GINEBRA (apro).– El Comité de la ONU contra la Tortura (CAT) expresó su preocupación por la ola represora en las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba y denunció juicios sumarios contra manifestantes, detención de defensores de derechos humanos, artistas y periodistas.

Los informes recibidos por el CAT documentan malos tratos como golpizas, insultos, amenazas de carácter sexual, registros corporales integrales, aislamiento en celdas oscuras, uso de gas pimienta, exposición a altas temperaturas dentro de vehículos policiales, y abandono de personas retenidas en zonas remotas, sostienen los expertos del CAT en un documento publicado en Ginebra luego de la revisión del estado cubano sobre su cumplimiento de la Convención de la ONU contra la Tortura.

En el informe, el CAT da cuenta de presuntas detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y malos tratos ocurridos en el marco de las protestas sociales del 11 de julio de 2021, aunque “toma nota del rechazo del Estado parte ante estas alegaciones”.

También “preocupa al Comité las denuncias de juicios sumarios sin garantías del debido proceso, restricciones a la movilidad, limitaciones en el acceso a internet y actos de repudio”; además, “lamenta la insuficiente información del Estado parte sobre la investigación y el enjuiciamiento de las denuncias vinculadas a abusos cometidos en este contexto”.

El CAT recomienda a Cuba: “Investigar de modo pronto, independiente, y exhaustivo, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables del uso excesivo de la fuerza y malos tratos ocurridos durante las protestas sociales del 11 de julio de 2021 y asegurar que las víctimas reciban una reparación integral adecuada.

Urge al gobierno de La Habana a “establecer protocolos que regulen la actuación de las fuerzas del orden durante las protestas sociales, conforme a las normas internacionales de protección de derechos humanos”.

Intimidación y amenazas a periodistas y artistas

El CAT recomienda al gobierno de Miguel Díaz-Canel adoptar las medidas necesarias para prevenir y cesar las detenciones arbitrarias, actos de hostigamiento, intimidación, amenazas y descalificación de defensores de derechos humanos, periodistas, artistas y sus familiares.

“Así como garantizar que los actos de hostigamiento, represión e intimidación sean debidamente investigados y los responsables sancionados”, remarca.

Pide asegurar que todas las personas estén protegidas frente a la intimidación y la violencia a las que podrían exponerlas sus actividades o el ejercicio de sus libertades de opinión, expresión y circulación, así como sus derechos de asociación y reunión pacífica, además le exhorta a establecer un mecanismo nacional independiente de protección de defensores de derechos humanos, periodistas y otros actores de la sociedad civil.

Confesiones obtenidas por coacción

El CAT menciona informes concordantes recibidos sobre el uso de métodos coercitivos en interrogatorios, en particular, agresiones físicas, incomunicación prolongada, aislamiento, exposición a cambios bruscos de temperatura y amenazas.

En este sentido “el Estado parte adoptar medidas inmediatas para poner término a las prácticas coercitivas en los interrogatorios y adoptar todas las medidas necesarias para asegurar en la práctica la inadmisibilidad de cualquier declaración obtenida mediante tortura”.

Otra recomendación de los expertos de la ONU a La Habana es “garantizar que cuando se denuncie que una declaración se obtuvo mediante tortura se investigue de inmediato y la carga de la prueba no recaiga en la víctima, sino en el Estado”.

De igual forma, deben ampliar los programas de formación profesional dirigidos a fiscales y jueces, a fin de asegurar su capacidad para detectar e investigar eficazmente todas las denuncias de tortura y malos tratos utilizando medios de interrogación no coercitivos.

El Comité lamenta que Cuba no haya establecido un mecanismo independiente para la presentación e investigación de denuncias por actos de tortura y malos tratos.

Según la información que tiene el CAT, en el periodo 2017-2021, la Fiscalía General habría atendido 11 mil 151 quejas presentadas por personas privadas de libertad o sus familiares, de las que solo un 7% tuvieron un resultado favorable a los reclamantes.

Entre 2012 y 2019, la Fiscalía Militar investigó dos mil 76 quejas contra funcionarios de orden interior por presuntos maltratos, aplicando 293 medidas disciplinarias, 37 sanciones penales y tres medidas administrativas

“En este sentido, observa el CAT, llama la atención del Comité que la delegación del Estado parte afirmara durante el diálogo que no existen casos de tortura registrados durante el periodo examinado. Asimismo, preocupa el reducido número de sanciones impuestas por maltratos, y que el Estado parte no haya facilitado información detallada al respecto.

En ese contexto el gobierno cubano debe establecer un mecanismo de queja específico e independiente que permita recibir denuncias de tortura y malos tratos, y garantizar que todos estos actos sean investigados de manera pronta e imparcial, sancionar adecuadamente a los responsables y proporcionar una reparación integral a las víctimas, incluida una indemnización adecuada y su rehabilitación.

El CAT insta a velar por que, en los presuntos casos de tortura y malos tratos, “los sospechosos sean suspendidos de sus funciones de forma inmediata y durante toda la investigación, en particular cuando exista riesgo de que, en caso contrario, estén en condiciones de repetir el acto denunciado o de obstruir la investigación, o cuando exista riesgo de represalias”.

Según el CAT, el gobierno debería garantizar que los denunciantes y los testigos de actos de tortura reciban la protección y asistencia necesaria, así como crear un registro centralizado y público de denuncias, investigaciones, enjuiciamientos, sanciones y condenas sobre casos de tortura y malos tratos.

