente su territorio de diversos megaproyectos que alteran el patrimonio biocultural de esa región rica en biodiversidad y que, a pesar de colindar con la reserva de la biósfera de Calakmul, es la más deforestada de México.

Como vocera de las organizaciones mayas Muuch Kambal y Colectivo Apícola de Los Chenes, hoy Colectivo de Comunidades Mayas de Los Chenes, la galardonada ha llevado a tribunas internacionales su lucha contra Monsanto y el cultivo de transgénicos.

Dichas agrupaciones cobraron notoriedad por oponerse pública y legalmente a los permisos que en junio de 2012 otorgó a Monsanto la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), hoy Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

Tales permisos incluían la siembra, en fase comercial, de 235 mil 500 hectáreas de soya genéticamente modificada, en perjuicio del medioambiente del territorio maya, sus especies y de la salud de sus pobladores.

Representantes de esas comunidades promovieron diversos juicios de amparo ante juzgados federales, pues los permisos a Monsanto vulneraron sus derechos como pueblos indígenas, tales como: derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre, informado y culturalmente adecuado; al territorio; a la libre-determinación, y a un ambiente sano.

Los casos llegaron en última instancia hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que en noviembre de 2015 ratificó la decisión tomada por los Juzgados de Distrito, reconoció la violación al derecho a la consulta y ordenó la suspensión de los permisos otorgados a la trasnacional, hasta efectuarse la consulta previa que la ley obliga.

El trabajo organizativo del Colectivo de Comunidades Mayas de Los Chenes parte de la defensa de la apicultura como práctica histórica y tradicional del pueblo maya y medio de subsistencia sustentable.

En particular, destacan sus esfuerzos por la conservación de las abejas nativas, para lo cual han denunciado y documentado los efectos nocivos que la deforestación, el impulso de monocultivos y el uso indiscriminado de plaguicidas y agrotóxicos, como el glifosato, causan no sólo a la apicultura, sino también a la salud, el suelo, el agua y el ambiente de las comunidades mayas de Hopelchén.

Las denuncias también evidenciaron la carencia de medidas de bioseguridad para salvaguardar el medio ambiente, de modo que el pasado 18 de agosto la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa revocó el permiso otorgado a Monsanto para la liberación de soya transgénica.

Pero, pese a los logros judiciales, la siembra ilícita de semillas transgénicas en Hopelchén no cesa.

“Hoy día se sigue sembrando soya de manera ilegal. Llevamos dos revocaciones del permiso, uno de Senasica (Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria), y en agosto el Tribunal de Justicia Administrativa volvió a revocar el permiso a Monsanto y reconoció que se violó el principio precautorio. Es decir que no se le puede dar ningún otro permiso hasta que demuestre que no causa daños.

“Con dos revocaciones, una sentencia y el caso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se sigue sembrando en la ilegalidad, con todo lo asociado a esta siembra: fumigación aérea, pistas clandestinas, deforestación… muchas cosas que están pasando asociadas a la soya transgénica también en el marco de la ilegalidad, de impunidad, y violación a nuestros derechos”, denuncia Leydy Aracely Pech Martín.