GINEBRA (apro).– La "detención arbitraria y discriminatoria" de uigures y otros musulmanes en la región de Xinjiang de China puede constituir un crimen de lesa humanidad, dijo la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en un informe largamente esperado.

"El alcance de la detención arbitraria masiva y discriminatoria de los uigures y otros grupos predominantemente musulmanes... puede constituir crímenes de lesa humanidad", dijo el informe de la ONU citando una de las categorías más graves establecidas en el derecho internacional.

Bachelet, quien ha enfrentado críticas de algunos diplomáticos y grupos de derechos humanos por ser demasiado blanda con China, publicó el informe minutos antes de que terminara su mandato de cuatro años. Visitó China en mayo.

El extenso informe dice que "se han cometido graves violaciones de los derechos humanos" en Xinjiang "en el contexto de la aplicación del gobierno de estrategias contra el terrorismo y el extremismo".

El informe de Bachelet recomendó al gobierno chino que tome medidas inmediatas para liberar a todos los detenidos en centros de capacitación, prisiones o centros de detención.

Violaciones a los derechos reproductivos

Por otra parte, el informe sostiene que “hay indicios creíbles de violaciones de los derechos reproductivos a través de la aplicación coercitiva de las políticas de planificación familiar desde 2017”.

Agrega que la falta de datos del gobierno "hace que sea difícil sacar conclusiones sobre el alcance total de la aplicación actual de estas políticas y las violaciones asociadas de los derechos reproductivos".

La evaluación se basa en una revisión rigurosa del material documental actualmente disponible para la Oficina, con su credibilidad evaluada de acuerdo con la metodología estándar de derechos humanos. Se prestó especial atención a las leyes, políticas, datos y declaraciones del propio Gobierno.

La Oficina de Bachelet "también solicitó información y entabló diálogo e intercambios técnicos con China a lo largo del proceso".

La información se evaluó en relación con el derecho internacional de derechos humanos aplicable y se basa en el trabajo de varios mecanismos de derechos humanos de la ONU.

Los grupos de derechos humanos acusan a Beijing de abusos contra unos diez millones de uigures, una minoría étnica principalmente musulmana en la región occidental de Xinjiang, incluido el uso masivo de trabajos forzados en campos de re-educación considerados más bien como campos de concentración. Se estima que un millón pudieran estar en prisión por cargos de terrorismo. Estados Unidos ha acusado a China de genocidio.

La oficina de Bachelet reveló que hace más de un año se estaba llevando a cabo una investigación sobre las denuncias de genocidio en Xinjiang. Pero la publicación de las conclusiones de la misma se retrasó varias veces, lo que provocó acusaciones de algunos grupos occidentales de derechos humanos de que Pekín estaba instando a Bachelet a enterrar los hallazgos del informe.

Incluso en las últimas horas antes de que se publicara el informe, China estuvo presionando a Bachelet para que no lo publicara. En una conferencia de prensa el jueves pasado, Bachelet admitió que estaba bajo una "tremenda presión para publicar o no publicar" el informe.

China se defiende

En respuesta al informe explosivo de Bachelet, la misión de China ante las Naciones Unidas en Ginebra criticó sus hallazgos sobre violaciones de derechos humanos en la región de Xinjiang y consideró que el documento estaba "basado en desinformación y mentiras fabricadas por fuerzas antichinas".

El documento, que afirma que el pueblo uigur y otros de religión musulmana podrían haber sido víctimas de crímenes contra la humanidad cometidos por las autoridades chinas, "distorsiona las leyes y políticas de China, calumnia sin motivo e interfiere en asuntos internos", sostiene un comunicado de la misión diplomática circulado en Ginebra.

Piden investigación internacional

Por su parte, las ONG como Amnistía Internacional y Human Rights Watch consideraron que los hallazgos del informe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU sobre los abusos contra la minoría uigur en China justifican que se cree un mecanismo internacional que siga esta investigación y determine responsabilidades.

Alegan que corresponde al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas crear ese mecanismo investigador, "que todos los Estados miembros tienen la obligación moral de apoyar", porque lo contrario sería "quedarse en el lado equivocado de la historia".

"Debe haber una rendición de cuentas por los crímenes contra la humanidad del Gobierno chino, lo que incluye la identificación y procesamiento de los individuos sospechosos de ser responsables", insistió Amnistía Internacional, que en el pasado también elaboró un informe sobre la situación de los uigures en la región de Xinjiang.