GINEBRA (apro).- La nicaragüense Anexa Brendalee Alfred Cunningham miembro del Mecanismo de Expertos de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas (EMPRIP en inglés), nunca se imaginó lo que viviría cuando salió de Nicaragua para asistir por primera vez a la reunión del grupo de expertos que tuvo lugar a principios de julio de este año en esta ciudad. Por un lado el régimen de Daniel Ortega la desterró negándole la entrada a su país natal por cooperar con el sistema de derechos humanos de la ONU y por su parte la ONU, la ha dejado sola.

“Antes de tomar el vuelo de regreso me dijeron que el gobierno no autorizaba mi entrada a Nicaragua”, dijo a Proceso la experta del EMRIP.

Alfred Cunningham, indígena de la costa caribeña con antepasados británicos, fue nominada para pertenecer al grupo de expertos de la ONU a partir de abril de este año, nombramiento que aceptó ya que a todas luces es una distinción para los que tienen una trayectoria en el ámbito de la defensa de los derechos humanos. A su regreso a Nicaragua al hacer su conexión en Ámsterdam para volar a México y de ahí a su país, la línea aérea (Aeroméxico) le notificó que por disposiciones del régimen de Ortega no podía entrar a su país.

“También me bloquearon la cuenta de banco”, deploró Alfred Cunningham.

La experta nicaragüense narra el periplo que vivió cuando de un día para el otro fue “desterrada” como represalia por asistir a la sesión, “desde mi parecer la única razón de esta decisión es mi mandato en el EMPRIP’’, cuyo trabajo, dicho sea de paso, es benévolo, es decir que no percibe un sueldo por su labor de ninguna oficina de la ONU. Solamente sus viáticos, hospedaje y viajes son financiados por el Consejo de Derechos Humanos y la oficina del ACNUDH.

Cuenta cómo la represión ha arreciado a partir de que el gobierno de su país se ha alejado del sistema de la ONU: “dejó su membresía en la OEA, ha negado todo lo que venga de órganos de derechos humanos, rechaza los informes del Alto Comisionado, ni siquiera se presentaron a los exámenes del Comité Contra la Tortura (CAT) ni al Comité sobre la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) y negaron el informe de la Comisión de investigación del Consejo de Derechos Humanos’’.

“Tienen una política de silencio, de aislamiento y estas son las represalias que toman contra personas activistas, defensores, periodistas, antes lo que hacían era no dejarnos salir del país, ahora lo que hacen es no dejarnos volver”, lamenta.

De un día para el otro “me quedé en el aire, todo se te desploma”, dice la defensora de pueblos indígenas quien manifestó su agradecimiento a Suiza por extenderle su visado tres meses más.

Desamparada por la ONU

La experta en pueblos indígenas aceptó gustosa su mandato en el EMRIP de la ONU, pero ahora que necesita más que nunca su apoyo se encuentra “desamparada”. Si bien agradece que la ONU la apoyó con los gastos durante un mes, son las ONG las que han salido en su auxilio.

El embajador de Argentina Federico Villegas, presidente del Consejo de Derechos Humanos, reconoció no saber qué hacer en esta situación, narra Alfred Cunningham y confesó que Villegas reconoció que “el caso los había rebasado”. De igual modo, ella pidió hablar con Michelle Bachelet quien en ese entonces era la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos, pero no le concedieron la reunión.

Villegas se puso en contacto con el Representante Permanente de Nicaragua y había solicitado aclaración de la situación, así como la cooperación del Gobierno para rectificar el asunto en numerosas ocasiones desde que ocurrió el incidente y autorizar su regreso. Sin embargo, el régimen de Ortega aún no ha dado respuesta a la solicitud de aclaración del presidente del Consejo ni a sus garantías de que la Sra. Alfred Cunningham pueda regresar a Nicaragua sin amenazas o temor a represalias.

Asimismo, expresó su grave preocupación e hizo hincapié en que todos los expertos designados por el Consejo de Derechos Humanos deberían poder cumplir sus mandatos sin temor a represalias o represalias de ningún tipo.

“Te sentís en el limbo”, exclama y se queja porque la ONU “no hace un estudio de riesgos a la hora de nombrar a sus expertos” y cuando sucede un problema como este no tienen cómo resolverlo y le dicen que no pueden apoyarla económicamente, sobre todo en Ginebra que es una de las ciudades más caras del mundo “y además porque yo vine a cumplir con mi mandato en la ONU, no estaba de paseo”.

“Si me hubiesen dicho que tomaba este puesto bajo mi responsabilidad, sin ningún tipo de inmunidad o garantías, pues lo hubiera pensado”, confiesa y acusa que la oficina del ACNUDH le señala que “no había fondos al menos para ayudarme durante un plazo razonable en el que me pueda establecer y ver qué voy a hacer”.

De los 193 países miembros de la ONU, Suiza ha sido el único que le ha ofrecido apoyo extendiendo el visado para su estancia en el país, “pero ninguno de los países, ni siquiera los miembros del Consejo de Derechos Humanos me ha tendido una mano. Toda la carga ha quedado en mí”.

Finalmente, la experta nicaragüense remarca que decidió hablar con este semanario y contar su historia porque “con el silencio te vulneran más tus derechos”.