PARÍS (Proceso).– El 7 de julio último el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, oficializó el suministro de bombas de racimo a Ucrania. Apenas dos semanas más tarde, James Kirby, vocero de la Casa Blanca, aseguró que Kiev las estaba utilizando “de manera eficaz” contra las líneas defensivas rusas. 

El presidente de Rusia, Vladimir Putin. reaccionó de inmediato recordando que Moscú también dispone de un poderoso arsenal de bombas de fragmentación. 

Aunque lo nieguen Zelenski y Putin, ya hicieron uso de estos artefactos en el conflicto que los opone desde 2014. Pero con la llegada masiva de las bombas de dispersión made in USA la guerra directa entre Moscú y Kiev –indirecta entre Washington y Moscú– entra en una nueva fase que tendrá consecuencias trágicas a corto, mediano y largo plazo para la población civil.

Peligrosas y defectuosas

Las bombas de racimo están equipadas con un dispositivo que libera y dispersa en una amplia zona una gran cantidad de submuniciones explosivas, diseñadas para estallar al impactar contra el suelo. Sin embargo, muchas no detonan. Acaban enterradas y pueden estallar después de años al ser pisadas, tocadas o movidas.

En los 75 años últimos, 23 gobiernos usaron estas armas mortíferas en 41 países de los cinco continentes causando estragos humanos y económicos inconmensurables. Según la organización Handicap International, cuyas investigaciones son referencias sobre el tema, entre 20 y 30% de las bombas de racimo disparadas en el mundo durante estas casi ocho décadas no estallaron en el momento de su uso. 

La organización cita los casos de Laos y Camboya como “arquetipos del uso ignominioso de las bombas de racimo”. 

No es casualidad que ambos países figuren entre los 123 firmantes de la Convención de Oslo sobre Municiones en Racimo, que prohíbe “todo tipo de uso, producción, almacenamiento y transferencia de estas armas”.

Tibieza

Ucrania, Rusia y Estados Unidos, junto con Israel, China, India y Pakistán, entre otros, no firmaron ese tratado internacional vinculante, que entró en vigor en 2010.

No es casualidad tampoco que los dirigentes laosianos y camboyanos hayan sido los primeros en denunciar públicamente la decisión de Biden y Zelenski de recurrir a estas armas para abrir brechas en el muro de defensa ruso. 

Numerosos líderes del llamado sur global manifestaron la misma indignación, sin hablar de todas las instancias nacionales e internacionales, gubernamentales y no gubernamentales de defensa de los derechos humanos y de un amplio panel de observadores y analistas políticos, entre los que destacan estadunidenses.

La Unión Europea, que se precia de defender los valores humanistas occidentales, lució en cambio por la tibieza de sus reacciones pese a que las dos terceras partes de sus integrantes sean Estados Partes en la Convención sobre Municiones en Racimo. 

Londres y París, por ejemplo, recordaron su apego a la Convención de Oslo al tiempo que aseguraron “comprender la decisión tomada por Estados Unidos en su deseo de ayudar a Ucrania”. En realidad, los europeos se notan sumamente incómodos. Y no es para menos.

Resulta difícil olvidar las virulentas y repetidas imprecaciones estadunidenses contra Moscú por su “utilización de bombas de fragmentación contra la población ucraniana”.

“Ustedes corren el riesgo de comparecer ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya si disparan bombas de racimo sobre civiles”, advirtió Lindsey Graham, senador republicano a los pilotos de guerra rusos. Luego les dio una lección de ética: “La diferencia entre ustedes y nosotros –les dijo– es que en América creemos en las leyes de la guerra y las respetamos”.

Ahora Graham asegura, sin parpadear, que junto con otras armas las bombas de racimo “darán a Ucrania la posibilidad de vencer a Rusia”. Y no vacila en aseverar que “no suministrar estas bombas prolongará la guerra y los sufrimientos”.

La Casa Blanca y el Pentágono intentan afanosamente justificarse. Insisten en que Zelenski se comprometió por escrito a disparar bombas de racimo exclusivamente sobre blancos militares y lejos de zonas habitadas. 

¿Respetará su palabra el presidente ukraniano en el fulgor de los combates? ¿Acaso el amplio alcance de los centenares de explosivos liberados por cada bomba de racimo no invalida esa “garantía? De todos modos, ¿qué pasará después de la guerra, cuando las áreas de combate volverán a ser campos, bosques, zonas pobladas, cuyo subsuelo seguirá siendo contaminado por años?

Lloyd Austin, secretario de Defensa estadunidense, asegura que el alto mando militar ucraniano tiene un registro riguroso de cada territorio bombardeado y que su prioridad será lanzar un amplio operativo de limpieza de minas.  

Precisa Austin: “Y por supuesto lo vamos a apoyar.” El Pentágono ya tiene aprobado un presupuesto de 89 millones de dólares para asesorar a Ucrania en esa labor y entrenar a artificieros.

Por si eso fuera poco, el secretario de Defensa afirma que “la tasa de falla” de los “últimos modelos” de bombas de racimo, fabricadas en Estados Unidos, es “de apenas 1 por ciento”.

Falta comprobarlo, contestan al unísono los expertos internacionales y todas las instancias de defensa de los derechos humanos. Militares estadunidenses de alto rango revelaron en forma anónima que esa tasa oscila en realidad entre 1.3% y 2.5 por ciento.