CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un informe reciente de Amnistía Internacional (AI) revela las omisiones de los gobiernos de América Latina para proteger a personas haitianas en movilidad, que en su recorrido hacia el norte del continente se han convertido en víctimas de “detenciones arbitrarias y expulsiones sin debido procedimiento por parte de las autoridades; extorsiones y discriminación racial contra las personas negras; abusos de grupos armados que incluyen la violencia de género, y falta de acceso a vivienda adecuada, atención de la salud y empleo”.

Érika Guevara Rosas, dirigente regional de AI, indicó que en el informe “Ningún lugar seguro: Las personas haitianas en movimiento necesitan protección internacional urgente”, un equipo de investigadores conformado por integrantes de Amnistía y de Haitian Bridge Alliance (HBA) recogió testimonios de 60 personas haitianas del 11 al 17 e octubre en Tapachula, Chiapas, donde se encuentran miles esperando que se resuelva su solicitud de asilo presentada ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

El documento refiere que en lo que va de este año, 26 mil personas haitianas han solicitado asilo en México, mientras que en 2020 y 2019 fueron 6 mil los que pidieron asilo, de acuerdo con datos oficiales.

Según la misma fuente referida en el informe, menos de la mitad de las solicitudes de protección internacional presentadas por personas haitianas se resolvieron favorablemente, mientras que, para originarios de Venezuela y Honduras, las posibilidades de éxito oscilan entre 97% y 98%, y 84% y 85%, respectivamente.

El texto destaca que ante la crisis social que vive Haití, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, declaró en septiembre que México daría refugio a 14 mil personas de esa nación, sin embargo, hasta ahora sólo 44% de solicitantes de asilo han conseguido la condición de refugiado o protección complementaria.

De acuerdo con información recabada por el equipo de investigación, funcionarios de la Comar señalaron que las personas haitianas no pueden ser consideradas en las solicitudes de asilo porque ya antes pasaron por Chile y Brasil, lo que va en contra del derecho internacional, sin contar con que, en el primer país, el gobierno de Sebastián Piñeira les obstaculizó la regularización migratoria.

Al destacar que la Comar en Tapachula está rebasada, los investigadores de AI/HBA advirtieron que “las autoridades mexicanas de inmigración están llevando a cabo deportaciones masivas a Haití, devolviendo de forma sumaria a personas haitianas a Guatemala o limitando sus movimientos dentro de México al estado de Chiapas”.

Tras el análisis, el informe concluye que “México está tomando medidas que, en la práctica, podrían estar restringiendo el acceso a protección de personas haitianas”, mientras que se está llevando a estas personas a “condiciones de inseguridad y a indigencia debido a la falta de acceso a vivienda adecuada, alimentos y otras necesidades básicas”.

Guevara Rosas declaró: “Mientras la situación política y económica continúa deteriorándose en Haití, lo que facilita violaciones masivas de derechos humanos, secuestros y violencia generalizada, los Estados en la Américas no protegen a las personas haitianas en movimiento, que buscan estabilidad y seguridad, así como garantías de que no serán deportadas a Haití, donde pueden enfrentarse a graves riesgos para sus vidas y su seguridad”.

La directora de Amnistía Internacional para América Latina urgió a los Estados de la región a poner fin a las deportaciones a Haití y demandó medidas de protección para personas haitianas, “como el asilo y otras vías a la residencia legal para que puedan rehacer sus vidas en condiciones de seguridad”.

Recordó que el derecho internacional prohíbe devolver a personas que solicitan asilo “a lugares donde su vida o libertad puedan correr peligro, situación que es claramente aplicable a Haití”, donde se vive una violencia generalizada, violaciones masivas a derechos humanos, incluidos presuntos crímenes de lesa humanidad, tras el asesinato del presidente Jovenel Moise y un reciente sismo.

AI citó datos de la Organización Internacional para las Migraciones, que reveló que entre el 19 de septiembre y el 19 de octubre “países de la región devolvieron a Haití a unas 10 mil 800 personas haitianas, la mayoría desde Estados Unidos”, utilizando como pretexto el covid-19 para aplicar el Título 42 de la legislación migratoria de ese país, que autoriza las expulsiones por razones de salud.

“Nuestra investigación nos dice que no hay ningún lugar seguro para las personas haitianas. Los países de la región deben poner fin de inmediato a todas las deportaciones a Haití y proporcionar a las personas haitianas acceso sin trabas a protección internacional”, consideró la directora jurídica de HNA, Nicole Philips.

La defensora apuntó que los Estados del hemisferio están llamados a “tomar medidas rápidas y efectivas para combatir el racismo y otras formas interseccionales de discriminación dirigidas contra personas migrantes haitianas, por ejemplo, haciendo cumplir las normas que prohíben la elaboración de perfiles raciales por parte de funcionarios públicos y organizando campañas públicas contra la discriminación que aborden el racismo y la xenofobia en la sociedad”.