CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante la divulgación del informe Pegasus Project, que reveló la intervención de al menos 50 mil teléfonos de activistas, periodistas y políticos -- 15 mil dispositivos en México--, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachalet, urgió a “regular mejor la venta, transferencia y uso de tecnología de vigilancia y garantizar una supervisión y autorización estrictas”.

En un comunicado fechado en Ginebra, la expresidenta de Chile consideró “extremadamente alarmantes”, las informaciones relacionadas con el uso del software Pegasus para vigilar ilegalmente a diversos sectores de la sociedad, lo que confirma “algunos de los peores temores” sobre el uso de la tecnología para “socavar los derechos humanos de las personas”.

Alertó que “sin marcos regulatorios que cumplan con los derechos humanos, existen demasiados riesgos de que se abuse de estas herramientas para intimidar a los críticos y silenciar a la disidencia”.

La Alta Comisionada lamentó que el uso ilegal del software esté relacionado con “arrestos, intimidación e incluso asesinatos de periodistas y defensores de derechos humanos”, y con la autocensura “por miedo”.

La Alta Comisionada recordó que los periodistas y defensores “juegan un papel indispensable en nuestras sociedades y cuando son silenciados todos sufrimos”.

La funcionaria de la ONU resaltó que los softwares Pegasus y Candiru, y otros que permiten la “intrusión detallada en los dispositivos personales”, ponen en riesgo en todos los ámbitos de la vida de un individuo, de ahí que su uso debe restringirse “en investigaciones de delitos graves y de amenazas a la seguridad”.

Para Bachelet, de confirmarse el uso de Pegasus para espiar a periodistas, activistas y disidentes políticos, “esa línea roja se ha cruzado con total impunidad”, por lo que “los gobiernos deben cesar inmediatamente el uso de tecnologías de vigilancia que violen derechos humanos”.

Recordó a los Estados que las medidas de vigilancia “sólo se justifican en circunstancias definidas rigurosamente y con un objetivo legítimo que las haga necesarias”.

Aunado a ello, los Estados “tienen el deber de proteger a las personas de las trasgresiones del derecho a la privacidad por parte de las empresas”.

Abundó que, para evitar el abuso de la tecnología de vigilancia, los Estados deben exigir por ley “que las empresas involucradas cumplan con sus responsabilidades en materia de derechos humanos, sean mucho más transparentes en relación con el diseño y uso de sus productos y establezcan mecanismos de rendición de cuentas más efectivos”.

Bachelet apuntó que tanto la ONU-DH como otras agencias de la ONU han alertado “del riesgo de que las autoridades de los países usen esas herramientas de espionaje para piratear teléfonos y computadoras personales de periodistas, activistas y opositores que lleven a cabo una labor legítima “.

Urgió a los gobiernos “tomar medidas concretas para proteger contra las invasiones de la privacidad regulando la distribución, uso y exportación de la tecnología de vigilancia creada por un tercer actor”.

La Alta Comisionada consideró que “las empresas que desarrollan y distribuyen esas tecnologías son responsables de evitar daños a los derechos humanos por medio de salvaguardas que mitiguen y remedien los daños que sus productos están causando”.