WASHINGTON. (apro) .–La Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento de Justicia de Estados Unidos, sancionó al Ministerio Público de Nicaragua y a 9 funcionario del gobierno del presidente Daniel Ortega, por socavar el sistema democrático de sus país y los derechos humanos de su población

“Esto es en respuesta a las vergonzosas elecciones orquestadas por el presidente Daniel Ortega y la Vicepresidenta Rosario Murillo”, indicó el gobierno del presidente estadunidense Joe Biden.

Los argumentos de la OFAC para castigar al ministerio y a los 9 funcionarios nicaragüenses, matiza que entre octubre de 2020 y junio de 2021, la Asamblea Nacional del país centroamericano aprobó seis leyes que facilitaron la represión y anulación de la oposición en los comicios presidenciales de este mes en los que Ortega se proclamo ganador.

“Entre los (nueve) funcionarios designados se incluyen a múltiples personas implicadas en violencia contra manifestantes pacíficos que participaron en protestas en su país en 2018”, matiza la OFAC.

Los nueve funcionarios sancionados son, Luis Ángel Montenegro Espinoza, José Adrián Chavarría Montenegro, Rodolfo Francisco López Gutiérrez, José Antonio Castañeda Méndez, Mohamed Farrara Lashtar, Salvador Mansell Castrillo, Sadrach Zeledón Rocha, Leonidas Centeno Rivera y Francisco Ramón Valenzuela Blandón.

Tras calificar que las pasadas elecciones presidenciales de Nicaragua fueron una “pantomima”, luego de que el régimen de Ortega y Murillo encarcelaran a 7 candidato presidenciales de oposición y una cuarentena de figuras políticas, Biden prometió que sancionaría a ese gobierno.

“El régimen de Ortega usa leyes e instituciones para detener a miembros de la oposición política y para privar a los nicaragüenses de su derecho a votar”, manifestó por medio de una declaración por escrito, Andrea Gacki, la directora de la OFAC.

La funcionaria agregó que con las sanciones “Estados Unidos envía un mensaje directo a Ortega, Murillo y a su círculo cercano de asesores y funcionarios, de que respalda al pueblo nicaragüense en su derecho de exigir una reforma y regreso a la democracia”.

Las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro implican que, a los afectados se les confiscan las propiedades e intereses que tengan en Estados Unidos o en lugares bajo la jurisdicción de este país.

Se prohíbe toda transacción estadunidense con entidades o empresas pertenecientes a los sancionados o en las que tengan una inversión de más del 50%, y se les hace saber que si promueven la democracia y aplicación de la ley en Nicaragua, se les anulan los castigos.