MADRID (EUROPA PRESS).- El gobierno de Colombia y el Estado Mayor Central de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) anunciaron este sábado que instalarán una mesa de diálogo, aunque el emplazamiento y la fecha están aún por determinar.

“Las delegaciones del Gobierno Nacional y del Estado Mayor Central de las FARC-EP, reunidas en el municipio de Suárez, Cauca, entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre de 2023, reiteran su voluntad de dialogar y crear las condiciones necesarias para alcanzar las profundas transformaciones políticas, sociales, ambientales, económicas y culturales que se necesitan para hacer una Colombia más equitativa y justa”, reza el comunicado conjunto.

El acuerdo preliminar consta de 11 puntos que tienen el objetivo de “impulsar y contribuir a un acuerdo político” que “erradique de manera definitiva las causas que generan el actual conflicto social y armado”, priorizando durante el proceso “el respeto a la vida, las libertades y los plenos derechos de los civiles”.

En primer lugar, se pacta la instalación de una mesa de diálogo “con toda su arquitectura jurídica, política, en presencia de la comunidad internacional”, y se ratifican “como garantes y acompañantes permanentes” la Misión de Verificación de la ONU, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP-OEA), la Conferencia Episcopal de Colombia y el Consejo Mundial de Iglesias.

Aunque aún no se ha decidido fecha ni lugar para la mesa, el acuerdo prevé que delegaciones del gobierno y del Estado Mayor Central de las FARC se reunirán desde el 17 de septiembre de 2023 “para evaluar, hacer seguimiento y ajustar los compromisos adquiridos de generación de confianzas y anunciar la fecha de instalación de la mesa de los diálogos de paz”.

Entre los objetivos de la mencionada mesa destaca la voluntad de efectuar un “trabajo conjunto” con “ajuste a los protocolos de respeto a la población y al cese al fuego bilateral y temporal de carácter nacional”, así como la “protección de las comunidades y población civil en general”.

En ese sentido, el acuerdo propone el cese al fuego bilateral como vía para “reducir la confrontación y la violencia” y desarrollar acciones que “propicien la participación de la sociedad en el proceso de paz, minimicen los riesgos para la seguridad y protección de la población civil y las comunidades, de los integrantes (de las FARC) y (contribuyan a) la construcción de confianza entre las partes en conflicto”.

Misiones humanitarias y generación de confianza

En el marco de esa alianza se desarrollarán ocho misiones humanitarias de verificación en los departamentos de Antioquia, Arauca, Cauca, Huila, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Sur de Bolivar, “con la finalidad de formular recomendaciones de aplicación del DIH (Derecho Internacional Humanitario) con base en la escucha amplia a toda la ciudadanía e instituciones”.

Además, se creará una “Comisión Accidental con carácter especial para la resolución de contingencias”, conformado por delegados y delegadas del Gobierno Nacional, en la que tendrán representación tanto los firmantes como los acompañantes designados.

“Las partes continuarán desarrollando la concertación de medidas y acciones de generación de confianza, que tienen como objetivo el respeto, la protección de la participación de la población civil en el proceso”, añade el séptimo punto, en el que se aclara que “las medidas podrán ser anunciadas por las partes”.

Reservado el derecho a la legítima defensa

Al final del documento se matiza, no obstante, que “las partes se reservan su legítimo derecho a la defensa y mantendrán sus propias medidas de seguridad y acciones necesarias en el marco de respeto al Derecho Internacional Humanitario”.

Pese a esta reserva, los firmantes han reiterado su “firme intención de avanzar hacia la construcción de un acuerdo de paz que ponga fin a la confrontación armada y que propenda por el logro de una paz integral, estable y duradera, con justicia social y ambiental”.

A este fin, se comprometieron a establecer “los dispositivos y mecanismos de seguridad y de protección para las delegaciones de diálogos de paz de ambas partes”.

El “histórico encuentro” entre el Ejecutivo colombiano y el Estado Mayor Central de las FARC constituye la primera reunión conjunta de las delegaciones de paz.