CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Países completos, como México, considerados en documentos estadounidenses "instalaciones" migratorias para deportados. Familias asiáticas trasladadas en avión a Panamá y Costa Rica a la espera de ser repatriadas. Venezolanos procedentes de la base de Guantánamo en Cuba que cambian de avión en un aeropuerto hondureño para ser devueltos a Caracas.

Estas escenas envían un mensaje inequívoco: quien cruce irregularmente la frontera estadunidense será expulsado y son parte de las bases sentadas por la administración de Donald Trump para organizar el flujo migratorio en dirección inversa —es decir, de Norte a Sur—. Con cifras todavía modestas, esboza cómo Estados Unidos quiere resolver su limitada capacidad de detención migratoria y poner en marcha su maquinaria de deportaciones.

En su primer mes la administración Trump ha hecho acuerdos migratorios —de mayor o menor calado— con México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá para que actúen como países "puente" o destino de migrantes expulsados de territorio estadounidense.

Además, ha enviado a migrantes a la prisión de Guantánamo, ha tenido contactos con Venezuela para que recoja a sus nacionales en Texas o en Honduras y también ha mantenido conversaciones con Colombia.

Sin embargo, no se ha divulgado ningún acuerdo escrito, lo que ha suscitado enormes preocupaciones entre organizaciones de defensa de los derechos humanos que denuncian formas de actuar de cuestionada legalidad, como las "deportaciones en cadena", que no garantizan las necesidades de protección establecidas en las convenciones internacionales.

“Apretones de mano”

Adam Isacson, investigador de WOLA, una organización no gubernamental con sede en Washington, cree que muy probablemente sólo haya habido "apretones de mano" y cierta improvisación entre altos funcionarios mientras lo pactado se mantiene lejos del escrutinio público.

Parte de estos acuerdos se ha logrado mientras se ejercían fuertes amenazas como la imposición de aranceles, en el caso mexicano, o presiones para reducir los costos de tránsito y la influencia china en el Canal de Panamá. Otros se cerraron por afinidades o intereses políticos.

Además, estos acuerdos han tenido lugar en medio de un gran recorte de fondos estadounidenses a los países de la región y del dinero que reciben agencias de la Naciones Unidas y organizaciones civiles que velan por los derechos de los migrantes.

En su primera administración, Trump logró que México, Guatemala y Honduras reforzaran su seguridad para contener el flujo de migrantes hacia el norte —el gobierno mexicano incluso militarizó su política migratoria — y llegó a acuerdos con esos tres países y El Salvador para que recibieran a solicitantes de asilo, aunque sólo se concretaron en el caso de Guatemala y México, que recibió a más de 70 mil, muchos de los cuales acabaron retornando a sus países.

En esta segunda presidencia de Trump, con diálogos liderados por el secretario de Estado Marco Rubio, la fiscal general y la secretaria de Seguridad Interior —según dijo el propio Rubio—, la envergadura de lo pactado es muy variada.

En algunos casos, como anunció el gobierno hondureño la semana pasada, puede tratarse sólo de permitir que migrantes venezolanos cambien de un avión estadunidense a uno venezolano en su territorio. En otros, como publicitó El Salvador durante la visita de Rubio, se abre la posibilidad de que las cárceles salvadoreñas alojen no sólo a presuntos criminales extranjeros sino también a migrantes.

"Ahora están siendo mucho más ambiciosos", dijo el experto de WOLA. "La idea de enviar a personas para ser almacenadas como bienes, para deportarlas a terceros países no era un tema" en la primera presidencia de Trump, denunció Isacson.

Un mensaje contundente

Las cifras de esta nueva estrategia todavía no son grandes pero toda la parafernalia de los operativos —videos de deportados encadenados divulgados por la Casa Blanca— y el simbolismo de la escenas tras algunos traslados —por ejemplo, la de migrantes pidiendo ayuda desde las ventanas de un hotel de Panamá— manda un mensaje contundente de cómo la realidad del continente está cambiando.

Según Isacson, "estamos en la fase preliminar" de la política de deportaciones de Trump, porque el gobierno todavía no ha aprobado el presupuesto para 2025. "Mientras están en ese nivel más bajo de recursos están haciendo toda la política de conmoción y pavor (shock and awe) posible", indicó. "La idea es espantar" a los migrantes.

El resultado ha sido un cambio de dirección del flujo migratorio más visible —los deportados o los que se embarcan por su cuenta desde Panamá hacia Sudamérica en lugar de cruzar México o concentrarse en la frontera estadounidense—, y una merma en las garantías de protección de los migrantes.

En un mes México ha recibido más de 3 mil 300 extranjeros devueltos desde Estados Unidos. Según los colectivos civiles de atención a los migrantes, eran ciudadanos de, al menos, siete países —Venezuela, Haití, Nicaragua, Cuba, Guatemala, El Salvador y Honduras—.

