NUEVA YORK (AP).- Este viernes 13 de diciembre, los abogados del presidente electo Donald Trump volvieron a instar a un juez a que desestime su condena por sobornos, rechazando la sugerencia de la fiscalía de preservar el veredicto tratando el caso como lo hacen algunos tribunales cuando muere un acusado. Calificaron la idea de “absurda”.

La fiscalía del distrito de Manhattan le está pidiendo al juez Juan M. Merchan que “finja como si uno de los intentos de asesinato contra el presidente Trump hubiera tenido éxito”, escribieron los abogados de Trump en una contundente respuesta de 23 páginas.

En documentos judiciales hechos públicos el martes, la oficina del fiscal de distrito Alvin Bragg propuso una serie de opciones para mantener vigente la condena histórica después de que los abogados de Trump presentaran la documentación a principios de este mes pidiendo que se desestimara el caso.

Estas incluyen congelar el caso hasta que Trump deje el cargo en 2029, aceptar que cualquier sentencia futura no incluirá tiempo en prisión o cerrar el caso señalando que fue condenado pero que no fue sentenciado y que su apelación no se resolvió debido a la inmunidad presidencial.

Los abogados de Trump, Todd Blanche y Emil Bove, reiteraron el viernes su posición de que la única opción aceptable es revocar su condena y desestimar su acusación, y escribieron que cualquier cosa menos que eso interferirá con el proceso de transición y su capacidad para liderar el país. La oficina del fiscal de distrito de Manhattan declinó hacer comentarios.

No está claro cuándo tomará una decisión Merchán. Podría aceptar la solicitud de Trump de desestimar el caso, aceptar una de las sugerencias de la fiscalía, esperar hasta que un tribunal federal de apelaciones se pronuncie sobre el esfuerzo paralelo de Trump para que el caso se traslade fuera de un tribunal estatal o elegir alguna otra opción.

En su respuesta del viernes, Blanche y Bove criticaron cada una de las sugerencias de la fiscalía. Detener el caso hasta que Trump deje el cargo obligaría al presidente entrante a gobernar mientras enfrenta la “amenaza constante” de ser sentenciado a prisión, multas u otros castigos tan pronto como termine su mandato, escribieron Blanche y Bove. Trump, un republicano, asumirá el cargo el 20 de enero.

“Para que quede claro, el presidente Trump nunca se desviará del interés público en respuesta a estas tácticas matonescas”, escribieron los abogados defensores. “Sin embargo, la amenaza en sí misma es inconstitucional”.

Blanche y Bove escribieron que la sugerencia de la fiscalía de que Merchán podría mitigar esas preocupaciones prometiendo no condenar a Trump a prisión por motivos de inmunidad presidencial tampoco es viable. El estatuto de inmunidad exige desestimar el caso, no sólo limitar las opciones de sentencia.

Blanche y Bove, ambos designados por Trump para puestos de alto rango en el Departamento de Justicia, expresaron su indignación por la novedosa sugerencia de la fiscalía de que Merchan tome prestado de Alabama y otros estados y trate el caso como si Trump hubiera muerto.

Blanche y Bove acusaron a los fiscales de ignorar el precedente de Nueva York y de intentar “fabricar” una solución “basada en una analogía extremadamente preocupante e irresponsable entre el presidente Trump” que sobrevivió a los intentos de asesinato en Pensilvania en julio y Florida en septiembre “y un hipotético acusado muerto”.

Esta opción suele entrar en juego cuando un acusado muere después de ser condenado, pero antes de que se agoten las apelaciones. No está claro si es viable según la ley de Nueva York, pero los fiscales sugirieron que Merchan podría innovar en lo que ya es un caso único.

“Este recurso evitaría que el acusado tuviera que soportar durante su presidencia un proceso penal en curso”, escribieron los fiscales en su presentación esta semana. Pero al mismo tiempo, no “descartaría precipitadamente” el “hecho significativo de que el acusado fue acusado y declarado culpable por un jurado de sus pares”.

Los fiscales reconocieron que “la inmunidad presidencial requiere adaptaciones” durante el inminente regreso de Trump a la Casa Blanca, pero argumentaron que su elección para un segundo mandato no debería anular el veredicto del jurado, que se emitió cuando ya estaba fuera del cargo.

Una política de larga data del Departamento de Justicia dice que los presidentes en funciones no pueden enfrentar un proceso penal. Otros líderes mundiales no gozan de la misma protección. Por ejemplo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, está siendo juzgado por cargos de corrupción mientras lidera las guerras de esa nación en Líbano y Gaza.

Trump lleva meses luchando para revertir su condena del 30 de mayo por 34 cargos de falsificación de registros comerciales. Los fiscales dijeron que falsificó los documentos para ocultar un pago de 130 mil dólares a la actriz porno Stormy Daniels para suprimir su afirmación de que habían tenido relaciones sexuales una década antes, algo que Trump niega.

En su presentación del viernes, los abogados de Trump citaron una publicación en las redes sociales en la que el senador John Fetterman usó un lenguaje profano para criticar el proceso contra Trump por el soborno. El demócrata de Pensilvania sugirió que Trump merecía un indulto, comparando su caso con el del hijo indultado del presidente Joe Biden, Hunter Biden, quien había sido condenado por cargos fiscales y de armas.

“Utilizar el poder judicial como arma para obtener beneficios partidistas descarados disminuye la fe colectiva en nuestras instituciones y siembra más división”, escribió Fetterman el miércoles en Truth Social.

La condena de Trump por sobornos se llevó a cabo en un tribunal estatal, lo que significa que un indulto presidencial (emitido por Biden o por él mismo cuando asuma el cargo) no se aplicaría al caso. Los indultos presidenciales solo se aplican a delitos federales.

Desde las elecciones, el fiscal especial Jack Smith ha terminado sus dos casos federales, que estaban relacionados con los esfuerzos de Trump por revertir su derrota electoral de 2020 y las acusaciones de que acumuló documentos clasificados en su propiedad de Mar-a-Lago.

Un caso independiente de interferencia en las elecciones estatales en el condado de Fulton, Georgia, está prácticamente suspendido. Trump niega haber cometido irregularidades en todos los casos.

La sentencia de Trump en el caso de los sobornos estaba prevista para finales de noviembre, pero tras su victoria electoral del 5 de noviembre, Merchan detuvo los procedimientos y pospuso indefinidamente la sentencia del expresidente y del futuro presidente para que la defensa y la fiscalía pudieran opinar sobre el futuro del caso.

Merchan también retrasó una decisión sobre la propuesta previa de Trump de desestimar el caso por motivos de inmunidad.

Una destitución borraría la condena de Trump, lo que le ahorraría la sombra de un antecedente penal y una posible sentencia de prisión. Trump es el primer expresidente condenado por un delito y el primer criminal convicto en ser elegido para el cargo.