CIUDAD DE MÉXICO (apro).-En vísperas de la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, California, Human Rights Watch  (HRW) alentó a los gobernantes de la región a “comprometerse a poner fin a políticas migratorias abusivas y a garantizar que quienes buscan protección sean recibidos en cualquier parte del continente”, en particular en México, país que ha endurecido su política migratoria para “impedir” que migrantes y solicitantes de asilo “lleguen a Estados Unidos”.

Al presentar un reciente informe sobre los obstáculos que el gobierno mexicano impone a solicitantes de asilo, que el año pasado superó las 130 mil personas, la organización con sede en Washington resaltó que el presidente Joe Biden continúa “negando el asilo a en la frontera sur de Estados Unidos y ha presionado al presidente Andrés Manuel López Obrador a intensificar los esfuerzos por detener la migración y aumentar las restricciones sobre quienes pueden ingresar a México o viajar dentro del país”.

El informe de HRW se basa en más de un centenar de entrevistas realizadas entre agosto de 2021 y abril de 2022, de manera telefónica y presencial en Tapachula, Ciudad de México y Tecún Umán, Guatemala.

Se recabaron testimonios de  personas migrantes, de funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), de servidores públicos de los gobiernos de Guatemala y Honduras, y se revisaron así como datos estadísticos que alertan sobre la crisis humanitaria en la frontera sur de México.

De acuerdo a datos oficiales, en 2021, México detuvo a 307 mil 569 migrantes, mientras que 130 mil 863 personas solicitaron la condición de refugiado, “la tercera cantidad más elevada a nivel mundial, según el organismo de las Naciones Unidad para los refugiados, ACNUR”, datos que contrastan con los de hace una década en que “solamente unos pocos miles de personas presentaban solicitudes en México cada año”, apuntó la organización.

Resaltó que la mayoría de las personas que solicitan la protección “son personas negras, morenas e indígenas de América Central y el Caribe que no tienen visas para entrar a México”; en 2021, casi la mitad de los peticionarios eran haitianos, mientras que alrededor del 70% de los solicitantes de asilo lo hacen en Tapachula, donde están obligados a permanecer en tanto se resuelve su situación migratoria.

La organización resaltó que se ha rebasado con mucho la capacidad para procesar las solicitudes de asilo, pues en 2021 la Comar sólo procesó 38 mil de más de 130 mil peticiones, pese a que ACNUR “paga muchos de los costos operativos básicos de la Comar, incluyendo las dos terceras parte de los salarios del personal”.

De acuerdo al informe, el año pasado ACNUR aportó 4.5 millones de dólares a la Comar, mientras que el gobierno federal “contribuyó con poco más de 2 millones de dólares”, a lo que se suman los aportes de gobiernos estatales de espacios para oficinas y centros de refugiados.

“Delegar la política migratoria estadunidense a México ha dado lugar a graves abusos y obligado a cientos de miles de personas a esperar en condiciones nefastas para solicitar protección”, destacó Tyler Mattiace, investigador de HRW para América Latina, tras resaltar que los migrantes “cruzan la frontera sur de México huyendo de violencia y persecución” en sus países de origen.

El investigador insistió en que la Cumbre de las Américas “es una oportunidad para que los líderes de la región, incluyendo a los presidentes Biden y López Obrador, se comprometan a implementar un acuerdo regional migratorio que ponga fin a medidas de mano dura y priorice los derechos humanos”, tomando en cuenta que el gobierno estadunidense anunció que durante el evento que se llevará a cabo en Los Ángeles, se firmará una declaración sobre migración y protección.

“Cualquier acuerdo firmado debe incluir compromisos para restaurar y expandir el acceso a la protección en todo el continente y poner fin a aquellas políticas de control migratorio que han dado lugar a abusos”, apuntó HRW.