MADRID (EUROPA PRESS).- Un grupo de relatores independientes de Derechos Humanos de Naciones Unidas expresó "su profundo malestar" tras la decisión de Japón de verter agua contaminada de su planta nuclear de Fukushima en el océano Pacífico, lo cual, aseguraron,  traerá consigo "riesgos considerables" para el bienestar de la población local y el medio ambiente.

"La liberación de un millón de toneladas de agua contaminada en el medio marino impone riesgos considerables para el pleno disfrute de los derechos humanos de las poblaciones afectadas dentro y fuera de las fronteras de Japón", señalaron los expertos.

El grupo está formado por los relatores especiales sobre tóxicos y Derechos Humanos, Marcos Orellana; sobre el Derecho a la alimentación, Michael Fakhri; y sobre Derechos Humanos y medio ambiente, David Boyd.

La decisión, tomada años después del desastre ocurrido en 2011, "es particularmente decepcionante, ya que existen soluciones alternativas al problema", lamentó el trío.

Además, hizo saber al gobierno nipón que dicho vertido radiactivo amenaza la salud de las personas y el planeta.

Aunque las autoridades japonesas aseguran que el agua no supone un riesgo, los expertos defendieron que las tecnologías utilizadas para depurar ese millón de toneladas de líquido, no lograron limpiarlo por debajo de los niveles reglamentarios.

"Recordamos a Japón sus obligaciones internacionales de prevenir la exposición a sustancias peligrosas, realizar evaluaciones de impacto ambiental de los riesgos que puede tener la descarga de esa agua, prevenir daños ambientales transfronterizos y proteger el medio marino", enfatizaron.

El gobierno nipón anunció esta semana su intención de liberar más de un millón de toneladas de agua contaminada de la central de Fukushima Daiichi al mar, con el apoyo de la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA), lo que suscitó críticas por parte de China, Corea del Sur y Taiwán.

Corea del Sur protestó fuertemente desde entonces y convocó al embajador japonés para abordar el asunto. Una coalición de 25 organizaciones de pescadores convocó a una protesta y entregó a la Embajada de Japón una carta en la que pidieron a Tokio revocar su decisión.

Está previsto que el proceso de vertido inicie dentro de dos años y dure décadas, según las previsiones de las autoridades. Una comisión del Ministerio de Economía, Comercio e Industria concluyó en febrero de 2020 que liberar el agua en el mar y evaporarla eran opciones viables, aunque la primera era técnicamente más factible y fue respaldada por la AIEA.