Varios de ellos llevaban documentos en los que se leía "Motivo del traslado: expulsión. Nombre de la nueva instalación (migratoria): MÉXICO".

Estos papeles son, según los expertos, totalmente inusuales y atípicos y nada tienen que ver con la propuesta estadounidense de reactivar el programa para que los solicitantes de asilo en Estados Unidos esperen su cita con las cortes en territorio mexicano, algo que todavía no ha pasado, según explicó el IMUMI, una de las principales organizaciones no gubernamentales mexicanas de defensa de los migrantes.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum se ha jactado del buen entendimiento con Estados Unidos en el tema migratorio y el Departamento de Estado celebró "la recepción de vuelos de deportación al sur de México y la repatriación de migrantes ilegales a sus países de origen". Pero México no ha ofrecido más detalles de esos retornos.

El impacto en Centroamérica

Más al sur, los números han sido menores pero el impacto de los traslados ha sido mayor.

Varios cientos de migrantes de una docena de países asiáticos —algunos con situaciones tan complicadas como Irán o Afganistán— y todos procedentes de Estados Unidos llegaron la semana pasada al sur de Centroamérica.

Panamá, un país por el que en 2023 cruzaron más de 500 mil migrantes hacia el norte, recibió a casi 300 que fueron albergados en un céntrico hotel de la capital. Algunos de ellos mostraron impactantes carteles a través de las ventanas del hotel pidiendo ayuda y que no los devolvieran a sus países de origen.

Los que no quisieron regresar fueron enviados a un campamento remoto de la selva del Darién, la misma que probablemente muchos habían cruzado en la otra dirección. Cuál será su destino ahora, no está claro. Una deportada en el campamento dijo a The Associated Press que no les informaron de sus derechos ni de cuánto tiempo permanecerían allí, lo que la preocupó debido a sus malas condiciones.

Vuelos similares aterrizaron en Costa Rica. Los migrantes fueron enviados a un campamento remoto que anteriormente también había alojado a migrantes que se dirigían al norte.

Además de los traslados oficiales, cada día se están moviendo hacia el sur entre 50 y 75 migrantes que quieren volver a sus países, según datos ofrecidos a AP por el viceministro de Interior costarricense, Omer Badilla.

El funcionario planteó la posibilidad de que Panamá y Colombia se involucren en la organización de viajes en barco desde el país centroamericano al sudamericano, pero ninguno de los gobiernos ha confirmado públicamente su participación.

Panamá y Costa Rica están intentando ingeniárselas para gestionar ese flujo de retorno insistiendo en que respetan los derechos humanos de todas las personas, que cuentan con el apoyo de agencias de Naciones Unidas y que el gobierno estadounidense corre con los gastos.

Preocupación de ONG

En un breve mensaje a AP, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) indicó que trabaja con autoridades locales para ofrecer "servicios básicos" a los migrantes con un trato digno y que facilita retornos voluntarios "cuando es seguro realizarlos" pero "no tiene participación directa en la detención o la restricción de movimiento de las personas".

"En el viejo flujo (de sur a norte) la situación está bastante bajo control", dijo el presidente panameño José Raúl Mulino. "Eso demuestra que ahora el problema viene en dirección contraria y esperamos que eso se pueda manejar de manera ordenada".

En este contexto, organizaciones civiles han expresado preocupación tanto porque no pueda garantizarse la protección internacional de los migrantes como por el hecho de que Estados Unidos esté utilizando a terceros para deportar a nacionales de países con los que no tiene relaciones —o son tensas— con el fin de esquivar las convenciones que impiden que las personas sean devueltas a lugares en los que están en peligro.

La directora de IMUMI, Gretchen Kuhner, puso como ejemplo que recientemente un vuelo que deportaba a venezolanos desde Estados Unidos hizo escala en Cancún pero su organización no pudo hablar directamente con los migrantes a bordo para saber si querían solicitar asilo en México.

Por el momento el objetivo de las organizaciones de derechos civiles es rastrear los traslados, acumular datos y denunciar cualquier abuso en los tribunales siempre que sea posible, algo que ya ha empezado a hacerse en Estados Unidos, explicó Kuhner.

Isacson, el investigador de WOLA, dijo que entre los venezolanos deportados a Caracas hay casos de desertores de las Fuerzas Armadas que quedarán en manos de la entidad de la huyeron, por no hablar de los disidentes iraníes que podrían enfrentar persecución o hasta pena de muerte en caso de regresar a sus países.

Los gobiernos de la región intentan conservar sus buenas relaciones con Trump sin parecer que apoyan su maquinaria de deportaciones. Por eso, Isacson insistió en que la transparencia en todas sus acciones podría protegerlos de esas críticas.

"Ruego a los gobiernos y los Estados que están involucrados en esto que sean lo más transparentes posibles, aunque a veces la información sobre lo que les está pasando sea un poco vergonzosa para ellos", afirmó.