MADRID (EUROPA PRESS).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tiene previsto firmar una orden ejecutiva este lunes para fortalecer la normativa actual que determinan la prioridad en los contratos públicos del país de las empresas y mano de obra estadunidenses, según informó la Casa Blanca en un comunicado.

De acuerdo con la nueva administración, el objetivo es que "cuando el gobierno federal gaste dinero de los contribuyentes lo gaste en productos hechos por trabajadores y con componentes fabricados en Estados Unidos".

La orden ejecutiva, que todavía tiene que ser firmada por el presidente para entrar en vigor, actualizará el marco legal actual relativo a los contratos públicos federales (no afectará a los contratos procedentes de otras administraciones, como los estados del país). Aunque la normativa da preferencia a empresas americanas, estas provisiones "no han sido siempre implementadas de forma consistente o efectiva", según la Casa Blanca.

Así, Biden incrementará los límites de contenido doméstico, que determinan la cantidad de un producto que tiene que ser realizada en Estados Unidos para ser elegible como un producto "hecho en Estados Unidos" en los contratos públicos. También se elevará la diferencia de precio (a la baja) que tendrá que cumplir un proveedor extranjero para que el gobierno tenga permitido elegirle por encima de un proveedor estadunidense.

"Estas inversiones ayudarán a crear trabajos sindicalizados y bien remunerados y a reconstruir mejor nuestra economía de forma que todo el mundo tenga una oportunidad justa de ser clase media", indicó la Casa Blanca.

Como parte del paquete de medidas previsto en la orden ejecutiva, el Ejecutivo de Biden nombrará a un director en la Oficina de Administración y Presupuesto que supervise la implementación de esta directiva. También se supervisarán de cerca las exenciones previstas y se incentivará el uso de pymes como proveedores.

Uno de los objetivos del nuevo gobierno es invertir en la industria manufacturera estadunidense y esta nueva normativa empleará los 600 mil millones de dólares que gasta anualmente el Ejecutivo en contratos públicos a nivel federal.