CIUDAD DE MEXICO (apro).- “Genocidio azul y blanco”. La denuncia en un cartelón hace referencia a los colores de la bandera de Israel, país que está armando y entrenando al ejército de Myanmar (también conocido como Birmania), que a su vez ha lanzado una campaña de limpieza étnica contra el pueblo rohingya –una de las peores del siglo XXI-- sin que nadie intervenga para detenerla. Los manifestantes que portan dicho cartel se apostaron el martes 31 de octubre frente al edificio del Knesset (Parlamento) israelí en Jerusalén. Algunos de ellos son diputados. Se oponen a que continúe la participación indirecta de este país en lo que ya es descrito en altos niveles como un conjunto de crímenes contra la humanidad. Otra de sus principales consignas es: “Los judíos no arman al mal”. Entre los dirigentes hay dos rivales políticos: Tamar Zandberg, de la disminuida coalición izquierdista Meretz, y Yehudah Glick, del gobernante partido ultraderechista Likud, del primer ministro Benjamin Netanyahu. Aunque unidos en este tema, están aislados y son pocos los que los acompañan. Sólo unas docenas de personas. Algunos medios de comunicación, como el diario israelí Haaretz, han publicado editoriales contra los negocios bélicos de Israel con Myanmar y otros regímenes sangrientos. Pero han tenido poco éxito. El pasado 25 de octubre grupos de derechos humanos llevaron el asunto al tribunal supremo. Pero la decisión de los jueces no cambió la política oficial y todos los documentos han sido sometidos a secreto de sumario, por lo que ni las partes ni la prensa pueden informar al respecto. En Estados Unidos cientos de rabinos firmaron una petición de T’ruah (una organización de ministros religiosos judíos) llamando al cese de la venta de armas israelíes a Myanmar. Por su parte, la Alianza Judío Estadunidense Preocupada por Birmania (JACOB, por sus siglas en inglés) copatrocinó una manifestación frente a la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. Las denuncias son extremadamente graves: si el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU usó el concepto legal “limpieza étnica” para describir la ofensiva militar contra los rohingya, JACOB la llamó genocidio. Su coordinador, el rabino Simcha Weintraub, pidió, “por todos los medios posibles, detener las maquinarias genocidas de Myanmar”. A pesar de que las políticas del gobierno de Netanyahu han provocado cada vez más expresiones de rechazo entre los judíos de la diáspora, en esta ocasión las condenas son minoritarias. Tanto la Conferencia de Presidentes de Grandes Organizaciones Judío Estadunidenses (que es integrante de JACOB) como el poderoso Comité Estadunidense-Israelí de Asuntos Públicos (AIPAC, por sus siglas en inglés) han guardado silencio. Y aunque la Liga Anti-Difamación (uno de los grupos más activos en combatir a los críticos de Israel) envió una carta a Rex Tillerson, secretario de Estado de Donald Trump, fechada el 2 de octubre, para pedir acciones contra el ejército birmano, en ningún momento menciona a Israel ni su rol en este conflicto. Para un país que considera que quienes lo acusan de practicar políticas de apartheid –como las del desaparecido régimen racista blanco de Sudáfrica--, o de llevar a cabo una campaña de limpieza étnica contra los palestinos, están difamándolo y cuestionando su derecho a existir, cualquier liga con regímenes genocidas podría parecer inaceptable e incluso tóxica. No es el caso de Israel, cuyo gobierno e industria militar desestiman las protestas minoritarias en ese país y en Estados Unidos, y mantienen esos multimillonarios intercambios comerciales. Comercio sin escrúpulos El de Israel fue de los pocos gobiernos que no rompió con el régimen sudafricano durante los años en que la comunidad internacional impuso a éste un boicot comercial debido a su política del apartheid. Más aún, diversos organismos internacionales de derechos humanos, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, han acusado a Israel de proveer armas clandestinamente, durante episodios de limpieza étnica y genocidio, en naciones como Ruanda, Etiopía, Chile, Argentina, Sri Lanka, Haití, Guatemala, El Salvador y Nicaragua, así como en la región de los Balcanes. En el caso de Argentina, durante la guerra sucia de los años setenta, en la que fueron desaparecidas o asesinadas unas 30 mil personas, la prensa israelí ha denunciado que su país le vendió 700 millones de dólares en armas a la dictadura militar y que ni siquiera le importó que alrededor de 2 mil de las víctimas fueran de origen judío. En enero de 2014 el diario Haaretz dio a conocer un informe de acceso restringido según el cual Israel vendió armas a por lo menos 42 países, incluido México, durante el periodo de 2008 a 2012. Varios de estos países las utilizaron contra su población. Fueron los casos de Colombia, India, Turquía, Tailandia, Sri Lanka, Turkmenistán, Azerbaiyán, Macedonia, Rusia, Guinea Ecuatorial y Egipto. Incluso, vendió armas a naciones con las que ni siquiera mantiene relaciones amistosas, como Pakistán, Argelia, Emiratos Árabes Unidos y Marruecos. En el caso de Sudán del Sur, donde se inició en 2013 una guerra civil que ha dejado más de 300 mil muertos, Israel rompió el bloqueo de ventas militares decretado por Estados Unidos y la Unión Europea, y suministró armas y equipo de vigilancia a las partes en conflicto. Con ventas en 2016 de por