SELMA, Alabama, EU. (AP) — El presidente Joe Biden se valió de los dolorosos recuerdos del “Domingo Sangriento” de Selma para comprometerse nuevamente con una piedra angular de la democracia, exaltando un hito crucial del movimiento por los derechos civiles en un momento en que él no ha logrado impulsar en el Congreso las protecciones reforzadas del voto y una Corte Suprema de mayoría conservadora ha socavado una histórica ley electoral.

“Selma es un día decisivo. El derecho a votar... el que el voto de uno sea contabilizado es el umbral de la democracia y la libertad. Con él cualquier cosa es posible”, declaró Biden ante varios miles de personas reunidas en uno de los extremos del histórico puente Edmund Pettus, que lleva el nombre de un reconocido líder del Ku Klux Klan.

“Este derecho fundamental sigue siendo atacado. La Corte Suprema conservadora ha eviscerado la Ley de Derechos Electorales a lo largo de los años. Desde las elecciones de 2020, una ola de estados y decenas y decenas de leyes antielectorales impulsadas por la ‘Gran mentira’ y los negacionistas electorales que ahora ocupan cargos de elección popular", agregó.

Cuando era candidato en 2020, Biden prometió procurar una extensa reforma para reforzar la protección de los derechos electorales. Hace dos años, su iniciativa de 2021 —nombrada en honor del líder de los derechos civiles John Lewis, el fallecido legislador de Georgia— incluyó cláusulas para restringir la manipulación partidista de los distritos electorales, derribar obstáculos en el proceso de votación y transparentar un sistema de financiamiento de campaña que permite a donantes millonarios financiar de manera anónima distintas causas políticas.

Fue aprobada en la Cámara de Representantes, en ese entonces bajo control demócrata, pero no obtuvo los 60 votos necesarios para avanzar en un Senado también de mayoría demócrata. Ahora que los republicanos están al frente de la cámara baja, es sumamente improbable que dicho proyecto de ley sea aprobado.

“Sabemos que debemos obtener los votos en el Congreso”, comentó Biden, pero en este momento no parece haber una ruta viable para ello.

La visita a Selma fue para Biden una oportunidad de dirigirse directamente a la generación actual de activistas por los derechos civiles. Muchos se sienten defraudados debido a la falta de progreso en los derechos electorales, y están ansiosos por ver que el gobierno del mandatario mantenga el tema en primer plano.

Pocos momentos han tenido una importancia tan duradera en el movimiento de los derechos civiles como lo que sucedió en Selma el 7 de marzo de 1965 y en las semanas posteriores.

Unos 600 manifestantes pacíficos, encabezados por Lewis y el también activista Hosea Williams, se reunieron ese día, apenas unas semanas después de que un policía de Alabama matara a disparos a Jimmie Lee Jackson, un joven de raza negra.

Lewis y varias personas más fueron golpeadas brutalmente por policías de Alabama y agentes de la policía del condado mientras intentaban cruzar el puente Edmund Pettus para iniciar lo que se pretendía fuese una marcha de 86 kilómetros (54 millas) hasta el Capitolio del estado en Montgomery, parte de una labor a mayor escala para que los votantes de raza negra en la región sur de Estados Unidos fueran empadronados.

“En este puente se donó sangre para ayudar a redimir el alma de Estados Unidos”, declaró Biden.

Las imágenes de la violencia policial causaron indignación en todo el país. Días más tarde, el líder del movimiento por los derechos civiles Martin Luther King Jr. encabezó la marcha que posteriormente se conocería como “Turnaround Tuesday” (“Martes de la vuelta”), en la que los manifestantes se acercaron a una valla de policías en el puente y oraron antes de dar media vuelta.

El presidente Lyndon B. Johnson presentó la Ley de Derechos Electorales en 1965, ocho días después del “Domingo Sangriento”, refiriéndose a Selma como uno de esos raros momentos en la historia del país en que “la historia y el destino se encuentran al mismo tiempo”. El 21 de marzo, King inició una tercera marcha, bajo protección federal, la cual creció hasta sumar miles de personas para cuando llegaron al Capitolio estatal. Cinco meses después, Johnson promulgó la ley.