WASHINGTON (apro).– Karine Jean-Pierre, vocera de la Casa Blanca, afirmó que la presidencia de Joe Biden desconoce si el auditor federal del Departamento de Justicia investiga a Anne Milgram, administradora de la DEA, por otorgamiento indebido de contratos.

“Esta es la primera ocasión que escuchamos sobre esto, lo vamos a revisar con nuestros colegas (del Departamento de Justicia), en este momento no podemos decir nada”, indicó la portavoz del presidente de los Estados Unidos.

En un reportaje exclusivo de la agencia de noticias estadunidense Associated Press (AP) se dio a conocer que Milgram presuntamente asignó de manera directa contratos por 4.7 millones de dólares a quienes fueron sus socios cuando fungió como Procuradora General del estado de Nueva Jersey.

De acuerdo con el reportaje, el inspector general del Departamento de Justicia, Michael Horowitz, investiga los detalles de los contratos que benefician a los amigos y exsocios de Milgram.

Como parte de esa pesquisa, la oficina de Horowitz también busca esclarecer el caso de un pago que hizo la Administración Federal Antidrogas (DEA) por un millón 400 mil dólares a una firma de abogados en la capital estadunidense.

El trabajo del bufete legal de abogados se encuentra bajo el escrutinio del inspector general del Departamento de Justicia debido a que se considera innecesario, porque se trató de la entrega de un análisis sobre el trabajo de los agentes de la DEA en el extranjero.

En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusa a la DEA de espionaje y de filtrar información a medios de comunicación como Proceso, aunque no ha presentado las evidencias para sustentar dichas afirmaciones.

La DEA cuenta con 54 agentes que operan en México, algunos de los cuales han participado en operativos para capturar a capos del narcotráfico como Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, jefe de una las facciones del Cártel de Sinaloa.

El 22 de febrero de 2014, encabezados por el entonces agente de la DEA en México Víctor Vázquez, un grupo de agentes de la CIA y de los US Marshall se vistieron con el uniforme de la Marina mexicana y en Mazatlán, Sinaloa, capturaron al “Chapo” Guzmán.

Pese a las infiltraciones que tienen los agentes de la DEA en los cárteles mexicanos y en instituciones policiales de México y en otros países de América Latina han fracasado en su guerra contra las drogas, la que ahora da como resultado la muerte de 292 personas en Estados Unidos cada 24 horas, producto de la sobredosis en el consumo de enervantes.

Entre octubre y noviembre de 2020, tras la detención en Los Ángeles, California, del general Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa Nacional (Sedena), acusado por la DEA de narcotráfico, el gobierno de López Obrador usó la estancia de los agentes antinarcóticos estadunidenses como anzuelo para liberar al militar.

Como lo confirma Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores del gobierno de López Obrador, en el libro “A sus órdenes, mi general. El caso Cienfuegos y la sumisión de AMLO ante el poder militar” (Grijalbo, 2023), el mandatario mexicano amenazó al gobierno estadunidense de que si no regresaban a Cienfuegos Zepeda y sin cargos, expulsaría de México a los 54 agentes de la DEA.

El 19 de noviembre de 2019 el general Cienfuegos Zepeda fue repatriado a México y se anularon los cargos que le había imputado el Departamento de Justicia ante la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York.