CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Cinco agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en México se sumaron a la indignación respecto a las nuevas prácticas antimigrantes implementadas de manera conjunta por los gobiernos de Estados Unidos y México, las cuales consisten en expulsar migrantes centroamericanos hasta municipios fronterizos de México, y posteriormente abandonarlos del lado guatemalteco de la frontera sur.

La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONUDH), la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) expresaron su “preocupación” ante la práctica iniciada este fin de semana.

“Además de las devoluciones en frontera, desde la semana anterior dieron inicio vuelos desde Estados Unidos hacia el sur de México con personas expulsadas bajo Título 42. Esta nueva medida, lejos de terminar con estas restricciones, sitúa a las personas migrantes y solicitantes de asilo en una situación de mayor vulnerabilidad y en riesgo de ver violado su derecho a la no devolución, entre otros”, denunciaron las agencias en un comunicado.

Y abundaron: “La covid-19 representa importantes desafíos para todos los países, por lo que trasladar personas de un país a otro bajo argumentos de salud pública no es una respuesta viable”.

La nueva política es un paso adelante en la aplicación del Título 42, una medida controvertida que empleó la administración de Donald Trump para retornar a decenas de miles de personas a México de manera sistemática, usando como pretexto la pandemia de covid-19.

“Estas personas son expulsadas desde Estados Unidos, sin pasar por un mecanismo de identificación de necesidades de protección ni protocolos sanitarios, y sin tener acceso al sistema de asilo en dicho país, encontrándose en un limbo jurídico en la frontera norte de México”, recalcaron las agencias, las cuales subrayaron que la aplicación del Título 42 provocó una saturación de los albergues en la frontera norte de México, dejando a las personas migrantes en un “limbo jurídico”.