MADRID (EUROPA PRESS).- El gobierno de Japón anunció este martes que procederá a liberar al mar el agua radiactiva tratada de la dañada planta nuclear de Fukushima tras haber determinado que no constituye un problema de seguridad y a pesar de las críticas a nivel internacional.

La decisión se anunció después de que el primer ministro japonés, Yoshihide Suga, se reuniera con varios miembros de su gabinete para formalizar la medida, que se produce finalmente diez años después del desastre provocado por un fuerte terremoto y un tsunami.

"La eliminación del agua tratada es un tema inevitable en el desmantelamiento de la planta de Fukushima Daiichi", explicó Suga en la reunión, donde detalló que el plan se implementará "al tiempo que se garantiza que los estándares de seguridad sean aprobados por un amplio margen y se tomen medidas firmes para evitar posibles daños", según recogió la agencia de noticias Kiodo.

Se pone así fin al debate que duró más de siete años sobre qué hacer con esa agua almacenada, que se prevé llene los tanques de almacenamiento de la instalación nuclear a mediados del año 2022. En septiembre, el agua almacenada ascendía a 1.23 millones de toneladas y llenaba mil 44 tanques.

El proceso comenzará dentro de dos años y podría durar décadas, según las previsiones de las autoridades. Una comisión del Ministerio de Economía, Comercio e Industria concluyó en febrero de 2020 que liberar el agua en el mar y evaporarla eran opciones viables, aunque la primera era técnicamente más factible y ha sido respaldada por la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA).

Los pescadores y residentes locales se han opuesto a esta medida debido a los temores de que los consumidores eviten consumir los productos de la zona, mientras que organizaciones de la sociedad civil han mostrado su preocupación por el posible impacto ambiental que podría tener la liberación del agua.

El presidente de la Cooperativa de Pescadores de Japón, Hiroshi Kishi, indicó que este vertido es "totalmente inaceptable" y volvió a mostrar su inconformidad con la medida.

La ONG Greenpeace condenó también la decisión y subrayó que "vulnera los derechos humanos y los intereses de la población de Fukushima, Japón y otros países de la región de Asia-Pacífico".

Críticas internacionales

El gobierno de Corea del Sur no tardó en reaccionar y criticó duramente la decisión del Ejecutivo nipón. Seúl, que sigue prohibiendo la importación de productos pesqueros desde Japón, amenazó con un aumento de estas restricciones tras el vertido de agua.

Las autoridades convocaron al embajador japonés en el país, Koichi Aiboshi, para protestar, si bien insistieron en su "firme oposición" a la medida, una postura a la que ha provocado protestas en las calles y a la que se han sumado otros países y territorios, como China y Taiwán.

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Zhao Lijian, manifestó que China ha expresado ya su "grave preocupación al gobierno japonés a través de los canales diplomáticos existentes" y ha pedido al país vecino "gestionar el asunto de forma prudente y responsable".

Por contra, el gobierno estadunidense defendió que Tokio ha sido "transparente" en todo momento y adoptó medidas "aparentemente acordes a los estándares de seguridad en materia nuclear a nivel global".

El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que en "coordinación con la AIEA", Japón ha tomado medidas para gestionar los efectos del accidente nuclear que tuvo lugar en marzo de 2011 en Fukushima, lo que incluye la "monitorización de la radiación, la gestión de residuos y el desmantelamiento".

"Estados Unidos sabe que el gobierno japonés ha examinado todas sus opciones en relación con la gestión del agua tratada que actualmente se almacena en la planta", señala el texto, que apunta a que "se trata de una situación difícil y sin precedentes".

También reaccionó la Comisión Europea, institución que se limitó a mostrar su confianza en que el proceso se lleve a cabo con transparencia y garantizando una "total seguridad" y el cumplimiento de los estándares internacionales al respecto.

"Conocemos la decisión adoptada ayer de empezar a liberar agua de la planta de Fukushima al mar desde 2023. La Comisión espera obviamente que el Gobierno japonés garantice la total seguridad de toda descarga, en total cumplimiento con sus obligaciones nacionales e internacionales", expresó el portavoz europeo de Acción Climática, Tim McPhie, quien después aseguró que Bruselas seguirá este asunto y permanecerá en contacto con las autoridades japonesas.

Respaldo de la AIEA

El director general de la AIEA, Rafael Grossi, aplaudió sin embargo el anuncio de Japón y trasladó su apoyo "para llevar a cabo un plan seguro y transparente", según indicó en un comunicado.

"El método establecido por Japón es factible técnicamente hablando y se encuentra en línea con las prácticas habituales llevadas a cabo a nivel internacional", afirmó.

Para Grossi, la decisión es un "punto de inflexión que ayudará a allanar el camino para la completa descarga de la planta nuclear de Fukushima Daiichi". "Los tanques de agua ocupan grandes áreas y la gestión de la misma, lo que incluye también su vertido (...) es de tremenda importancia para la sustentabilidad de las actividades de desmantelamiento", dijo.

Asimismo, hizo hincapié en que la decisión de Tokio "concuerda con las prácticas a nivel global, incluso si se trata de un caso tan complicado y diferente como el de Fukushima". "La seguridad nuclear es una responsabilidad nacional y por eso ha sido decisión del Gobierno abordar la situación y tomar medidas", sostuvo.

En este sentido, señaló que espera que las autoridades "sigan teniendo en cuenta todas las partes de forma transparente" a medida que se implementa la liberación de agua al mar, una cuestión para la que ya ha sido solicitada la ayuda de la AIEA. La agencia confirmó así que acompañará a Japón en el proceso.