MADRID (EUROPA PRESS).- La oficina de la ONU para los Derechos Humanos ha reclamado una acción "urgente" en Birmania para evitar que el caos generado por el golpe militar del 1 de febrero derive en un conflicto a gran escala y frenar lo que es ya una "catástrofe" en materia de libertades y derechos, con abusos que equivaldrían a crímenes de guerra y contra la humanidad.

La oficina que dirige la expresidenta chilena Michelle Bachelet ha publicado su último informe sobre la situación del país asiático y, de nuevo, señala a las Fuerzas Armadas (Tatmadaw) como responsables de violaciones de los Derechos Humanos.

Más de 1.120 personas han muerto desde el golpe a manos de las fuerzas de seguridad, que han pasado de abusar de su poder contra manifestantes para crear una "atmósfera de terror" a directamente perpetrar ejecuciones sumarias y disparar de forma indiscriminada.

Sólo el 27 de marzo hubo al menos 130 fallecidos en todo el país, 17 de ellos menores de edad, mientras que el 9 de abril murieron otras 82 personas en la localidad de Bago fruto de una represión en la que los militares llegaron a utilizar proyectiles de artillería y lanzagranadas contra los manifestantes.

Birmania vive "una catástrofe de Derechos Humanos que no muestra signos de calmarse" y en la que el uso de la fuerza letal por parte de las autoridades y las detenciones masivas están a la hora del día: más de 8.000 personas han sido arrestadas y unas 120 de ellas han muerto bajo custodia.

"Medidas contundentes"

La Alta Comisionada para los Derechos Humanos no ve que las Fuerzas Armadas birmanas estén haciendo esfuerzo alguno "para detener las violaciones y aplicar las recomendaciones previas para atajar la impunidad y reformar el sector de la seguridad", hasta el punto de que seguirían perpetrándose torturas o violándose libertades básicas como la de reunión o expresión.

Esta inacción, ha añadido Bachelet, "subraya la urgente necesidad de medidas contundentes de rendición de cuentas". En este sentido, ha recordado que las autoridades birmanas se comprometieron con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) a iniciar un diálogo y poner fin a la violencia.

La ONU alude en su informe a que el uso de la fuerza letal contra manifestantes ha llevado a que algunos opositores al régimen actual tomen las armas. Así, en las últimas semanas, ha habido una intensificación de la represión coincidiendo también con una mayor resistencia por parte de los grupos armados.

Bachelet, que ya ha expresado en los últimos meses su temor a una guerra civil, ha tachado de "terribles y trágicas" las consecuencias de esta escalada de las tensiones a nivel nacional, pero ha advertido también de "profundos" efectos a nivel regional.

"La comunidad internacional debe redoblar sus esfuerzos para restaurar la democracia e impedir un conflicto más amplio antes de que sea demasiado", ha reclamado.