(France24).- Horas claves para la justicia. Los jueces de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) decidirán este viernes 24 de enero si emitir o no medidas de emergencia contra Israel, en el histórico juicio solicitado por Sudáfrica, que denuncia “intenciones genocidas” contra la población de Gaza por parte de Israel.

La resolución constituirá la fase inicial del litigio presentado por Sudáfrica. Israel niega las acusaciones y pidió al tribunal descartar el caso.

La ministra de Asuntos Exteriores sudafricana, Naledi Pandor, viajará a La Haya para representar al país en el fallo del viernes, según anunció su cartera.

Aunque Israel se ha mostrado reacio a colaborar con tribunales internacionales, al ser firmante de la Convención para la Prevención de Genocidio, está obligado a hacer frente al caso y desplegó un equipo legal de alto nivel a principios de este mes.

Para los analistas representa una muestra de las preocupaciones de Israel de que cualquier orden judicial pueda cancelar su ofensiva militar, lo que representaría un duro golpe diplomático. Pese a esto, si el tribunal falla a favor de las solicitudes de Sudáfrica, no está claro si Israel las cumplirá.

El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu prometió continuar su guerra contra Hamás hasta alcanzar la “victoria completa” con la erradicación del grupo islamista. La guerra, que comenzó con el asalto de Hamás en territorio israelí el 7 de octubre que mató a mil 200 personas y secuestró a otras 250, hasta ahora cobra la vida de 25 mil 490 palestinos, la mayoría mujeres y niños, según el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás.

¿Cuáles son las medidas que pide Sudáfrica?

Para que se dicten estas llamadas “medidas provisionales”, el panel, de 17 jueces, debe determinar que el tribunal cuenta con jurisdicción en el asunto, que hay una disputa entre Sudáfrica e Israel respecto a la Convención sobre el Genocidio de 1948 y que existe una necesidad inmediata de implementar medidas de emergencia mientras el caso sigue su curso.

A principios de este mes, los abogados sudafricanos argumentaron que las acciones del Ejército israelí y las declaraciones de altos funcionarios evidenciaban la intención deliberada de Israel de cometer genocidio contra los palestinos en Gaza.

“La magnitud de la destrucción en Gaza, los ataques contra hogares familiares y civiles, el hecho de que la guerra sea contra los niños, dejan claro que la intención genocida se comprende y se ha puesto en práctica. La intención articulada es la destrucción de la vida palestina”, comentó el abogado Tembeka Ngcukaitobi.

Malcolm Shaw, miembro del grupo legal de Israel en las audiencias en La Haya, calificó los comentarios citados por Sudáfrica como “citas aleatorias que no se ajustan a la política del gobierno”. Por su parte, el asesor jurídico israelí Tal Becker dijo al tribunal que el país está librando una “guerra que no comenzó ni quería”.

“En estas circunstancias, difícilmente puede haber una acusación más falsa y malévola que la acusación de genocidio contra Israel”, añadió.

La sudafricana Adila Hassim afirmó que “los palestinos en Gaza son sometidos a constantes bombardeos allá donde van: en sus casas, en lugares donde buscan refugio, hospitales, colegios, mezquitas, iglesias, y mientras tratan de encontrar comida y agua para sus familias. Han sido asesinados si no logran evacuar, y en los lugares a los que huyen. E incluso cuando tratan de huir a través de las supuestas rutas seguras declaradas por Israel”.

Entre las medidas solicitadas se encuentran la suspensión de las operaciones militares en Gaza, la garantía de que el Ejército israelí no impulse estas operaciones y el pago de indemnizaciones y medios para la reconstrucción de lo destruido en la región.

Sudáfrica quiere que se evite “la privación de acceso a alimentos y agua adecuados” a la población de Gaza y pidió a Israel garantizar que las personas “bajo su control no inciten pública y directamente al genocidio”. De ocurrir, tendrían que rendir cuentas conforme a lo estipulado en la Convención.

Israel advirtió que imponer medidas cautelas “pondrá fin a los intentos de rescatar a los rehenes”, “dará a Hamás espacio para preservar sus capacidades” y permitiría que el grupo “represente un riesgo aún mayor” para los israelíes.

¿Hay antecedentes de casos similares?

La Corte tiene dos casos de genocidio pendientes. Uno fue presentado por Ucrania después del inicio de la invasión de Rusia y el otro involucra a Gambia, que acusa a Myanmar de genocidio contra la minoría musulmana del pueblo rohinya.

Dos extintos tribunales de la ONU realizaron juicios históricos de genocidio. El Tribunal Penal Internacional para la exYugoslavia emitió condenas contra varios líderes serbobosnios, entre ellos el expresidente Radovan Karadzic y el general Ratko Mladic. Las condenas fueron por su implicación en la matanza ocurrida en julio de 1995, cuando más de ocho mil personas perdieron la vida en la ciudad bosnia de Srebrenica. Karadzic y Mladic recibieron cadena perpetua.

El Tribunal Penal Internacional para Ruanda también condenó a varios dirigentes por el genocidio de 1994 en la nación africana, cuando 800 mil personas, la mayoría de la etnia tutsi, fueron asesinadas.

La ciudad de La Haya, denominada capital internacional de la paz y la justicia, alberga tanto la sede de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) como la de la Corte Penal Internacional (CPI).

Mientras la CIJ desempeña un papel crucial al resolver casos entre naciones, abordando con frecuencia disputas fronterizas o desacuerdos sobre la interpretación de tratados internacionales, la CPI tiene la misión de responsabilizar a individuos por genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, con el mandato de terminar con la impunidad a nivel mundial.