CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Gaspar Cobo y Francisco Chávez, líderes maya-ixiles de derechos humanos y defensores de sus tierras ancestrales, testificaron para apoyar los cargos de genocidio contra el general guatemalteco Efraín Ríos Montt. Ahora esperan que Estados Unidos les brinde asilo político.

En junio de 2019, ambos se vieron obligados a huir de Guatemala al recibir amenazas de muerte por parte de “los vestigios” del gobierno del dictador y exlíderes militares.

En Guatemala, unos 40 defensores de derechos humanos, compañeros de Cobo y Chávez, fueron asesinados de 2018 a la fecha, y cerca de 700 amenazados.

Carlos Spector, representante de Mexicanos en Exilio, quien logró el asilo para decenas de mexicanos que huyeron víctimas de la guerra contra el narcotráfico, es el abogado de Cobo y Chávez en El Paso, Texas.

Sobre el caso, Spector señaló: “El de Gaspar Cobo y Francisco Chávez es uno de los casos más significativos que he tenido en mi larga carrera como abogado de inmigración. Es un honor brindar a estos activistas de derechos humanos, increíblemente valientes, la representación legal de asilo político como un medio para ayudarlos a avanzar en sus esfuerzos para continuar buscando justicia para el pueblo maya-ixil”.

El próximo viernes 19 se cumple un año más del inicio del juicio por genocidio, en 2013, contra el general Efraín Ríos Montt, que ha marcado las vidas de Chávez y Cobo.

Como sobreviviente de una masacre del ejército guatemalteco, en 1982, Chávez fue testigo clave en el juicio por genocidio contra Ríos Montt, quien se convirtió en el único perpetrador condenado por genocidio contra pueblos indígenas en cualquier parte de América. Cobo acompañó a testigos y sobrevivientes durante el proceso.

Además, fue uno de los asesores técnicos de las Autoridades Indígenas locales, que se resistían a una licencia otorgada por el gobierno guatemalteco a la empresa estadunidense Double Crown Resources, Inc., para extraer reservas de barita bajo sus tierras ancestrales. Se trata de un mineral utilizado en el mundo en el proceso de extracción (fracking) de gas natural.

Cobo fue protagonista del documental “500 años” (Pamela Yates, 2017), y Chávez del filme “El Buen Cristiano” (Izabel Acevedo, 2016). Ambas películas presentaron el juicio por genocidio del general Ríos Montt y se proyectaron a nivel internacional y en Guatemala.

En junio de 2019, luego de un enfrentamiento violento en las calles de Nebaj, Cobo decidió salir del país y Chávez se le unió después de sufrir también una amenaza de muerte.

Al llegar a Ciudad Juárez, Chihuahua, presentaron una denuncia penal formal ante la policía municipal, que los amenazó con enjuiciarlos por difamación. Posteriormente, la asociación Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), con sede en esa ciudad, presentó una denuncia formal ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Chihuahua.

Al escuchar su historia, el abogado de inmigración de El Paso, Carlos Spector, decidió representarlos en su solicitud de asilo.

Junto con Spector se presentaron dos veces en el puente internacional Paso del Norte, intentando ingresar legalmente a Estados Unidos, pero fueron devueltos a Ciudad Juárez en el programa MPP (Migrant Protection Protocols), para permanecer en México 17 meses, y el Hope Border Institute, con sede en El Paso, se aseguró de que los dos hombres recibieran refugio y vivienda.

Pero en noviembre de 2020 se convirtieron en blanco de un cártel mexicano que los extorsionó y amenazó. En este punto, Carlos Spector, temiendo por sus vidas, pudo hacerlos admitir en Estados Unidos y obtener un resultado positivo en su entrevista de “temor razonable”.

Ambos fueron puestos en detención por el ICE en El Paso. Después de dos meses, Spector pudo liberarlos y trabaja junto con Chávez y Cobo en la preparación de su audiencia de asilo para determinar su residencia legal en ese país.

Para Carlos Spector, ellos “no se ven a sí mismos como víctimas permanentes, sino como líderes activistas que seguirán luchando por la democratización de Guatemala y sus comunidades plurinacionales, así como por los derechos de las comunidades inmigrantes aquí en Estados Unidos”.

El abogado recuerda que 10 días después de dictada la sentencia condenatoria por genocidio y crímenes de lesa humanidad en contra de Ríos Montt, el veredicto fue anulado por motivos procesales por el Tribunal Constitucional, y el juicio se fijó para empezar de nuevo.

Ríos Montt murió antes de que concluyera el segundo juicio, lamenta.