lo menos 6 mil 500 millones de dólares (un incremento de 12.4% respecto de 2015), Israel es el sexto exportador mundial de armas, según la revista especializada en defensa IHS Jane’s, y se ha convertido en un proveedor de regímenes impresentables: cuando éstos no consiguen adquirir arsenales en Estados Unidos o Rusia, siempre pueden acudir al pequeño país de Medio Oriente. “Muchos países occidentales venden armas, pero lo que hace único a Israel es que, donde quiera que se estén cometiendo crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, este país está presente”, sostuvo Eitay Mack, un prominente abogado israelí de derechos humanos, cuando el pasado 25 de septiembre impugnó la venta de armas a Myanmar ante la Corte Suprema de su país. Mack ha presentado numerosos casos en los juzgados de su país con el propósito de promover investigaciones sobre estas transgresiones. Limpieza étnica El gobierno de Myanmar --formalmente dirigido por la Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, pero que en los hechos conserva estructuras de la dictadura militar impuesta en 1962--- mantiene en la lucha contra el pueblo rohingya –de religión musulmana en un país budista-- una de sus razones de ser. La Constitución aprobada por los generales en 1982 no reconoce a los rohingya como ciudadanos del país. El objetivo es expulsarlos hacia el vecino Bangladesh, un estado que está destinado a sucumbir inundado por la subida del océano causada por el cambio climático. Después de varias campañas militares, la actual, iniciada el 25 de agosto, se ha sostenido a pesar de las denuncias de la comunidad internacional. Las autoridades han impuesto un bloqueo total que impide la entrada de periodistas y trabajadores humanitarios en el estado de Rakhine, donde habitan los rohingya, por lo que no hay cifras precisas del número de muertos que han dejado los ataques. Sin embargo, investigadores de derechos humanos de la ONU declararon el 26 de octubre que “los asesinatos, las violaciones, la tortura y los incendios provocados” arrojan una cuota mortal “extremadamente alta”, han obligado a unas 600 mil personas a dejar sus hogares, además de que 40% de las aldeas rohingya ha sido destruido. Según UNICEF, unos 340 mil niñas y niños rohingya carecen de acceso a agua, alimentos y techo en los campos de refugiados de Bangladesh. Las narraciones sobre brutalidades y actos de crueldad contra miembros de esta etnia han colmado las páginas y las pantallas de los medios internacionales, sin que se haya iniciado algún tipo de acción concreta para detenerlas. Lo más que se ha logrado es que Estados Unidos anunciara, el 24 de octubre y después de numerosas denuncias, el retiro de su asistencia militar a Myanmar. Aunque ya había evidencias de ella, la oculta participación de Israel en el suministro de armas, así como en el entrenamiento a unidades especiales del ejército birmano, empezó a salir a la luz en 2015 y 2016, cuando el “hombre fuerte” de Myanmar, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Min Aung Hlaing, subió a Facebook fotos del “viaje de compras” que hizo a Israel: visitó compañías como Israel Aeroespace Industries y Elbit Systems Limited, la principal base de la Fuerza Aérea y las que usan la Marina y el Ejército para operaciones en Gaza. También subió fotos de funcionarios militares israelíes en su palacio en Nay Pyi Taw. Igualmente, la Marina Armada birmana posteó instantáneas de sus nuevas cañoneras Super Dvorak MK III, de fabricación israelí. Poco después, la compañía israelí TAR Ideal Concepts publicó imágenes de su personal entrenando a soldados de las fuerzas especiales birmanas y enseñándoles a usar armas israelíes. En declaraciones al diario Myanmar Times (6 de octubre), el embajador israelí Daniel Dohar Zonshine aseguró que no permitiría que el conflicto rohingya interfiera en el comercio bilateral, ya que “hacemos una diferencia entre las relaciones económicas y la situación en Rakhine. Por el momento, no conectamos ambas cosas”. El diplomático se permitió, además, darle un consejo al país: “La historia, como aparece en los medios internacionales, no ayuda a crear más mercados, no ayuda a promover la imagen”. El gobierno, continuó Zonshine, debería mostrar que, “aunque hay algunos problemas, Myanmar sigue siendo Myanmar. Que no lo defina el conflicto”. “En términos generales, nos subordinamos a todo el mundo ilustrado”, respondió Avigdor Lieberman, ministro israelí de Defensa, a la pregunta sobre la venta de armas a Myanmar hecha por el diputado Tamar Zandberg. “Lieberman miente”, denunció el diario Haaretz en un editorial titulado “Israel está armando criminales”. El texto continúa: “No es la primera vez que Israel sigue este curso de acción. Mintió cuando apoyó crímenes de guerra en Argentina, ignorando el embargo estadunidense, y mintió cuando armó a las fuerzas bosnias que perpetraron masacres, ignorando un embargo de la ONU. Armó las dictaduras militares en Chile y Argentina, y a los contras en Nicaragua, y está armando a las fuerzas del mal en Sudán del Sur”. Para el pueblo judío que sufrió el holocausto, las palabras “nunca más” tienen un significado sagrado. El rabino Weintraub las pronunció en su protesta. De otra forma, el abogado Eytan Mack planteó la misma demanda: “Esperemos que los jueces de la Corte Suprema no permitan que la historia israelí se repita en Myanmar”.