Muertes en custodia

El Comité “lamenta que el Estado parte no haya presentado información estadística completa respecto de las personas privadas de libertad fallecidas durante el periodo en examen. Conforme a la información incluida en el informe periódico, las enfermedades cardiovasculares serían la principal causa de deceso entre la población reclusa. Durante el periodo examinado el Estado parte registró un promedio de unas 100 muertes en custodia al año, sin que en ningún caso se determinara la responsabilidad de servidores públicos ni se detectaron signos de violencia corporal durante las autopsias”.

El CAT urge asegurar que todos los casos de muerte durante la privación de libertad sean investigados con prontitud y de forma imparcial por un órgano independiente, teniendo debidamente en cuenta el Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas.

De igual forma, investigar cualquier posible responsabilidad de funcionarios públicos en la muerte de personas en custodia, y cuando corresponda, castigar debidamente a los culpables y proporcionar una indemnización justa y adecuada a los familiares.

Llama a compilar y publicar información pormenorizada sobre los casos de muerte de personas privadas de libertad y las causas; potenciar las medidas para mejorar la calidad de la atención médica y sanitaria que se dispensa a las personas privadas de libertad, así como revisar la eficacia de las estrategias y programas de prevención del suicidio y de la violencia entre reclusos.

También debe evaluar los programas existentes de prevención, detección y tratamiento de las enfermedades crónicas, degenerativas e infecciosas en las cárceles.

Prisión provisional

Otro de los puntos de preocupación para el CAT son los informes que indican el uso prolongado de la prisión provisional, especialmente en el caso de personas que habrían sido privadas de libertad presuntamente por motivos políticos, a pesar del carácter excepcional de esta medida cautelar.

“Si bien el CAT toma nota de la información proporcionada por el Estado parte en la que se indica que alrededor del 12% de la población reclusa se encuentra en prisión provisional, y que se ha mejorado el control de la tramitación de los expedientes en fase preparatoria por el fiscal y el registro de personas privadas de libertad en dependencias del Ministerio del Interior, el Comité lamenta no contar con datos estadísticos desglosados sobre el número de personas privadas de libertad, entre ellas aquellas sujetas a prisión provisional, y la poca transparencia del sistema penitenciario”.

El Comité recomienda al Estado parte adoptar las medidas necesarias para garantizar que la prisión provisional se utilice solo de manera excepcional y durante el menor tiempo posible, y sin exceder el periodo previsto por la ley. El Estado también debe contar con un registro actualizado de personas privadas de libertad, desglosado por nombre, sexo, edad, origen étnico o nacionalidad, condición de discapacidad, su situación procesal y el lugar de detención, sugiere el CAT

Malas condiciones en las cárceles

El CAT tomó nota de que los establecimientos penitenciarios se encuentran al 81% de su capacidad, pero lamenta que no se cuenta con datos estadísticos oficiales y actualizados relativos a la población reclusa. Según lo informado durante el diálogo, entre 2017 y 2021, la Fiscalía General habría realizado 39 mil 160 inspecciones en establecimientos penitenciarios y locales de detención.

“Sin embargo, el Comité sigue seriamente preocupado por las informaciones recibidas en las que se denuncian condiciones de detención inadecuadas, como en el caso del establecimiento penitenciario La Condesa en Mayabeque. Preocupan, en particular, los informes sobre hacinamiento, insalubridad y falta de ventilación, atención médica deficiente, malnutrición, provisión insuficiente de agua potable y medicamentos, así como las informaciones que indican un elevado número de huelgas de hambre, y las denuncias sobre patrones de maltratos y tortura hacia los reclusos, que incluirían agresiones físicas y verbales, restricciones injustificadas del régimen de visitas, traslados a centros penitenciarios alejados de su entorno familiar y el uso prolongado de celdas de aislamiento’’.

El Comité insta a Cuba a destinar los recursos necesarios para continuar los programas de rehabilitación y recuperación de las instalaciones, garantizar la correcta alimentación, el acceso a agua potable y la atención médica y sanitaria de los reclusos, así como la mejora de las condiciones de higiene y saneamiento en los centros de detención.

Independencia de jueces y abogados

En este apartado, el CAT lamenta también que Cuba no haya proporcionado suficiente información sobre las condiciones de nombramiento de jueces y los motivos que podrían propiciar su destitución.

Por otra parte, preocupan al Comité las restricciones al ejercicio independiente de la abogacía puesto que únicamente los miembros de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos pueden ejercer la profesión en el Estado.

“El Estado parte debe velar por la plena independencia, imparcialidad y eficacia de la fiscalía general y del poder judicial, en particular asegurándose de que el nombramiento de los jueces se ajuste a las normas internacionales pertinentes, incluidos los Principios Básicos relativos a la Independencia de la Judicatura. Debe asegurar también el respeto del derecho a la libre asociación y al ejercicio independiente de la abogacía, conforme a los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados’’.

Tipificación de la tortura

Entre otros puntos del informe, el CAT insta a La Habana “a tipificar el delito de tortura de conformidad con el artículo 1 de la Convención y a que se castigue con penas adecuadas a su gravedad, además debe velar también por que el delito de tortura no pueda ser objeto de prescripción ni de amnistía’’.

Finalmente, el CAT acoge con satisfacción la presentación del tercer informe periódico de Cuba y la información que contiene, así como las respuestas del Estado a la lista de cuestionamientos realizados por los expertos. Sin embargo, “lamenta que haya sido presentado con más de dos años de retraso’’.