El impacto de las decisiones económicas del presidente López Obrador, su gabinete y las bancadas legislativas de su partido propagó un clima de incertidumbre en los mercados. Pero también sembró inquietud en otros niveles de gobierno y organismos que dependen del presupuesto federal, ya que ni siquiera los integrantes de la Comisión de Presupuesto en San Lázaro tienen pistas de cómo se cocina en Hacienda el paquete económico 2019. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Agencias calificadoras, grupos financieros nacionales y extranjeros, especialistas macroeconómicos, fondos de inversión globales, tenedores de valores del gobierno mexicano –de aquí y de todo el mundo–, la Bolsa Mexicana de Valores y los mercados bursátiles de otros países donde cotizan empresas mexicanas, medios informativos especializados y todos aquellos agentes económicos que, en conjunto, eufemísticamente se denomina como “los mercados” o “el mercado”, tienen bajo la lupa al gobierno mexicano. Esperan con ansias y preocupación que el gobierno federal presente el paquete económico para 2019 con sus documentos básicos: Criterios Generales de Política Económica, que incluye el Marco Macroeconómico, con las grandes variables macroeconómicas; así como la Iniciativa de Ley de Ingresos, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y la Miscelánea Fiscal. El límite para entregarlos al Congreso es el sábado 15. También hay inquietud entre gobernadores, alcaldes, rectores de universidades públicas, organizaciones civiles y académicas, y en aquellos que durante semanas han hecho largas filas ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para entregar sus necesidades y peticiones presupuestales. En el primer grupo la preocupación reside en que, primero como presidente electo y luego como presidente constitucional, Andrés Manuel López Obrador ha tomado medidas –junto con sus bancadas mayoritarias en el Senado y la Cámara de Diputados– y hecho declaraciones y propuestas de política pública que han dañado varios de los principales indicadores macroeconómicos, como el tipo de cambio, que se ha mostrado en extremo volátil y propiciado continuas depreciaciones del peso. Ello ha empujado al alza las tasas de interés, con lo que a su vez se encarece el costo del dinero y se frena el crecimiento económico… A su vez, gobernadores y alcaldes intuyen una menor recaudación federal participable, es decir, que la federación les entregará menores recursos el próximo año. Y es que, por ejemplo, López Obrador ha reiterado que bajará en la frontera norte la tasa del Impuesto al Valor Agregado del 16% al 8% y la tasa del Impuesto Sobre la Renta al 20%, lo que significará una reducción en la recaudación cercana a 80 mil millones de pesos. También les genera incertidumbre que López Obrador, ya presidente constitucional, siga haciendo propuestas de política pública que presuponen un gasto para el que no hay margen o que implicarían reducciones presupuestales dramáticas en otros sectores. Ejemplos: la construcción de 100 universidades tan sólo en el próximo año –se pensaba que iba a hacerse eso a lo largo del sexenio– o la creación, en tres años, de un sistema de salud totalmente gratuito para todos los habitantes del país, muy similar –dijo en el Zócalo capitalino después de su toma de posesión– al de Canadá y los países nórdicos. Pero, según especialistas, no hay de dónde salgan recursos para eso, ni duplicando la recaudación tributaria. Esas nuevas propuestas de AMLO, más las que hizo en campaña y como presidente electo, han dificultado la confección del programa económico del próximo año, en particular el Presupuesto de Egresos. (Fragmento del reportaje especial publicado en Proceso 2197, ya en circulación)