GINEBRA (apro). – A unos días de que se lleven a cabo las elecciones presidenciales en Nicaragua el Colectivo 46/2 –una coalición de ONG internacionales y nicaragüenses– urgió al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a la creación de un mecanismo formado por expertos internacionales para que investiguen y documenten las graves violaciones a derechos humanos que han tenido lugar en el país desde abril de 2018.

 El Colectivo de ONG espera que el mecanismo de investigación tenga el impacto de gran calado que ha tenido la Misión de Establecimiento de Hechos en Venezuela creada por el Consejo, cuyos informes han significado una gran aportación para las investigaciones de la Corte Penal Internacional sobre las graves violaciones perpetradas por el régimen de Nicolás Maduro.

 "Vivimos en una dictadura y no esperamos que cambie pronto. El gobierno de Ortega se ha empeñado en silenciar toda voz crítica y en meter a las y los opositores en la cárcel o forzarlos al exilio. 45 ONG han sido cerradas por criticar al régimen y 7 personas candidatas electorales han sido detenidas. Estas elecciones son una auténtica farsa. En todo caso habría que llamarlas ‘votaciones’ ya que el proceso carece de todas las garantías democráticas para ser calificado como elecciones justas, libres y transparentes", dijo Olga Valle, investigadora de Urnas Abiertas en rueda de prensa. 

"Ortega seguirá en el poder después del próximo domingo 7 de noviembre y la represión contra quienes defienden los derechos humanos y piensan diferente al régimen probablemente se agravará. Tememos sobre todo por la seguridad y el bienestar de las personas que siguen detenidas. Es hora de que la ONU responda con más firmeza", añadió Carlos Quesada, director Ejecutivo de Raza, Igualación y Derechos Humanos.

En marzo de 2021, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó una resolución (46/2) en la que pide al gobierno nicaragüense que adopte una serie de medidas urgentes para solucionar la actual crisis de derechos humanos. Estas medidas se refieren entre otras a garantizar el derecho a la libertad de expresión y asociación, respetar los derechos de los pueblos indígenas, de las mujeres, las personas defensoras de derechos humanos, mejorar el acceso a la justicia y mejorar la cooperación de Nicaragua con los mecanismos internacionales de derechos humanos.

El Colectivo ha hecho un seguimiento de la aplicación de la resolución a lo largo de 2021 y ha concluido que no se ha aplicado ninguna de las recomendaciones. Por el contrario, el gobierno de Nicaragua ha actuado en contra de las recomendaciones de la resolución. Los miembros del Consejo de Derechos Humanos revisarán la resolución en marzo del 2022.

"Creemos que la resolución 46/2 era una de las últimas oportunidades para que el régimen de Ortega demostrara su voluntad de cooperar de buena fe con la comunidad internacional para encontrar una solución a la crisis en el país", explicó Juan Carlos Arce, miembro del consejo de coordinación y coordinador de fortalecimiento organizativo del Colectivo Nicaragua Nunca Más.

"Como el Gobierno no ha hecho esfuerzos para implementar la resolución y ha tomado medidas contrarias a la misma, creemos que es el momento de que la ONU nombre un grupo de personas expertas que pueda investigar las violaciones de derechos humanos que han ocurrido en nuestro país desde hace más de 3 años", añadió Arce.

"Este mecanismo de investigación debe ser capaz de documentar y preservar las posibles pruebas de abusos para que los responsables puedan ser llevados ante la justicia en un futuro próximo. Nicaragua necesita justicia y verdad para salir de esta crisis y recuperarse como sociedad", declaró Raphael Viana, oficial de Programas del Servicio Internacional para los Derechos Humanos.

Llamado a México

La iniciativa para la creación de este mecanismo de investigación cuenta con el apoyo de Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Paraguay y Perú.

México se ha mantenido al margen de las declaraciones que se han hecho en el Consejo de Derechos Humanos sobre la situación en Nicaragua. En junio de este año 59 países firmaron una declaración conjunta a la que México no se sumó, lo mismo pasó con un documento emitido en la sesión de septiembre.

Ante el silencio de México y la falta de condena del gobierno de Palacio Nacional sobre el deterioro de la situación de derechos humanos en Nicaragua, el Colectivo de ONG hizo un llamado a México a sumarse a la iniciativa para que se lleve a cabo una investigación internacional sobre graves violaciones en el país las cuales han sido denunciadas por la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos  Michelle Bachelet y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.