CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– A medida de que se acercan las elecciones presidenciales en Venezuela, que se realizarán el domingo 28 próximo, el asedio y bloqueo a los medios informativos digitales y organizaciones vinculadas a la defensa de derechos humanos arrecia. 

Apenas el 22 de julio último, la organización Conexión Segura y Libre, que cuenta con un programa de monitoreo denominado “VE sin filtro”, denunció que ese día se efectuaron bloqueos contra sitios de cuatro medios, una organización promotora de la libertad de expresión y contra el propio sitio del programa de monitoreo.

“Después de 10 años denunciando la censura en internet y el bloqueo activo contra un centenar de sitios web, especialmente de medios de comunicación y de organizaciones no gubernamentales, este 22 de julio las principales operadoras bloquearon nuestro dominio vesinfiltro?com”, expuso la organización en un mensaje en redes sociales.

Por ello llamó a los observadores y misiones de acompañamiento presentes en Venezuela para las votaciones “a que tomen nota de cómo se está cerrando el espacio cívico a días de la elección presidencial” y recomendó a los ciudadanos que tomen medidas para ejercer sus derechos, instalando un VPN (red privada segura) de confianza.

“Resistamos la censura en internet y ejerzamos nuestros derechos”, planteó la organización, que dijo ofrecer a los usuarios su aplicación segura “Noticias sin filtro”. 

Lo que está ocurriendo, puntualizó, es una clara afectación, “especialmente grave en este contexto electoral. Es la ausencia de garantías para el ejercicio del derecho al voto y la participación de manera informada”. 

Estos bloqueos representan restricciones severas para que los ciudadanos puedan participar en el debate público, tener insumos para una participación informada, sobre todo frente a lo trascendente del proceso del 28 de julio.

“Denunciamos, además, de que se trata de bloqueos ilegales, arbitrarios, que violan el debido proceso, que representan una agresión que viola los derechos humanos contra estándares internacionales y de la propia Constitución”, expuso la organización.

Recordó que la Constitución venezolana garantiza el acceso a la información y la libertad de expresión aún en contextos de estados de emergencia. “Es uno de los pocos derechos que no puede ser suspendido bajo ninguna circunstancia”.

También denunció que los bloqueos se están realizando sin un proceso legal de por medio, además de que los afectados no han sido notificados previamente, por lo que no pueden defenderse. 

Censura que escala

El programa de monitoreo VE sin filtro está dedicado a la promoción de la seguridad en el ecosistema digital, monitoreo y documentación a cortes de internet, acceso a internet y los bloqueos o lo que se conoce como censura en internet.

A partir del periodo de campaña que inició el 4 de julio último, Conexión segura y libre ha documentado bloqueos en 12 sitios web, “la mayoría de medios de comunicación; en segundo lugar, organizaciones no gubernamentales, y en este caso dirigidas a promover el derecho a la información, la libre prensa y el derecho a la libertad de expresión”, dijo la organización a Proceso.

Mencionó un caso de bloqueo en un ISP (proveedor de servicios) de un operador que es Protón VPN, “que ha tenido la iniciativa de dejar el servicio gratuito en el contexto de las elecciones del próximo 28 de julio”.

El 20 de julio último, Protón VPN, con sede en Suiza, desbloqueó servidores para Venezuela. Sin embargo, otro proveedor privado bloqueó a Protón. 

En cuanto a los bloqueos efectuados el lunes 22, fueron documentados a los sitios de los medios Tal cual, El Estímulo, Analítica y Runrun.es. Este último ya tenía un bloqueo en otras dos operadoras, pero el lunes fue bloqueado en un tercer prestador de servicios de internet.

Ese mismo día se registró un bloqueo a la organización Medianálisis, que promueve derechos como la libertad de expresión, así como la investigación en materia de comunicación. 

Y vino el bloqueo al propio sitio de VE sin filtro.   

Según expuso la organización, estos bloqueos comenzaron a ocurrir a las 12 del mediodía, en hora de Venezuela. 

Para tener elecciones realmente libres se necesitan garantías para los derechos humanos, siendo la libertad de expresión, información y opinión unos de los más importantes. 

Calificó esto como una escalada gravísima en la violación a los derechos de información y libertad de expresión, pero también a la participación en el contexto electoral. 

El programa de monitoreo ha documentado bloqueos activos a un total de 60 medios de comunicacióny nueve organizaciones vinculadas a la defensa o promoción de derechos humanos en el tiempo que tiene funcionando.

Un periodista venezolano consultado explicó que, luego de que el principal proveedor de internet en el país, Cantv (que es público), comenzó a bloquear sitios informativos y de organizaciones sociales, también proveedores privados están participando en esta estrategia para impedirles operar. 

Y aclaró que, aunque estos bloqueos a medios digitales no son nuevos, sí han arreciado durante la campaña por la presidencia, en la que, según sondeos, casi 80% de los venezolanos ven necesario un cambio de gobierno y estarían contra la permanencia de Nicolás Maduro. 

Cerrazón y silencio

Conexión libre y segura defendió el trabajo que realiza, que definió como “técnico e imparcial”, pues incluso ha aclarado en algunas ocasiones denuncias que se asumían como bloqueos y en realidad tenían otro motivo. 

Explicó que ante los más recientes casos ha solicitado información a las autoridades, específicamente a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones sobre las razones por las cuales se han efectuado los bloqueos a las páginas web, si hay investigaciones en proceso y quién ha ordenado los mismos, sin recibir respuesta alguna. 

Tampoco han respondido las operadoras que están aplicando los bloqueos: Cantv, Digitel, Movistar, Intel, Net1, que son cuatro de las más grandes que operan en Venezuela. 

“Lo que hay –señaló la organización– es una omisión que nos permite asegurar que hay opacidad y oscurantismo en relación a la imposición de procedimientos de censura previa, también prohibidos explícitamente en la Constitución”.