WASHINGTON (apro).– Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos, fue multado con más de 350 millones de dólares y con una suspensión de tres años para hacer negocios en Nueva York por manipular de manera intencionada para evadir impuestos y engañar a sus socios e inversionistas.

Arthur Engoron, juez de la Suprema Corte de Justicia del Estado de Nueva York, emitió el fallo en contra de Trump y su empresa familiar luego de haber sido acusado de fraude por parte de la fiscal estatal, Letitia James, quien en este caso derrotó el exprimer mandatario.

Aunque se espera que Trump apele el fallo del magistrado, la multa y suspensión que recibió como castigo podría significar la ruina de las empresas de bienes raíces y construcción fincadas en Nueva York.

El juicio civil se celebró sin un jurado calificador y para el juez Engoron fueron suficientes las pruebas que presentó la Procuradora General del Estado de Nueva York, de cómo Trump y sus empleados manipulaban los estados de cuentas y valores de sus empresas.

La multa por poco más de 350 millones de dólares a pagar al estado podría llegar a la suma de unos 400 millones de dólares debido a los intereses que también estaría obligado a sufragar por las pérdidas que pudo causar a terceros por el fraude.

El veredicto del juez respecto a la suspensión de las empresas de Trump de ejercer en Nueva York significa que el exmandatario y nuevamente actual aspirante a la presidencia de Estados Unidos no puede participar por 3 años en ningún papel ni rol en la integración de cualquier empresa.

La sanción de veto a Trump para llevar a cabo negocios se aplica también a dos de sus hijos, Eric y Donald Jr., ambos ejecutivos en los negocios de su padre.

El expresidente de Estados Unidos tiene un plazo de 30 días para pagar la multa de más de 350 millones de dólares o presentar la apelación a la decisión de Engoron.

Algunos especialistas y analistas en temas empresariales consideran que, de mantenerse el veredicto en contra de Trump en Nueva York, las pérdidas que esto le causen tienen el potencial de provocar ahora sí una bancarrota a los negocios de bienes raíces y construcción del castigado.