TOLUCA, Edomex (apro).- Por la red de corrupción en el Poder Judicial (PJ) del Estado de México, develada hace unas semanas, este lunes fue sentenciada a prisión y destituida de manera definitiva Verónica “N”, quien se desempeñaba como notificadora y realizaba diligencias de forma selectiva.

A la servidora judicial se le atribuyó el delito de abuso de autoridad en agravio de la administración pública estatal, responsabilidad que ella misma reconoció.

No obstante, la pena de prisión le fue disminuida hasta en una mitad, al sujetarse al procedimiento abreviado, si bien el PJ estatal no especificó la temporalidad.

Las indagatorias arrojaron que la notificadora del Juzgado Séptimo Familiar del Distrito Judicial de Ecatepec realizaba diligencias selectivas y falsas, según el pago que hacían los litigantes.

De acuerdo con una información oficial anterior, Verónica “N” dirigía una red de corrupción en los juzgados de Coacalco y, con el objetivo de allegarse de recursos para probarlo, un juez federal otorgó al Ministerio Público autorización para extraer información telefónica del móvil de la notificadora.

En audiencia pública, tras aceptar la comisión del hecho delictuoso, Verónica “N” optó por el procedimiento abreviado, mediante el cual la pena impuesta puede ser disminuida hasta en una mitad.

Como parte de la sentencia, la servidora judicial quedó inhabilitada para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público. 

Al dictarse el fallo condenatorio, las partes involucradas se mostraron conformes, por lo que renunciaron a su derecho de apelar. La determinación queda firme, dado que el caso se considera cosa juzgada. 

El pasado 19 de octubre el Poder Judicial estatal informó que detectó un par de redes de corrupción dedicadas a la venta de sentencias y notificaciones selectivas.

En el primer caso fue detenido y vinculado a proceso José “N”, un exservidor judicial que se desempeñaba en un juzgado de control, cesado del cargo en 2017 por pérdida de confianza, por su probable participación en el delito de extorsión.

Según las investigaciones, este hombre establecía comunicación con los litigantes para obtener sentencias favorables a cambio de 50 mil pesos, con apoyo de una servidora judicial que ya fue detectada y cuyo seguimiento quedó pendiente.