CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Estados Unidos vive en 2025 el año con más ejecuciones en más de una década y Florida se ha colocado en el centro de ese repunte. Hasta el 5 de diciembre de 2025, al menos 44 personas habían sido ejecutadas en prisiones estadounidenses, según los recuentos elaborados a partir de los datos del Death Penalty Information Center (DPIC) y de autoridades estatales. De ese total, 17 ejecuciones corresponden a Florida, que este año rompió su propio récord histórico.

Los listados públicos sobre pena de muerte muestran que todavía hay cuatro ejecuciones más programadas para lo que resta de 2025, en Florida, Tennessee y Georgia. Si todas se llevan a cabo en las fechas previstas, el total nacional podría subir a 48 ejecuciones al cierre del año, mientras que Florida cerraría con 19 ejecuciones, consolidándose como el estado que más aplica la pena capital en el país.

Florida, epicentro del repunte

Informes y bases de datos especializadas coinciden en que Florida se ha convertido en el principal motor del aumento de ejecuciones de 2025. Con 17 ejecuciones ya realizadas, el estado superó con amplitud su marca previa de ocho ejecuciones en un año y fijó un nuevo récord propio, al tiempo que aporta por sí solo entre un tercio y cerca de 40 por ciento de todas las muertes por pena capital en Estados Unidos este año.

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Otros estados con pena de muerte activa, como Texas, Alabama, Luisiana, Carolina del Sur y Misisipi, han mantenido la aplicación de la pena capital, pero con cifras menores. Texas, por ejemplo, ha ejecutado a cinco personas en 2025, por debajo del ritmo que mantuvo en décadas anteriores, aunque sigue siendo el estado con más ejecuciones acumuladas desde que se restableció la pena de muerte en 1976.

Diversos análisis destacan que el mapa de las ejecuciones se concentra en el sur del país, mientras que varios estados del noreste y del oeste han abolido la pena de muerte o mantienen moratorias de facto que han frenado las ejecuciones durante años. Esta geografía desigual ha reforzado el debate sobre hasta qué punto la aplicación de la pena capital depende del lugar donde se comete el delito.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha firmado un número elevado de órdenes de ejecución en 2025 y ha defendido públicamente la pena de muerte como respuesta para delitos graves y como mecanismo para ofrecer cierre a las familias de las víctimas. Organizaciones de derechos civiles y grupos abolicionistas cuestionan el ritmo de ejecuciones y han acusado al gobierno estatal de utilizar el tema con fines políticos, algo que las autoridades niegan.

Récord nacional tras años a la baja

El repunte de 2025 rompe con la tendencia de la última década. Informes anuales sobre la pena de muerte señalan que en 2024 se registraron 25 ejecuciones en todo Estados Unidos y que durante diez años consecutivos la cifra se mantuvo por debajo de 30 casos anuales. El máximo reciente se ubicaba en 2012, cuando se documentaron 43 ejecuciones en un solo año.

La marca de al menos 44 ejecuciones en 2025 supera ese techo y convierte al año en el de mayor número de muertes en el corredor de la muerte desde entonces. No se trata de un incremento de nuevas sentencias, sino de la ejecución de condenas dictadas hace décadas que ahora llegan a su etapa final. Especialistas recuerdan que el número de personas nuevas condenadas a muerte se mantiene en niveles históricamente bajos, con alrededor de 30 sentencias capitales al año, frente a las más de 300 que se imponían en la década de 1990.

El repunte también ha estado marcado por cambios en los métodos de ejecución. Además de la inyección letal, algunos estados han retomado o introducido métodos como el pelotón de fusilamiento o la asfixia por nitrógeno, lo que ha generado críticas de organismos internacionales y renovadas discusiones sobre la constitucionalidad de ciertos procedimientos.

Esa combinación —pocas condenas nuevas y un aumento en el ritmo de ejecuciones— ha generado preocupación entre grupos abolicionistas, que señalan el riesgo de aplicar la pena máxima en un sistema en el que se han documentado errores judiciales, defensas inadecuadas y sesgos raciales. En varios estados con pena de muerte activa se han exonerado en años recientes a personas que pasaron largos periodos en el corredor de la muerte antes de probar su inocencia.

Cambios legales y debate político

En el caso de Florida, parte del repunte se explica por cambios legales recientes. En 2023 el estado modificó su legislación para permitir que un jurado recomiende la pena de muerte con una mayoría de 8 votos contra 4, sin necesidad de unanimidad, lo que redujo el umbral para imponer sentencias capitales y facilitó que casos antiguos avanzaran hacia la etapa de ejecución.

El incremento de ejecuciones en 2025 ha reactivado el debate nacional sobre la pena de muerte. Grupos que respaldan su uso sostienen que las ejecuciones ofrecen justicia en casos de homicidios especialmente graves y subrayan que las personas ejecutadas han agotado sus recursos de apelación durante años o décadas. Sus opositores afirman que la pena capital no ha demostrado un efecto disuasorio claro sobre el delito y que, además, mantiene una aplicación desigual entre estados y grupos de población.

Lo que viene para el cierre de 2025

Con corte al 5 de diciembre de 2025, quedan cuatro ejecuciones programadas en el calendario oficial:

• 9 de diciembre: Mark Allen Geralds, en Florida, por inyección letal.
• 11 de diciembre: Harold Wayne Nichols, en Tennessee.
• 17 de diciembre: Stacey Ian Humphreys, en Georgia.
• 18 de diciembre: Frank Walls, en Florida.

Como ocurre en estos casos, las fechas están sujetas a suspensiones de última hora, decisiones de cortes de apelación o intervenciones de los gobernadores. Sin embargo, si las cuatro ejecuciones se realizan tal y como están programadas, Estados Unidos cerrará 2025 con hasta 48 ejecuciones, el total anual más alto en más de una década, y Florida habrá sumado 19 ejecuciones, reforzando su papel como principal foco del repunte reciente de la pena capital en el país.