CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La administración del presidente Joe Biden pretende empoderar a los funcionarios de asilo en la frontera, permitiéndoles tomar determinaciones legales complejas sobre la elegibilidad para asilo, antes de que los casos lleguen a los jueces de inmigración.

El pasado 9 de mayo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), emitió una propuesta con la que pretenden autorizar que los funcionarios de asilo consideren las prohibiciones vigentes durante las evaluaciones de miedo creíble y razonable, lo que le negaría a los migrantes el acceso al proceso de asilo completo. Las autoridades podrán expulsar de forma prematura a las personas.

Annie Chen, directora de la iniciativa “Advancing Universal Representation” del Instituto Vera de Justicia, advirtió que, de aprobarse, la propuesta: “Privaría a algunos solicitantes de asilo de la capacidad de acceder a asesoramiento jurídico o de comprender o ejercer sus derechos según la legislación estadunidense, al tiempo que aumentaría la probabilidad de que se apliquen perfilaciones raciales y daría lugar a deportaciones injustas”.

"La regla propuesta que hemos publicado hoy es un paso más en nuestros esfuerzos continuos para garantizar la seguridad del público estadunidense identificando y eliminando más rápidamente a aquellas personas que presentan un riesgo de seguridad y no tienen base legal para permanecer aquí", dijo el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas. “Seguiremos tomando medidas, pero fundamentalmente sólo el Congreso puede arreglar lo que todos coinciden en que es un sistema de inmigración fallido”, agregó.

Las razones por las que se les prohíben a las personas obtener el asilo son:

• Ordenar, incitar, ayudar o participar de otra manera en la persecución de cualquier persona por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular u opinión política.
• Haber sido declarado culpables de un “delito particularmente grave”, tal que representa un peligro para los Estados Unidos.
• Haber cometido un “crimen común grave” fuera de Estados Unidos.
• Representan un peligro para la seguridad de Estados Unidos.
• Haber estado reasentados firmemente en otro país antes de llegar a Estados Unidos.
• Haber participado en actividades terroristas.
• Estar involucrados o que sea probable que participen en cualquier actividad terrorista después de su entrada al territorio estadunidense.
• Haber incitado a la actividad terrorista.
• Ser representante de una organización terrorista extranjera.
• Ser miembro de una organización terrorista.
• Haber persuadido a otros para que apoyen una actividad terrorista o una organización terrorista.
• Haber recibido entrenamiento de tipo militar de o en nombre de cualquier organización que, en el momento en que se recibió el entrenamiento, era una organización terrorista.
• Ser cónyuge o hijo de una persona que es inadmisible por cualquiera de las razones anteriores, en los últimos 5 años.

Desde el 12 de mayo de 2023 hasta el 1 de mayo de 2024, el DHS ha expulsado o devuelto a más de 720 mil personas, la mayoría de estas llegaron a Estados Unidos por medio de la frontera suroeste, incluidos más de 109 mil integrantes individuales de familias.