Bogotá, Col. (Proceso).- Apenas dos semanas después de haber firmado con la oposición un acuerdo para que las elecciones presidenciales del próximo año se realicen en condiciones de equidad, transparencia y con los candidatos que elijan los partidos en sus procesos internos, el gobierno venezolano comenzó a desconocer lo pactado y a dar muestras de que su única opción es mantenerse en el poder “a cualquier costo”.

Analistas políticos consultados por Proceso señalan, además, que para conseguir su segunda reelección consecutiva y su tercer periodo como presidente de Venezuela -con el que completaría 18 años en el cargo-, el presidente venezolano Nicolás Maduro está dispuesto a dejar que las sanciones de Estados Unidos profundicen aún más la debacle económica y social del país.

Los analistas coincidieron en señalar que en los últimos días emergió otro factor que gravitará con fuerza en el escenario político nacional: la reactivación de la histórica disputa territorial que mantiene Venezuela con su vecina Guyana por la región de Esequibo.

“Venezuela ha iniciado movimientos militares hacia la zona fronteriza y Guyana ha hecho lo mismo, los que nos pone en una escalada de tensiones muy peligrosa que nos lleva a preguntarnos si ambos países están dispuestos a ir a la guerra”, dice la especialista en seguridad y defensa Rocío San Miguel. 

La escalada se originó el mes pasado por la decisión de Maduro de convocar a un referendo de cinco preguntas para diciembre próximo sobre la soberanía del Esequibo, entre ellas si los sufragantes están de acuerdo en incorporar a esa región a Venezuela como un estado más, lo que la oposición considera un intento del presidente para exacerbar el nacionalismo con fines político-electorales.

“Es muy evidente que con el tema del Esequibo el régimen trata de alentar el nacionalismo con propósitos electorales y, también, para disminuir la importancia que tuvieron las primarias de la oposición (del pasado 22 de octubre, en las que participaron 2.5 millones de votantes)”, dice el investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, Ronal Rodríguez.

Acuerdo con EU

El gobierno de Maduro firmó el pasado 17 de octubre un acuerdo con representantes de la oposición, mediante el cual Estados Unidos aliviaría las sanciones económicas a Venezuela a cambio de que el régimen de Caracas libere a los presos políticos, levante las inhabilitaciones a las figuras de la oposición y acepte condiciones para realizar elecciones libres y justas en 2024.

Una fuente diplomática dijo a Proceso que esas negociaciones las han llevado a cabo en forma directa representantes del gobierno de Maduro, en especial el diputado Jorge Rodríguez; del mandatario estadounidense Joe Biden, como su asesor especial para América Latina, Juan González, y de la oposición, con Gerardo Blyde a la cabeza.

“Noruega ha actuado como intermediario, pero México sólo ha contribuido como sede de los diálogos”, señaló la fuente consultada.

Cinco días después de la firma del acuerdo en Barbados, la oposición venezolana realizó una consulta popular para elegir al candidato presidencial que se enfrentaría a Maduro el año próximo y el resultado fue que la política derechista María Corina Machado arrasó con el 92% de los votos y que se registró una participación de 2.5 millones de electores.

La respuesta del régimen fue montar una persecución judicial contra los dirigentes de la coalición opositora Plataforma Unitaria y el pasado lunes 30 de octubre el oficialista Tribunal Supremo de Justicia suspendió “todos efectos” de las elecciones internas, incluso su resultado, con el argumento de que se había tratado de un proceso ilegal porque no fue realizado por el también oficialista Consejo Nacional Electoral (CNE).

Estados Unidos respondió que “tomará acciones” si el gobierno de Maduro incumple con la ruta política marcada en el acuerdo de Barbados, lo que quiere decir que el levantamiento parcial de sanciones, que tendría un periodo de seis meses y que incluye la reanudación de la venta de petróleo al mercado estadounidense, podría revertirse.

“Instamos a Nicolás Maduro y sus representantes a cumplir los compromisos que asumieron al firmar el acuerdo de hoja de ruta política en Barbados”, indicó un portavoz del Departamento de Estado.

El director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, Benigno Alarcón, dice a este semanario que la realidad es que Maduro “no está dispuesto a hacer una apertura política porque sabe que una elección presidencial en condiciones de equidad y transparente la tiene perdida”, así que su apuesta es mantenerse en el poder “a cualquier costo”.

Las principales encuestadoras del país coinciden en que el mandatario venezolano es altamente impopular y que la mayoría de ciudadanos quiere un cambio de gobierno.

El director de la encuestadora de la Delphos, dice que un 82% de venezolanos está por la salida de Maduro del poder porque la gente quiere recuperar sus condiciones de vida “y entiende que eso pasa por un cambio político”.

