CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Yakov Fauster, también conocido como Jacobo Fauster Goldstein, un turbio empresario salvadoreño de origen israelí que se dedica a la venta de sistemas de espionaje, demandó al periódico de El Salvador El Diario de Hoy  y a un periodista por retomar un reportaje publicado en Proceso en diciembre de 2020, en el marco de la investigación internacional Cartel Project, coordinada por la organización Forbidden Stories.

El reportaje, titulado “México, paraíso de las empresas israelíes de ciberespionaje”, señalaba que Fauster controla la empresa Universal Security Group, con sedes en Tijuana y en Guadalajara, y que su exsocia, Estefanía Plascencia Ponce, una exagente de la policía comercial de Tijuana, reconoció en Estados Unidos haber lavado más de 78 mil dólares del Cartel de Sinaloa.

Fauster pretende cobrar cinco millones de dólares al periódico y otros cinco millones de dólares al periodista que redactó la nota, en la cual citó textualmente el reportaje de Proceso.

La información que publicó Proceso tenía relevancia en El Salvador, donde Fauster goza de sólidas relaciones en el gobierno de Nayib Bukele: es padrastro de Peter Dumas, director del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), la instancia a cargo de la inteligencia, en un gobierno que ha utilizado el spyware Pegasus para espiar a periodistas, defensores de derechos humanos y figuras políticas, según reveló el Citizen Lab en enero de 2022.

De hecho, la demanda de Fauster fue presentada por Jacqueline Aquino Palacios, una abogada representante legal del propio Nayib Bukele en 2019.

Antes de presentar la demanda por daño moral, en la que exige las reparaciones millonarias, Fauster había reclamado –y obtenido– la publicación de su derecho de réplica en el periódico, el 6 de febrero de 2022.

Descontento con la respuesta del periódico a su versión, el empresario demandó al periódico para obligarlo a expresarle una disculpa pública. El juez decidió que El Diario de Hoy debía publicar un segundo derecho de réplica del empresario, esta vez sin que el periódico diera una aclaración. El medio acató la orden y publicó el texto del empresario el 2 de abril de 2022.

Sin embargo, en junio de 2023 el empresario volvió a demandar al periódico y el periodista, ahora por daño moral, y la justicia aceptó el proceso, a pesar de los reclamos de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), que condenó ayer un “grave acto de persecución de la prensa que busca silenciar a los periodistas mediante el hostigamiento judicial”.

El periódico y la APES trataron de invalidar el juicio, por juzgarlo improcedente –ya que el texto fue producto de un ejercicio periodístico–, pero la jueza desechó su intento e inició la audiencia preparatoria, donde ambas partes presentaron sus pruebas, las cuales serán valoradas en febrero.

El periódico sostiene que el reportaje de su periodista cumple con los estándares de la profesión, pues citó debidamente a la revista Proceso como fuente de información.

Proceso, a su vez, fue uno de los 25 medios internacionales que participaron en la investigación Cartel Project, bajo la coordinación de Forbidden Stories, organización que encabezó la investigación internacional Pegasus Project. Además de esta revista, colaboraron periodistas de The Washington Post, Le Monde, France TV, Radio France, The Guardian, El País, Haaretz o la organización OCCRP, entre otros.

En febrero de 2021 la Universidad de Long Island (LIU) otorgó el Reconocimiento Especial de los premios George Polk de Periodismo a Forbidden Stories por el #ProyectoCártel, realizado en colaboración con Proceso y 60 periodistas de 25 medios del mundo.

Este nuevo ataque al periodismo en El Salvador se suma a otras embestidas urdidas desde el poder contra la prensa, a través del espionaje con Pegasus –contra el equipo del prestigiado medio digital El Faro, entre otros–, del seguimiento físico a reporteros o mediante señalamientos directos de Bukele contra periodistas, como cuando acusó a tres reporteros de cometer un delito por publicar notas basadas en información confidencial.

Como producto de ese hostigamiento, en abril pasado, la mayor parte del equipo administrativo de El Faro desplazó sus oficinas a Costa Rica. Dos años antes, el periodista mexicano Daniel Lizárraga –uno de los exintegrantes del equipo de Carmen Aristegui que reveló el escándalo de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto– había sido expulsado por el gobierno salvadoreño.

Los periodistas salvadoreños independientes también han denunciado el desmantelamiento del sistema de transparencia y de la democracia en general, con la instauración de un régimen de “opacidad sin precedente” por parte del gobierno de Bukele.

#Alerta La APES rechaza este grave acto de persecución a la prensa que busca silenciar a las y los periodistas mediante el hostigamiento judicial. La Asociación condena intento de empresario Yakov Fauster de silenciar al periodismo con demanda millonaria. pic.twitter.com/euhzUyikdA — APES (@apeselsalvador) December 6, 2023