MADRID (apro).– La rendija legal provocada por una omisión legislativa en la Ley de Garantías de la Libertad Sexual –llamada ley del "solo sí es sí"–, una reivindicación del gobierno de Pedro Sánchez (coalición PSOE-Podemos), está provocando reducciones de penas en los casos de algunos condenados por delitos sexuales.

Las primeras revisiones de sentencias le estallaron al gobierno español en la cara, que ahora espera una definición de los órganos jurisdiccionales para ver cuáles son los siguientes pasos, pero ya se baraja una reforma urgente para tapar la brecha jurídica a la ley.

Al empezar a aplicar la norma, que entró en vigor el 7 de octubre pasado, los tribunales tuvieron que hacer efectivos preceptos que, contradictoriamente, benefician a los condenados. Fue el caso del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, y con el acuerdo de la Fiscalía, rebajó en dos años la pena de prisión impuesta a un hombre que violó a una mujer a la que conoció por la red social Tinder.

En la Audiencia Provincial de Madrid se han revisado cinco casos, como el de un pederasta sentenciado por abusar de la hija menor de su pareja, quien se benefició con la reducción de dos años en su pena, porque la nueva norma obliga el nuevo criterio de aplicar una sentencia a la baja. Se le redujo de ocho a seis años.

Asimismo, un profesor de inglés condenado por abusar de varios alumnos permite que se le despenalicen dos de los episodios por los que fue condenado.

Por separado, los tribunales superiores de Justicia de Murcia y de Baleares fallaron este miércoles a favor de dos hombres condenados por delitos de carácter sexual, publica el diario El Mundo. En el caso de Baleares, son dos hombres, que abusaron de una mujer, y ya fueron dejados en libertad.

Agustín Martínez, el abogado de La Manada, el mediático caso de los cinco sevillanos que violaron a una mujer en los Sanfermines (en Pamplona, en 2016) anunció que iba a pedir una revisión de la condena de 15 años de sus defendidos, publicó el Diario de Sevilla.

Las primeras resoluciones judiciales provocaron roces entre ministros del gobierno de coalición (PSOE-Unidas Podemos), pero que el presidente Sánchez zanjó advirtiendo que el gobierno seguirá los criterios que marquen los tribunales. “Corresponde a los tribunales y la Fiscalía el unificar esa doctrina para extraer conclusiones”, dijo el mandatario desde Bali, donde participó en la cumbre del G20, ante una posible propuesta que restriña el error en la norma.

Sánchez defendió que esta ley es una “conquista feminista”, tiene el objetivo de “proteger y dar más garantías”, dar “más seguridad a las mujeres”, al convertir en delito todo tipo de agresión sexual, sin embargo, los tribunales están reduciendo las penas a los condenados por una rendija abierta en esta norma y que se ignoró, a pesar de ya haber sido advertida en un informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En febrero de 2021, el CGPJ enumeraba en un informe una serie de deficiencias que detectaba en la redacción del anteproyecto –que después sería aprobado en el Congreso de los Diputados–, como el hecho de que provocaría la revisión a la baja de las condenas en las que se hubiera impuesto penas máximas conforme a la ley anterior, el punto clave que ahora está beneficiando a los condenados.

El informe señala que en el tipo de agresión sexual se establece una pena de uno a cuatro años, mientras que la anterior lo marcaba de uno a cinco años. En caso de violación, el anteproyecto (finalmente aprobado) preveía una pena de prisión de cuatro a 10 años, mientras que antes se penaba de seis a 12 años, y en el caso de abusos sexuales con penetración las penas son cuatro a 10 años.

Otra brecha en la nueva ley es que no se incluye un límite a la retroactividad de esta ley, lo que está generando que todos los condenados con penas superiores a los nuevos mínimos previstos en los distintos tipos penales puedan verse beneficiados con recortes en sus condenas.

La ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, dijo el martes que se abre la puerta a corregir la ley. Pero desde miembros de Unidas Podemos en el gobierno, como la exjueza Victoria Rosell, se criticó a la “justicia machista” y a que se estaba cayendo en una “interpretación voluntarista judicial de la ley y contra del feminismo”.

Sin embargo, el presidente Sánchez rebajó ambas posturas y confió en esperar a la jurisprudencia del Tribunal Supremo para dar los próximos pasos, e insistió en que el objetivo de la norma es “proteger a las mujeres”.

El 6 de julio de 2021, Proceso explicaba algunos pormenores de esta reforma al Código Penal español, en la ley del “solo sí es sí”, que mantiene el consentimiento expreso para mantener relaciones como la columna vertebral de dicha norma.

Ese día, el Consejo de Ministros aprobó la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, un año y cuatro meses después de su debate y ajustes en el seno del gobierno, para luego ser aprobada en su trámite parlamentario en las Cortes (Congreso de los Diputados y Senado español).

La norma define la distinción entre agresión y abuso sexual, redefine el consentimiento e incluye medidas en todos los ámbitos para la protección de las víctimas de la violencia sexual, un tipo de violencia machista relegada hasta ahora en las políticas públicas.

Precisamente, la agresión a la joven por parte de La Manada, en julio de 2016, encendió el debate sobre los delitos sexuales y sobre la revictimización de las mujeres que sufren violencia sexual, mas aún, cuando la justicia no ofreció una respuesta al caso, primero al emitir dos sentencias que calificaron los hechos como abuso sexual, y no agresión sexual.

Esto provocó la indignación entre las mujeres y colectivos feministas que se lanzaron a las calles para protestar bajo los lemas “yo sí te creo” y “no es abuso, es violación”.

El Tribunal Supremo español finalmente emitió un auto que constató que sí se trató de una violación sufrida por la joven a manos de los cinco hombres.

A la llegada del nuevo gobierno se propuso legislar al respecto. Sin embargo, en su confección la redacción dejó esa brecha que está siendo aprovechada por las defensas de condenados de delitos sexuales.