BOGOTÁ (AP) — El Estado colombiano y la mayor disidencia de la antigua guerrilla de las FARC anunciaron la suspensión de acciones ofensivas bilaterales, la cual entrará en vigor el domingo a la medianoche, en un acto marcado por tensiones y reclamos de dirigentes campesinos.

La mesa de diálogo incluyó a representantes de la disidencia autodenominada Estado Mayor Central, una facción armada que se desligó y nunca firmó el histórico acuerdo de paz de 2016 entre el gobierno y las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tras cinco décadas de conflicto.

El líder del Estado Mayor Central es Néstor Gregorio Vera, alias "Iván Mordisco", un excomandante de las extintas FARC que fue incluido por Estados Unidos en la lista de Terroristas Globales Especialmente Designados. Fue dado por muerto en 2022 por el anterior gobierno del presidente Iván Duque, y recientemente reapareció para negociar.

"A partir de este momento se ordena tanto por la organización nuestra e igualmente por el presidente de la República la suspensión de operaciones ofensivas entre nuestras fuerzas", anunció Andrey Avendaño, representante del Estado Mayor Central.

La medida fue ratificada por el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, quien dijo: "damos el primer paso en este proceso para abrir una mesa que construirá y se construirá en los territorios con las voces de todas y todos".

Previamente hubo un momento álgido en el acto, cuando dirigentes campesinos lanzaron consignas contra el gobierno porque temían que no se llegara a un acuerdo. La transmisión se interrumpió y posteriormente, al reanudarse, se hizo el anuncio de la suspensión de acciones ofensivas.

En una declaración conjunta al cierre de la jornada, las partes reconocieron que requieren "un mayor alistamiento previo" para formalizar el cese bilateral al fuego, lo que ocurrirá con la firma del decreto ejecutivo por parte del gobierno el 16 de octubre.

Además, se explicó que la suspensión de las acciones ofensivas es un mecanismo para "proteger a la población civil y disminuir los efectos de la confrontación".

En tanto, el coordinador de la delegación gubernamental, Camilo González, precisó que en los siguientes días se afinarán los protocolos, reglas, compromisos y mecanismos de protección, así como un"acuerdo especial para la transformación territorial" de esas zonas afectadas por la violencia armada.

El acto se llevó a cabo en Tibú, un municipio fronterizo con Venezuela que por décadas ha estado en medio del conflicto y que en los últimos años ha visto el proceso de avance y fortalecimiento de las disidencias de las FARC. Al lugar acudieron cientos de personas de la región y de otras partes de Colombia como el Guaviare o el Cauca, así como autoridades locales y representantes de la comunidad internacional.

"Que la palabra dulce fluya para que sigamos caminando en la construcción de paz en todo el territorio", dijo más temprano el líder indígena Feliciano Valencia en nombre de la delegación gubernamental, al declarar instalado el evento.

Por su parte, Avendaño aseguró que el Estado Mayor Central está comprometido "con la paz con justicia social" y con el cese al fuego bilateral, ello con el fin de llevar "alivio humanitario" a las comunidades víctimas de la confrontación armada.

En el acto intervinieron autoridades locales, dirigentes campesinos, productores y habitantes de los territorios afectados, que coincidieron en expresar su esperanza de que la jornada concluyera con el cese de hostilidades, lo que a la postre ocurrió, y la recuperación de su derecho a la paz y al desarrollo social.

El poder de la disidencia ha ido en ascenso. Según cálculos de las fuerzas armadas colombianas, lo que empezó con grupos pequeños y fraccionados de decenas de hombres armados se ha consolidado hasta alcanzar casi 5.000 insurgentes, que se financian con rentas ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal.

El inicio del diálogo ha estado rodeado de incertidumbre y tensión entre las partes. Días antes, la disidencia detonó dos coches bomba en las cercanías de estaciones de policía en el suroeste del país, que causaron la muerte de dos personas y dejaron heridas a siete. En respuesta a las acciones violentas, el gobierno reforzó las operaciones militares enfocadas en asegurar el control de las zonas y golpear al narcotráfico.

"No nos podemos vestir de revolucionarios y ser traquetos (narcotraficantes); eso no se permite", reclamó el martes a la disidencia el presidente Gustavo Petro durante un discurso en Cauca, en el suroeste.

Se trata del segundo cese al fuego bilateral desde que iniciaron los acercamientos con la llegada de Petro al poder hace un año.

En enero establecieron una tregua, pero esas intenciones de negociación de paz con la disidencia se vieron torpedeadas en mayo tras la masacre de cuatro menores de edad en el departamento del Putumayo, en el sur del país, fronterizo con Ecuador. La acción criminal fue atribuida al Estado Mayor Central, y Petro suspendió el cese del fuego bilateral en los departamentos de Caquetá, Guaviare, Meta y Putumayo.

Elizabeth Dickinson, analista senior para Colombia del International Crisis Group, explicó a The Associated Press que es importante que cesen no solamente los choques entre la fuerza pública y las disidencias, sino que también se incluya el cumplimiento del derecho internacional humanitario, se especifiquen qué acciones están prohibidas —como reclutar niños— y se proteja a la población.

"Lo que vimos en las primeras experiencias de cese al fuego este año fue un control social más fuerte. Todos los grupos armados, no sólo el EMC, consolidaron su control sobre las comunidades en cuanto a las reglas de comportamiento y la presión sobre las juntas de acción comunal", aseguró Dickinson.

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, señaló en un informe divulgado el jueves que confía en que los pasos recientes hacia la reducción de la violencia se "materializarán y producirán beneficios tangibles, como es el deseo de las comunidades en las zonas afectadas por el conflicto".

La población civil ha sufrido una nueva ola de violencia desde que la antigua guerrilla dejó las armas, y múltiples grupos armados se disputan el control territorial y de economías ilegales. Las autoridades han señalado a la disidencia Estado Mayor Central de ser los autores de algunos asesinatos contra líderes sociales y contra ex guerrilleros de las antiguas FARC.