Madrid (apro).— El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón decidió hoy investigar al eurodiputado y expresident de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, y una decena de dirigentes independentistas, por las movilizaciones de la plataforma Tsunami Democratic, que tomó el aeropuerto del Prat, en Barcelona, en octubre de 2019.

El auto judicial del magistrado, por los delitos de terrorismo y por la presunta muerte de un pasajero, coincide con las intensas negociaciones para la investidura de gobierno de Pedro Sánchez, que se celebran en Bruselas, entre un representante del presidente en funciones y Puigdemont y su núcleo duro, en el que se afinan cuestiones técnicas de la amnistía para los perseguidos por el referéndum de independencia, de octubre de 2017.

El magistrado tomó la decisión luego que la semana pasada la Guardia Civil entregara un informe que dirige las baterías de Tsunami Democratic contra Puigdemont, y de la dirigente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Marta Rovira, y diez personas más.

Por tratarse de un miembro del Parlamento Europeo, el magistrado señala en el auto al que se tuvo acceso, que ofrece a Puigdemont la posibilidad de comparecer voluntariamente ante la Audiencia Nacional, antes de cursar el correspondiente suplicatorio.

Los hechos contenidos en la investigación podrían calificarse de forma indiciaria, señala el juez, como de terrorismo.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha anunciado que recurrirá el auto del juez García Castellón por no ver delito de terrorismo en el caso de Tsunami Democratic

Los fiscales de la Audiencia Nacional recurrirán ante la Sala de lo Penal, por considerar que, el procedimiento se inició por el delito de sedición, pero una vez que éste desapareció (por una reforma al Código Penal), la causa solo puede seguirse por desórdenes públicos en los juzgados de Barcelona, como precisó el Periódico de España.

Tras conocer la decisión del juez que dirigía las acusaciones contra él, Rovira y una decena de dirigentes más, el expresident Puigdemont hizo un receso en la negociación para subir a X (antes Twitter) un mensaje donde acusa de un “golpe de Estado permanente” por la acusación del juez.

Puigdemont recordó el grito “Por ellos” que se escuchó a los policías cuando arremetían contra los participantes del procés, y lo retomó ante la decisión de este juez de la audiencia nacional: “¡A por ellos!, para no perder la costumbre. Es el golpe de Estado permanente que tanto les gusta revivir, sea con sables o con togas. Mientras no cierren la puerta que abrió el rey con el discurso del 3 de octubre, siempre se sentirá hedor de cloaca”.

Mientras tanto, hay otros movimientos en el mundo judicial, este día se reunirá el Consejo General del Poder Judicial (de mayoría conservadora) para emitir una declaratoria en contra de el inminente proyecto de la ley de amnistía que salga del acuerdo de PSOE y Junts per Catalunya. Hubo magistrados que anunciaron su ausencia, por considerar que no corresponde a este órgano judicial pronunciarse por esa ley, cuyo texto ni siquiera conocen.

Por otro lado, dos centenares de juristas, entre ellos el exjuez Baltasar Garzón, firmaron un pronunciamiento a favor de “la amnistía, la democracia y la convivencia”, para normalizar el encaje político de Cataluña y el resto de España.

Externan su preocupación por la “desestabilización de las instituciones democráticas organizadas por la derecha, en todas sus vertientes social, política y judicial”.

Esto coincide con una serie de concentraciones supuestamente espontáneas a las afueras de la sede del PSOE, en la madrileña calle Ferraz, y en varios municipios, para protestar contra la amnistía, con discursos agresivos donde piden cárcel para Sánchez y Puigdemont. En estas concentraciones han participado altos cargo o exgobernantes del PP y de Vox.

Alberto Núñez Feijóo, dirigente del Partido Popular, quien no consiguió formar gobierno, ha estado alentando la oposición desde todos los frentes, municipios, comunidades, Senado e instituciones europeas, contra la amnistía, y también ha alentado participar en protestas callejeras.