GINEBRA (apro) .- Crímenes de lesa humanidad han sido y se siguen perpetrando en Nicaragua, bajo el mando del presidente Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, quienes bien podrían enfrentar a la justicia internacional si la comunidad internacional se une en esta encomienda, afirmaron expertos al presentar un informe, en la sede de Naciones Unidas en Ginebra, sobre graves violaciones de derechos humanos en el país centroamericano. 

Según la ONU, el Gobierno de Nicaragua ha desmantelado los últimos controles que existían sobre su poder, “ejecutando sistemáticamente una estrategia autoritaria mediante la comisión de graves violaciones de derechos humanos”, advirtieron hoy en rueda de prensa los expertos de la ONU en el nuevo informe. 

Los expertos instaron a la comunidad internacional a tomar medidas decisivas para abordar estas violaciones, como referir el caso a la Corte Internacional de Justicia, imponer sanciones a la esfera de mando incluyendo los Ortega-Murillo, escalar el caso a la Asamblea General, entre otras medidas. 

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua concluyó que el régimen del presidente y de la vicepresidenta “ha transformado deliberadamente al país en un Estado autoritario, donde no quedan instituciones independientes, las voces disidentes son silenciadas y la población –tanto dentro como fuera de Nicaragua– enfrenta persecución, exilio forzado y represalias económicas”. 

"Desde 2018, Ortega y Murillo han afianzado progresivamente su control total", acusó Jan Simon, presidente del Grupo de Expertos. 

"En el último año, el Estado y el partido gobernante (FSLN) prácticamente se han fusionado en una maquinaria unificada de represión con impacto dentro y fuera de Nicaragua. Ortega y Murillo operan una extensa red de inteligencia que supervisa a toda la población e identifica objetivos para la persecución, proveyendo “los ojos y oídos” que permiten obtener y mantener control total sobre las personas”. 

El informe señala que una reforma constitucional de gran alcance, que entró en vigor el 18 de febrero, representó “un golpe final al Estado de derecho”. Dicha reforma eliminó los pocos controles institucionales que quedaban, creando un poder ejecutivo con dominio absoluto. Esta reforma redujo efectivamente los poderes judicial, legislativo y electoral a meros "órganos" a ser “coordinados” por la presidencia. 

Basado en testimonios de varios testigos, entrevistados en el exterior y cientos de documentos, el informe detalla cómo Ortega y Murillo controlan un vasto aparato de actores estatales y paraestatales, incluyendo fuerzas de seguridad, agencias de inteligencia y el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que operan en conjunto para violar derechos y silenciar a la oposición en una cadena de mando de arriba hacia abajo. 

Por primera vez, los expertos también lograron concluir que “el ejército nicaragüense, a pesar de sus negativas, participó junto con la policía y grupos paramilitares en la violenta represión contra las masivas protestas de 2018, que dejaron más de 300 muertos’’. 

El gobierno, consideran los expertos, “ha intensificado el uso de detenciones arbitrarias, privación arbitraria de nacionalidad y expulsiones forzadas, apuntando contra cualquier persona percibida como una amenaza.  

En septiembre de 2024, 135 presos políticos fueron expulsados a Guatemala y despojados de su nacionalidad, sumando un total de 452 nicaragüenses que han sido arbitrariamente desnacionalizados. En los últimos meses, las autoridades también han incrementado la confiscación de propiedades privadas”. 

"Estamos viendo la represión sistemática de cualquiera que se atreva a desafiar el control de Ortega y Murillo. Este es un gobierno en guerra contra su propio pueblo", dijo Ariela Peralta, miembro del Grupo de Expertos. 

Según Brody, presidente de la misión de investigación, “más allá de que sean sistemáticas y generalizadas, las graves violaciones de derechos humanos son sistémicas”.   

Los expertos enfatizaron que “algunas de las violaciones identificadas en este informe siguen patrones previamente establecidos como crímenes de lesa humanidad, particularmente la persecución por motivos políticos”. 

Como parte de su investigación, el Grupo recopiló una lista de personas –además de Ortega y Murillo– que podrían ser responsables de estas violaciones y crímenes. Estos nombres serán transmitidos al Gobierno de Nicaragua y a los individuos involucrados, y se harán públicos antes de la conclusión de la actual sesión del Consejo de Derechos Humanos el 4 de abril, una vez que hayan tenido la oportunidad de responder. 

El informe instó a la comunidad internacional a tomar medidas decisivas, advirtiendo que “la inacción solo fortalecerá al régimen y prolongará el sufrimiento del pueblo nicaragüense”.  

Igualmente, los expertos hicieron un llamado a que se brinde mayor apoyo a la sociedad civil nicaragüense, incluyendo medios de comunicación independientes y organizaciones que documentan violaciones de derechos humanos. 

El informe también recomendó emprender acciones legales contra Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia por violaciones a la Convención contra la Tortura y la Convención para Reducir los Casos de Apatridia, así como ampliar las sanciones específicas contra los responsables de la represión. 

Asimismo, los expertos subrayaron la necesidad de medidas urgentes para proteger a los nicaragüenses que han sido despojados de su nacionalidad o forzados al exilio: 

“Los gobiernos deberían garantizar procesos de asilo rápidos y justos, facilitar los procedimientos administrativos para estudiantes y reconocer títulos de profesionales exiliados, y tomar medidas proactivas para contrarrestar la represión transnacional’’, tal como ha hecho España. 

También instaron a que estos hallazgos sean incorporados en decisiones económicas internacionales clave, incluyendo evaluaciones del Fondo Monetario Internacional sobre la gobernanza financiera de Nicaragua y acuerdos comerciales preferenciales. 

"Nicaragua se ha convertido en un lugar de vigilancia y silencio impuesto para quienes permanecen, mientras que aquellos que se atreven a resistir, o que simplemente son percibidos como disidentes, enfrentan una vida de apatridia y exilio," recalcó Reed Brody, miembro del Grupo de Expertos. 

"La comunidad internacional no puede limitarse a ser testigo, sino que debe tomar medidas concretas y urgentes –acciones legales, procesos judiciales y sanciones específicas– para hacer que el gobierno y los responsables individuales rindan cuentas", remató el informe.