CIUDAD DE MÉXICO (aprro).- Luego de meses de restricciones con distintos grados de intensidad, el covid-19 fuera de control y otro pico de contagio a la vuelta de la esquina, la amenaza de que aumente la delincuencia es inminente, según la organización International Crisis Group (ICG).

En un estudio, la organización no gubernamental (ONG), cuya misión es prevenir y resolver conflictos letales en todo el mundo, menciona al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que considera “el grupo criminal con más fuerza” y –subraya-- ha mostrado sus dientes durante la pandemia en luchas por el control de mercados ilícitos como el narcotráfico y el cobro de “impuestos” a los productos primarios legales en México. 

Además, añade, ha mostrado su poder paramilitar en los medios de comunicación, pues un sinnúmero de grupos criminales ha manifestado ser los “salvadores” de la población local, en un intento por ampliar su base de apoyo. Así, durante el brote del coronavirus se han presentado como los benefactores de las comunidades que están bajo medidas de aislamiento, repartiendo paquetes de alimentos y perdonando pagos por protección.

El informe de ICG analiza cómo el crimen organizado en México y en el Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras) ha mutado para prosperar en las circunstancias generadas por el covid-19. Dicho análisis es parte del trabajo de Crisis Group sobre el impacto del nuevo coronavirus en la región, así como los factores que vinculan a la violencia criminal, las políticas estatales y las dificultades socioeconómicas en toda América Latina.
    
Puntualiza que México ocupa el cuarto lugar en número de fatalidades reportadas oficialmente a nivel mundial, con más de 90 mil, mientras que las tasas de contagio en el norte de Centroamérica se ubican en el promedio latinoamericano. No obstante, los cuatro países enfrentan actualmente una de las contracciones económicas más severas en décadas. 

De acuerdo con la ONG, para este año se prevén caídas en el Producto Interno Bruto (PIB) cercanas a 10% en el caso de México y El Salvador, y se espera que éstas vengan acompañadas de un marcado incremento en el desempleo de toda la región, lo que revertirá los avances en la reducción de la desigualdad y la pobreza, debilitará los servicios públicos en las zonas pobres, intensificará las rivalidades criminales y hará más propensos a los funcionarios públicos a involucrarse en negocios ilícitos.

Asimismo, la política de seguridad estatal enfrentará ahora mayores obstáculos a medida que se reduzcan los presupuestos. Sin embargo, al enfrentar estos desafíos, los gobiernos pueden evitar los errores del pasado.

Lejos de reducir la violencia, añade, las operaciones militares han fragmentado a los grupos criminales, exponiendo a las comunidades a una mayor intimidación y desplazamiento forzado, y los fondos de emergencia deberían destinarse para satisfacer las necesidades de las personas más expuestas a la pandemia y sus consecuencias, incluidos los picos de violencia.
    
En los cuatro países, el Estado ha demostrado ser incapaz de detener la corrupción oficial y la complicidad de las fuerzas de seguridad en actividades ilícitas, o de prevenir la erosión de su legitimidad en áreas afectadas por el crimen. 

Antes de la pandemia hubo una variación significativa en los patrones delictivos, con tendencias positivas en Guatemala y El Salvador que contrastan con las adversas en Honduras y México, sostiene el informe.

Entre los efectos de la pandemia sobre las actividades ilícitas destaca la desaceleración de las actividades económicas ilegales en los cuatro países, pero los grupos criminales pronto se recuperaron.

Algunas de estas interrupciones comerciales resultaron ser breves: a finales de mayo, las importaciones a México de precursores químicos estaban “fluyendo muy bien nuevamente”, según un operador de alto nivel que trabaja con el CJNG y otros grupos criminales mexicanos”.

En México las redes delictivas se han ido alejando de la dependencia del tráfico de drogas en los últimos 15 años, expandiéndose a otros negocios ilícitos. Una de las áreas de crecimiento más lucrativas ha sido la de “gravar” las economías lícitas mediante la extorsión, menciona el estudio. 

