GINEBRA (apro).- Expertos de la ONU en derechos humanos pidieron hoy a todos los Estados que impongan una moratoria global sobre la venta y transferencia de tecnología de vigilancia hasta que hayan implementado regulaciones sólidas que garanticen su uso de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos.

“Es sumamente peligroso e irresponsable permitir que la tecnología de vigilancia y el sector comercial operen como una zona libre de derechos humanos”, advierten los expertos en un comunicado conjunto emitido en Ginebra.

“Nos preocupa profundamente que se estén utilizando herramientas intrusivas altamente sofisticadas para monitorear, intimidar y silenciar a defensores de derechos humanos, periodistas y opositores políticos”, remarcan.

"Tales prácticas violan los derechos a la libertad de expresión, privacidad y libertad, posiblemente ponen en peligro la vida de cientos de personas, ponen en peligro la libertad de los medios de comunicación y socavan la democracia, la paz, la seguridad y la cooperación internacional", afirman.

Hace dos años, el entonces Relator Especial de la ONU sobre Libertad de Opinión y Expresión publicó un informe sobre el peligroso impacto de la tecnología de vigilancia en los derechos humanos y recomendó una moratoria inmediata sobre su venta y transferencia hasta que se adoptaran las regulaciones internacionales que incorporan salvaguardas de derechos humanos. Sin embargo, la comunidad internacional “no escuchó su llamado”.

El 18 de julio de 2021, Forbidden Stories y Amnistía Internacional expusieron la vigilancia generalizada de los dispositivos móviles de cientos de periodistas, defensores de los derechos humanos y líderes políticos, utilizando el software espía Pegasus del Grupo NSO. Un trabajo de investigación al que se sumó Proceso.

A pesar de la evidencia, el Grupo NSO rechazó de inmediato las acusaciones sobre su participación en estas prácticas ilegales.

Señalan que “dada la extraordinaria audacia y desprecio por los derechos humanos que muestra tal vigilancia generalizada”, si la negación de la colusión por parte del Grupo NSO tiene alguna credibilidad, la compañía debe revelar si alguna vez llevó a cabo una debida diligencia significativa en materia de derechos humanos en alinear los principios rectores de la ONU sobre negocios y derechos humanos y debería publicar resultados de investigaciones internas realizadas sobre este tema.

“También instamos a Israel, como país de origen del Grupo NSO, a revelar completamente las medidas que tomó para revisar las transacciones de exportación de NSO a la luz de sus propias obligaciones de derechos humanos”, agregan.

“Es deber de los Estados verificar que empresas como el Grupo NSO no vendan ni transfieran tecnología ni contraten a Estados y entidades que estén dispuestos a utilizarlas para violar los derechos humanos”, zanjan los expertos.

“En los últimos años hemos dado repetidas veces la alarma sobre el peligro que representa la tecnología de vigilancia para los derechos humanos. Una vez más, instamos a la comunidad internacional a desarrollar un marco regulatorio robusto para prevenir, mitigar y reparar el impacto negativo de la tecnología de vigilancia en los derechos humanos y, en espera de eso, adoptar una moratoria en su venta y transferencia”, urgieron.

“El derecho internacional de los derechos humanos exige que todos los Estados adopten salvaguardias legales nacionales sólidas para proteger a las personas de la vigilancia ilegal, la invasión de su privacidad o las amenazas a su libertad de expresión, reunión y asociación”, rematan los expertos.

Entre los firmantes se encuentran Irene Khan relatora especial para libertad de expresión; Mary Lawlor, relatora especial sobre defensores de derechos humanos; Clement Nyaletsossi Voulé, relator especial sobre el derecho de reunión pacífica y asociación y el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la cuestión de derechos humanos y empresas transnacionales y otras empresas comerciales.

Finalmente, los expertos en derechos humanos de la ONU revelan que “están en comunicación directa con el gobierno de Israel y el grupo NSO”.