MADRID (apro).- Mientras crece la polémica política por los beneficios a los condenados por delitos sexuales consecuencia de un error de técnica jurídica en la nueva Ley de Garantías de la Libertad Sexual –ley del solo sí es sí—, el abogado de 'La Manada' anunció este jueves que presentará un recurso en la Audiencia de Pamplona (norte de España) para que el tribunal rebaje la pena a uno de sus defendidos, condenado a 15 años de prisión.

Los cinco hombres de La Manada, como se autodenominaba este grupo de amigos de Sevilla, fueron sentenciados por una violación grupal cometida durante los Sanfermines (en Pamplona), en 2016; la indignación popular por el caso provocó grandes protestas y movilizaciones en las calles del movimiento feminista en toda España.

El abogado Agustín Martínez anunció en Sevilla que espera presentar en poco más de una semana el recurso que busca beneficie a Ángel Boza, condenado a 15 años de cárcel por la violación grupal a una joven madrileña. El reo ha cumplido un tercio de su condena. Los otros cuatro miembros de La Manada cumplen condenas superiores a los 20 años, ya que suman otras penas por abusos sexuales en Pozoblanco (Córdoba, sur de España) y no podrían beneficiarse de ninguna rebaja que permite el error en esta ley.

A su vez, el tema de la brecha en la ley ha provocado una serie de reacciones desde las asociaciones de jueces y de fiscales por las declaraciones que la víspera hizo la ministra de Igualdad, Irene Montero (de Unidas Podemos), que culpó a los jueces de no estar “cumpliendo” con la ley, “por su machismo”, y que esa era la razón por la que estaban rebajando las condenas a violadores a raíz de la entrada en vigor dicha ley.

Durante una entrevista en radio ayer, Montero no hizo autocrítica y, por el contrario, consideró que hubo una mala interpretación de la ley. No obstante, que desde febrero del año pasado, un informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya le advertía al ministerio que la redacción de algunos de sus artículos abría la puerta a una interpretación que beneficiaría a los reos con rebajas de las condenas, pero las recomendaciones no fueron tomadas en cuenta.

Por el contrario, en la polémica desde Podemos han subido el tono y cargado contra los jueces, a los que llamaron “fachas con toga” y, prácticamente, prevaricadores, por no aplicar la ley como ellos piensan que se debía hacer.

Estas descalificaciones han provocado reacciones y declaraciones reprochando esas declaraciones de una ministra del Poder Ejecutivo. Las respuestas proceden al igual de organizaciones de jueces y de fiscales conservadoras y progresistas.

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha pedido la dimisión de la ministra Irene Montero. En un comunicado, la APM expresa su “más enérgico rechazo” a “las descalificaciones” de la ministra de Igualdad y otros responsables de esa institución, que han subido el tono contra los jueces.

“Las últimas declaraciones efectuadas por la ministra de Igualdad, Irene Montero, se suman a sus ataques constantes a los jueces y juezas de este país y resultan intolerables e inadmisibles en una democracia, por ello, desde la Asociación profesional de la Magistratura exigimos su inmediata dimisión”, señala el comunicado de la asociación mayoritaria de jueces.

En el comunicado trasladan la responsabilidad a la imprevisión del ministerio las rebajas de condena y puntualiza que “acudir a descalificaciones generalizadas con fundamento en pretendidos prejuicios y estereotipos, en lugar de asumir con honestidad la posibilidad de que la norma pueda dar lugar a interpretaciones que puedan resolverse, por imperativo de los básicos principios penales”, lo que considera “falsa” e “injusta”.

En otro comunicado, Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD), de carácter progresista, alegó que desde el Ministerio de Igualdad no se haya alcanzado a prever esa consecuencia no justifica que se arremeta contra los jueces y juezas tachando sus decisiones como “justicia machista” o considerando que se trata de una aplicación defectuosa de la ley”, y “considera desafortunadas e injustas” las declaraciones de Victoria Rosell, quien formó parte de esta asociación y se separó para incorporarse a Podemos y luego al gobierno como delegada para la Violencia de Género.

El Foro Judicial Independiente ha pedido la dimisión de Montero, “dada la gravedad de las acusaciones vertidas y el infantilismo de tratar de proyectar a otros la responsabilidad por actos propios”.

Mientras tanto, en todo el territorio varios jueces han ido rebajando condenas obligatoriamente por la brecha en la ley. Por ello, el Tribunal Supremo prevé definir un criterio general ante esta situación, al alcanzar en próximas semanas recursos presentados por condenados por delitos sexuales que le lleven a pronunciarse sobre cómo aplicar las penas tras la entrada en vigor de la Ley de Garantía de la Libertad Sexual.