En el centro del país, los grupos criminales se han enfocado en extraer pagos del sector agrícola, como las industrias de aguacate, limón y bayas en Michoacán y Jalisco. La extorsión, que afecta a empresas de todo tamaño, ha sido crucial para generar ingresos en áreas donde la protección estatal es inexistente o deficiente. Según el Banco de México, una de cada 14 empresas en todo el país fue víctima de extorsiones en 2019, y la tasa aumenta a una de cada cinco en ciertas regiones.

El aumento en los precios de las materias primas también significa que la minería se ha convertido en una fuente más atractiva de ingresos por extorsión. El precio del oro, que se ha disparado durante la pandemia debido a un flujo de inversión global hacia activos confiables, hará que el metal sea aún más codiciado por los grupos criminales rivales. 

Las organizaciones delincuenciales mexicanas también se han seguido beneficiando de otros mercados ilícitos menos afectados por los cierres, como el tráfico de vida silvestre. La capacidad de adaptarse rápidamente a las condiciones cambiantes y de encontrar fuentes de ingresos alternativas, combinada con los altos niveles de impunidad judicial y colusión estatal, explican la resiliencia operativa de muchos grupos. 

Y es que no sólo han absorbido los choques económicos de la era del covid-19 sino que también han aprovechado los confinamientos para su beneficio, y en algunas áreas están utilizando la pandemia para reforzar su control sobre el territorio y las personas que allí viven.
    
También han hecho demostraciones de benevolencia al repartir paquetes de alimentos básicos. Las entregas, que los grupos criminales publicitan en redes sociales, tienen como objetivo generar una mayor dependencia de comunidades particulares y comprar su lealtad frente a fuerzas estatales y grupos no estatales hostiles.

El estudio precisa que los llamados grupos de autodefensa en Guerrero han actuado de manera similar a través de la estrategia de conquistar los “corazones y las mentes” con fin electoral, como un medio para que los ciudadanos voten por sus candidatos o partidos en las próximas elecciones, con la idea de que una vez en el cargo, estos políticos les paguen el favor permitiéndoles operar con impunidad. 

El jefe de plaza de un grupo dijo que había “instruido” al gobierno local para que estableciera un banco de alimentos para que su grupo lo usara para repartir ayudas. En algunos casos, sin embargo, los paquetes de alimentos distribuidos por bandas criminales en México fueron robados de empresas legales o financiados mediante una mayor extorsión a empresas locales, según observadores con conocimiento directo.
    
El documento menciona el ataque del que fue objeto el secretario de seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, por parte del CJNG, y el video viral en el que aparece un convoy de su unidad de “fuerzas especiales”.

Pero, a pesar de las circunstancias generadas por el covid-19, el mundo criminal está lejos de estar unido. Ningún grupo ha demostrado ser capaz de dominar por sí solo alguna parte del hiper fragmentado panorama criminal mexicano que, según el estudio de Crisis Group, cuenta con no menos de 198 grupos armados activos. 

Durante la pandemia de covid-19, en México los altos niveles de conflicto armado han persistido, con tasas de homicidios en 2020 similares y posiblemente más altas que las de 2017 y 2018, este último con la tasa más alta registrada. 

En respuesta a la violencia del crimen organizado, para la ONG han sido fallidas las políticas por parte de los gobiernos. Puntualiza: el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho de los programas sociales y económicos el eje de sus esfuerzos para combatir la inseguridad desde sus raíces, pero persisten las dudas sobre la eficacia de estas iniciativas y su utilidad como respuesta a las consecuencias económicas de la pandemia. 

Al mismo tiempo, el gobierno mexicano se ha vuelto más dependiente de instituciones de seguridad altamente militarizadas, incluida la recién creada Guardia Nacional, “una fuerza policial que es civil sólo en el papel” y se configura como un instrumento para combatir al crimen organizado. “Mientras continúen estas políticas, existe el riesgo de que los grupos criminales se fragmenten aún más mientras se intensifica la competencia violenta por los ingresos ilícitos”.

Señala que durante la presidencia de López Obrador los esfuerzos contra individuos sospechosos de corrupción han aumentado, pero advierte que no hay indicios de que el gobierno planee reforzar los intentos de las anteriores administraciones mexicanas para construir un sistema general anticorrupción.