Para Benigno Alarcón, lo que busca el gobierno de Maduro es dar algunas señales positivas a Estados Unidos para aliviar el peso de las sanciones económicas y obtener algún dinero que le permita hacer una campaña “con un mínimo de credibilidad” el año próximo, pero al mismo tiempo sabe que le será difícil lograrlo si no cumple los compromisos políticos que asumió en Barbados.

Esto, dice el maestro en gerencia pública y en seguridad y defensa, pareciera, en principio, un dilema entre ceder en el terreno político con el riesgo de perder el poder, o mantener excluida a la oposición del juego electoral con el riesgo de que el deterioro económico y social del país lleven a un escenario de catástrofe humanitaria.

Pero conociendo como conoce al régimen de Maduro, Alarcón no ve que el presidente de Venezuela enfrente realmente un dilema.

“Yo creo que el gobierno está negado a dar condiciones políticas de equidad a la oposición porque sabe que una elección con esas condiciones la tiene perdida”, asegura y eso, platea, significa que no está dispuesto de ninguna manera a que haya elecciones presidenciales libres, equitativas y con observación internacional el segundo semestre del año próximo, en una fecha por definir.

El profesor de análisis político sostiene que, pese a la pactado en Barbados con la oposición, con el aval de Estados Unidos, “llegado el momento buscarán las razones para no cumplir, a menos que tengan alguna certeza de que pueden ganar, y hoy no podrían ganar”.

De mal en peor

Para Maduro, es crucial que Estados Unidos permita a sus empresas invertir en el sector petrolero y gasífero por la situación de asfixia y quiebra económica que vive el país, en especial el sector público, pero la flexibilización de las sanciones está atada a que el gobierno dé pasos concretos para la celebración de elecciones presidenciales libres en 2024.

Tras la firma del acuerdo de Barbados, el régimen liberó a cinco presos políticos, entre ellos al exdiputado Juan Requesens y al periodista Roland Carreño, pero hasta el momento mantiene las inhabilitaciones contra figuras emblemáticas de la oposición como la candidata presidencial que resultó electa en las internas del 22 de octubre, María Corina Machado.

El gobierno permitió las primarias, lo que hubiera sido impensable sin la firma de ese acuerdo, aunque una vez que estas se realizaron se desató una persecución judicial contra los organizadores de la consulta y el Tribunal Supremo de Justicia acabó por desconocerlas.

El riesgo para el gobierno chavista es que el alivio de las sanciones no acabe de concretarse y que su falta de liquidez para atender asuntos básicos, como el propio funcionamiento de las instituciones públicas, termine por provocar un estallido social.

El economista José Toro Hardy dice a este semanario que la situación económica del país es “bastante grave” por la caída sistemática del Producto Interno Bruto (PIB) desde que Maduro llegó al poder, en 2013, tras la muerte del líder de gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Hugo Chávez.

Entre ese año y 2021 el PIB de Venezuela perdió las dos terceras partes de su valor, y aunque en 2022 la economía volvió a crecer, en 2023 se espera un estancamiento o una reactivación marginal que estaría sujeta a que la flexibilización de sanciones –aplicadas tras el fraude electoral que proclamó la oposición en los comicios de 2018— propicie la llegada de nuevas inversiones.

Toro Hardy señala que, mientras esto ocurre y “si es que ocurre”, el gobierno tiene serios problemas para sostener sus gastos corrientes y aliviar las carencias de la población, “que mayoritariamente pasa hambre y depende de las despensas que les da el régimen para subsistir”.

La Encuesta Nacional sobre Condiciones de Vida (Encovi) 2022 indica que el 81% de venezolanos son pobres y la mitad enfrentan pobreza extrema, mientras que la política social del gobierno ha quedado reducida a la entrega de bonos de cuatro dólares en promedio, y de despensas que tienen una periodicidad mensual o bimestral en la mayoría de los casos.

El deteriorado sistema público de salud solo puede atender a un tercio de la población, señala la Encovi, y el 80% de las familias están en situación de inseguridad alimentaria.

Al mismo tiempo ha resurgido el fantasma de la hiperinflación. En los primeros nueve meses de este año los precios aumentaron en 159%, mientras que la inflación anualizada llegó a 396%, lo que aniquila el poder adquisitivo de la mayoría de la población.

Además, unos 7.5 millones de venezolanos han salido del país, la cuarta parte de la población.

De manera paralela a los diálogos con la oposición, el gobierno venezolano llegó el mes pasado a un acuerdo migratorio con Estados Unidos, con lo cual Washington inició la repatriación masiva, en vuelos charter, de inmigrantes indocumentados venezolanos a su país de origen. 

