Pegasus

Bachelet pide imponer moratoria por venta de software de espionaje como Pegasus

La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sostuvo que estas tecnologías representan “retos desconocidos para el núcleo de la democracia y la libertad”.
miércoles, 15 de septiembre de 2021 · 13:19

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante el Consejo Europeo, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, urgió la comunidad internacional a imponer un moratorio sobre la venta de tecnologías de espionaje como el spyware Pegasus, que fue usado por regímenes autoritarios –entre ellos México-- para espiar ilegalmente a periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos.

Tras denunciar el uso descontrolado y opaco de estas tecnologías, revelado entre otros en el Pegasus Project, una investigación periodística internacional a la que participó Proceso, Bachelet sostuvo que estas tecnologías representan “retos desconocidos para el núcleo de la democracia y la libertad”.

“Las revelaciones recientes sobre los abusos repetidos de estos malware son una señal de alarma”, sostuvo.

“Un mercado de tecnologías de la vigilancia ha florecido de manera peligrosa en las sombras, lejos de la supervisión de la justicia y del escrutinio público, tanto en países autoritarios como en democracias”, planteó la política, y añadió: “la opacidad que prevalece y la falta de regulación crearon las condiciones perfectas para que aspiraciones de seguridad se transformen en nuevas medidas de represión”.

Y, haciendo eco a un exhorto que expresó Edward Snowden, después de la publicación del Pegasus Project, Bachelet aseveró: “Es tiempo por una pausa. Como expertos ya han hecho énfasis, hasta que se garantice el cumplimiento con los estándares de derechos humanos, los gobiernos deben implementar un moratorio sobre la venta y la transferencia de tecnologías de vigilancia”.       

Por su parte, el comisionado europeo Didier Reynders, planteó ante el Parlamento Europeo la necesidad de investigar y sancionar a los responsables de intervenir los celulares de periodistas y activistas.

“La comisión condena cualquier acceso ilegal a sistemas, y cualquier intervención ilegal de las comunicaciones de un integrante de la Comunidad; es un delito en toda la Unión Europea”, refrendó.



 

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