CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La iglesia evangélica estadounidense Mountain Gateway (Puerta de la Montaña), clausurada por el gobierno de Nicaragua tras el arresto de 11 de sus misioneros en el país centroamericano, negó haber cometido lavado de dinero y aseguró tener la documentación para demostrarlo.

En una declaración publicada en su página web, la organización religiosa señaló que "se entristeció" al enterarse de que el gobierno del presidente Daniel Ortega le retiró su personería jurídica para trabajar en Nicaragua, donde —según la policía— manejaba "una red" de blanqueo de capitales junto a otro grupo evangélico.

"Puerta de la Montaña posee la documentación que demuestra que toda la financiación se ha gestionado adecuadamente", señaló la declaración, al referirse a la acusación de lavado. Agregó que "ha estado trabajando bajo el registro de ONG y las políticas del gobierno nicaragüense".

La organización bíblica agregó que confía que "cuando el gobierno revise la documentación, sus preguntas quedarán resueltas, la investigación concluirá y todos los cargos serán retirados".

El martes, la policía de Nicaragua informó que había detenido a 11 nicaragüenses quienes, junto a tres estadounidenses que no han sido capturados, incluido un empresario de la industria de la aviación, presuntamente integraban "una red de lavado de dinero" que "tenía como fachada" a dos organizaciones cristianas: Puerta de la Montaña y Sacudiendo las Naciones.

Según la policía, en las supuestas operaciones ilícitas participó el estadounidense Bruce Wagner, dueño de ese último organismo evangélico y de una compañía de aviación, quien transfirió capitales a Nicaragua "la obtención de dinero, propiedades de bienes muebles e inmuebles y hacer negocios".

Wagner y su organización aún no han respondido a las acusaciones.

Los otros estadounidenses bajo investigación son John Britton Hancock y Jacob Britton Hancock, que de acuerdo con la policía registraron una filial de la organización Puerta de la Montaña para recibir las transferencias de dinero desde Estados Unidos, operaciones que habrían realizado desde el año 2013.

La policía indicó que ambas agrupaciones evangélicas trabajaban en zonas rurales de Nicaragua con el apoyo de campesinos a quienes luego nombraban "pastores evangélicos". Su objetivo era "hacer creer" que ayudaban al pueblo "llevando la palabra de Dios" pero se dedicaban "a adquirir vehículos, fincas, casas en residenciales y hacer negocios", asegura la policía.

Entre los 11 detenidos figuran los nicaragüenses Walner Omier Blandón Ochoa y Marisela de Fátima Mejía Ruiz, representante legal y gerente financiera de Puertas de la Montaña, respectivamente. Sus cuentas bancarias fueron bloqueadas porque recibían dinero "sin justificación de origen y destino", según el gobierno.

Tras la acusación oficial, medios de prensa nicaragüenses divulgaron fotografías de varios religiosos estadounidenses posando junto a jefes de la policía de Nicaragua, y de oficiales de esa institución participando en ceremonias religiosas junto a dirigentes evangélicos, imágenes que fueron publicadas en la página web de la entidad policial.

Puerta de la Montaña fue clausurada el jueves por el gobierno de Nicaragua junto a otras nueve asociaciones sin fines de lucro, cinco de ellas agrupaciones cristianas.

Un estudio divulgado a inicios de este mes reveló que Ortega ha cerrado o disuelto 342 organizaciones religiosas, de las cuales 256 eran asociaciones evangélicas, 43 católicas y otras 43 vinculadas a otras iglesias, como parte de las más de 3.500 clausuradas en los últimos dos años.

Según el informe titulado "Cierre del espacio cívico" y elaborado por el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, si bien el gobierno sandinista ha sido acusado de "perseguir y asediar" a la Iglesia católica, prohibiendo sus procesiones y desterrando a sacerdotes y monjas, también los evangélicos están sufriendo "hostigamiento y acoso" en ese país, sostuvo.

Nicaragua vive una grave crisis política y social que se inició con protestas que estallaron en abril de 2018 y fueron violentamente reprimidas por la policía, con un saldo de 355 muertos, más de 2.000 heridos, miles de arrestados en diferentes momentos y cientos de miles de exiliados, según organizaciones humanitarias.