GINEBRA (apro).- El gobierno de Nicolás Maduro utiliza su aparato represor contra opositores políticos, disidentes, activistas, periodistas, sindicalistas, sociedad civil y todo aquel percibido como contrario al régimen de cara a las elecciones presidenciales del año próximo, afirmó la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela, en un nuevo informe presentado hoy al Consejo de Derechos Humanos.

“La misión tiene motivos razonables para creer que el sistema de justicia penal venezolano se ha utilizado para criminalizar a las personas críticas u opositoras al gobierno o percibidas como tales, y en particular periodistas, sindicalistas, defensores de derechos humanos y activistas políticos. Al imputar arbitrariamente a estas personas delitos, a menudo graves, y someterlas a juicios prolongados con violaciones al debido proceso, el Estado utiliza el sistema de justicia penal para silenciar y castigar la crítica y la oposición al gobierno’’, afirma el informe presentado por Marta Valiñas, presidenta de la misión.

“Continúan cometiéndose en Venezuela violaciones graves a los derechos humanos. Recientemente, estos incidentes se han llevado a cabo de manera más selectiva contra determinadas personas de la sociedad civil, tales como dirigentes sindicales, periodistas y personas defensoras de derechos humanos”, aseguró Valiñas.

“Los mecanismos de represión siguen existiendo, lo que hace que la vigilancia internacional a la vigencia de los derechos humanos sea más crucial que nunca en Venezuela”, agregó Valiñas de cara a las elecciones de 2024.

El informe sostiene que “la estructura represiva del Estado no se ha desmantelado’’ y el Gobierno de Maduro “ha intensificado recientemente sus esfuerzos de reducir el espacio cívico y democrático, coartando las libertades individuales y colectivas y extendiendo su control sobre la labor de personas defensoras de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, medios de comunicación y partidos políticos’’.

Las amenazas, vigilancia y hostigamiento constantes, junto a la difamación y a la censura han sido utilizados por el Estado para silenciar, desalentar y sofocar la oposición real o percibida como tal, se indica en el informe. 

“En conjunto, estos dos tipos de mecanismos, "duros " y "blandos ", conforman un aparato represivo del Estado usado con distintos niveles de intensidad, dependiendo de la naturaleza y la fortaleza de la disidencia social”, señala Valiñas.

“Esto muestra la capacidad de adaptación del Estado para sofocar la crítica”, remarca.

Como ejemplo, el informe hace referencia del caso de un grupo de seis sindicalistas que fueron condenados (08/2023) a 16 años de prisión por la sola razón de reclamar mejoras laborales, después de haber sido detenidos arbitrariamente y de haber sufrido malos tratos tras su detención por más de un año.

La misión de la ONU acusa que “la falta de independencia, y también la actuación deliberada de las instituciones judiciales y constitucionales -como la Contraloría y el Consejo Electoral- coartan los movimientos de líderes sociales y dirigentes políticos. La dinámica en su conjunto asfixia y suprime el debate y la vida política”.

Situación alarmante

“Este panorama es especialmente alarmante en un país que se encamina a las elecciones presidenciales en 2024. Al menos una candidata, María Corina Machado y dos candidatos a las elecciones primarias de la oposición fueron inhabilitados por el Consejo Nacional Electoral, y se unen a la lista de otros reconocidos políticos que también fueron inhabilitados’’, valora el informe. 

Por otra parte, en 2020 la Misión identificó a las Fuerzas de Acción Especial (Faes) del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (PNB) como una de las estructuras más involucradas en ejecuciones extrajudiciales, entre otras violaciones graves de derechos humanos que pueden constituir crímenes de lesa humanidad cometidas en el marco de operaciones de seguridad para combatir la criminalidad.

En el mismo informe, la misión documentó la participación de las Faes en detenciones arbitrarias de personas críticas al Gobierno –algunas de las cuales fueron objeto posteriormente de actos de tortura y malos tratos por parte de los servicios de inteligencia del Estado.

La misión señaló que había indicios de que, a pesar de su supuesta disolución en 2022, existía una continuidad entre las Faes y la nueva Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) de la PNB, creada en julio de 2022. 

Según el informe, la DAET tiene funciones similares y actúa del mismo modo que las Faes. Además, de manera preocupante, la nueva dirección cuenta en su cadena de mando con oficiales de las Faes y de otros cuerpos de seguridad que fueron identificados en el informe de la misión de 2020 como involucrados en violaciones graves a los derechos humanos e incluso crímenes de lesa humanidad.

“La transformación de las Faes en la DAET es un mero cambio de nombre que evidencia la impunidad persistente y la continuidad de las violaciones graves a los derechos humanos”, dijo Valiñas, quien consideró que “es imperativo vigilar la actuación de la DAET para que no actúe en contravención con las obligaciones internacionales del Estado venezolano con respecto a la protección y respeto de los derechos humanos”.

La misión lamentó la falta de cooperación del gobierno venezolano, y continuará trabajando para promover la justicia para las víctimas y la rendición de cuentas para los perpetradores. En este sentido, Valiñas dijo a la prensa que existe la disponibilidad de la misión para enviar los hallazgos del presente informe a la Corte Penal Internacional .

En su respuesta al informe, el embajador de Venezuela Héctor Constant Rosales descalificó el informe tachándolo como “la síntesis de la antítesis del sistema de DDHH’’. Llamó a la presentación del informe “show mediático’’, “vendedores de falacias” y que sus alegaciones son “burdas mentiras”.