“Pero todos estos acuerdos se ponen en riesgo cuando Maduro comienza a desconocer la restitución de derechos políticos a los dirigentes de la oposición, y esto hace que Washington reaccione amenazando con acabar con la flexibilización de sanciones, lo que complica más la situación económica”, dice Toro Hardy. 

El experto en la industria petrolera y asesor de María Corina Machado en esa materia señala que la producción de crudo se ubica en apenas 750 mil barriles diarios, lo que genera pocos ingresos a las arcas del gobierno porque la mayoría se va al consumo interno y a pagar la deuda gubernamental con China.

Venezuela, dice, necesita inversiones masivas en el sector petrolero para poder crecer y eso no puede darse con las sanciones vigentes a pesar de que Estados Unidos necesita nuevas fuentes de abastecimiento por los conflictos en el Medio Oriente y de que Venezuela tiene las mayores reservas de crudo en el mundo.

Para el director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, Benigno Alarcón, Maduro está decidido a no arriesgar su permanencia en el poder a cambio del levantamiento parcial de sanciones que propicien una reactivación económica.

“Los gobiernos autoritarios alrededor del mundo entero han demostrado que logran sobrevivir con recursos escasos porque el interés de ellos no es gobernar para ser populares sino mantener el poder, entre otras cosas porque su costo de salida es altísimo. Esto lo vemos en país como Nicaragua”, asegura.

Señala que Maduro sabe que los cambios políticos que se le exigen para poder levantar las sanciones “implicarían, en palabras más palabras o menos, entregar el poder, y eso es algo que no está dispuesto a hacer”.

Puesta en escena

El politólogo y maestro en ciencia política Ronal Rodríguez afirma que Venezuela ya no es una democracia pues el presidente controla los poderes Legislativo, Judicial y Electoral y le ha cerrado todas las puestas a la oposición mediante resoluciones que no tienen ningún sustento legal y que incluyen encarcelamientos e inhabilitaciones.  

“Estamos hablando de una dictadura del siglo XXI que busca fingir que es democrática y que realiza elecciones –señala--, pero en 2024 seguramente vamos a ver una nueva reelección de Maduro en una competencia desigual, unas elecciones de Estado que serán, más que nada, una puesta en escena”.

De acuerdo con Rodríguez, el régimen “va a provechar todo lo que pueda” para lograr la reelección de Maduro, incluso temas “delicados” como disputa territorial por el Esequibo, cuya soberanía Guyana reivindica y ejerce de hecho en la actualidad por un arbitraje internacional que le dio la razón en 1897 pero que Caracas desconoce porque fue “impuesto” por Gran Bretaña, antiguo colonizador del territorio guyanés.  

Venezuela ha insistido en la necesidad de realizar “negociaciones de paz” para tratar de poner fin a la disputa, en el marco del Acuerdo de Ginebra de 1966 en el que las partes se comprometieron a buscar una solución pacífica a través del diálogo directo.

Pero Maduro decidió llevar el asunto a un plebiscito y Guyana respondió con el anuncio de que otorgará nuevas concesiones para la explotación petrolera en áreas marítimas en disputa.

“Esta escalada es muy riesgosa porque ya iniciaron los movimientos militares en ambos países”, asegura la abogada y especialista en defensa y seguridad Rocío San Miguel.

¿Y Latinoamérica qué?

El profesor Benigno Alarcón dice que países como México, Brasil y Colombia, que tienen gobiernos de izquierda, no parecen dispuestos a presionar a Maduro para que se produzca una transición democrática en Venezuela.

“No los veo jugado un papel activo en Venezuela”, señala el profesor, y dice que, además, los mandatarios de esas naciones –Andrés Manuel López Obrador, Luiz Inácio Lula da Silva y Gustavo Petro- tienen muchos problemas internos que atender y no les resulta cómodo defender a un gobierno como el de Maduro.

De López Obrador, señala que hasta ahora sus posiciones han sido más cercanas a Maduro que a los opositores que buscan condiciones electorales justas y equitativas y ha llamado al levantamiento de sanciones económicas al régimen.

“Nadie puede estar a favor de las sanciones, pero su levantamiento es el único incentivo que tiene Maduro para sentarse a negociar condiciones democráticas equitativas con la oposición”, afirma Alarcón y dice que el presidente mexicano tiene una afinidad ideológica con su homólogo venezolano.

El politólogo Ronal Rodríguez sostiene que Maduro ha demostrado ser “un buen amigo de sus amigos” y ha respaldado a Lula y al expresidente ecuatoriano Rafael Correa cuando han sido perseguidos judicialmente en sus países, lo que hace que gran parte de la izquierda latinoamericana en el poder –una excepción es el mandatario chileno Gabriel Boric— “guarde silencio frente a sus prácticas autoritarias y antidemocráticas”.