MADRID, Esp. (apro).- El Congreso de los Diputados aprobó este jueves el dictamen de la ley de eutanasia para regular en España el derecho a la muerte digna, luego de más de dos décadas de debates púbicos e iniciativas legislativas que resultaron fallidas.

Prevista su entrada en vigor para marzo –una vez que pase por el Senado español—, este dictamen recibió el apoyo de 198 votos a favor, 138 en contra y dos abstenciones.

Los partidos de la derecha y ultraderecha votaron en contra, es decir, el Partido Popular y Vox. Éste último, a través de su diputada Lourdes Méndez, anunció que recurrirá la norma en el Tribunal Constitucional.

Con un mensaje apocalíptico, la legisladora ultraderechista acusó a los partidos que apoyan la norma de “introducir la industria de la muerte en España”. Algunos diputados de esta formación se sumaron a una tímida protesta que protagonizó un grupo fuera del parlamento español mientras se discutía el dictamen.

España sería el cuarto país europeo en aprobar una ley de eutanasia y regular el derecho a la muerte digna, para pacientes con enfermedades extremas y que despenaliza ayudar a morir a estas personas en situaciones muy acotadas y cuando así lo soliciten expresamente.

La iniciativa fue impulsada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) que introduce un nuevo derecho individual, que puede solicitarse en un contexto de sufrimiento “que la persona experimenta como inaceptable y que no ha podido ser mitigado por otros medios”.

Con ello se ampara la autonomía y la libertad del paciente porque “no existe un deber constitucional de imponer o tutelar la vida a toda costa y en contra de la voluntad” de la persona, razona la norma.

Los médicos, sin embargo, tendrán a salvo su derecho a la objeción de conciencia, cuando así lo consideren.

En el debate, el bloque de partidos que aprobaron este dictamen destacaron que esta legislación es un avance en derechos y todos dedicaron la aprobación a las asociaciones, personas y familias que llevan décadas luchando para que esto ocurra.

En el marco de esta aprobación se aludieron los casos del gallego Ramón Sampedro, cuyo caso fue llevado a la pantalla en la película Mar Adentro, protagonizada por Javier Bardem. Sampedro solicitó su derecho a poner fin a su vida, pero sin éxito.

Uno de los casos más recientes es el caso de Ángel Hernández, quien asistió a suicidarse a su mujer, María José Carrasco, postrada 30 años como consecuencia de una esclerosis múltiple. El caso conmocionó a la sociedad española. Ángel tuvo que ser conducido ante la justicia.

María Luisa Carcedo, portavoz de Sanidad del PSOE e impulsora de la norma, celebró la aprobación legislativo de una “ley absolutamente garantista”.

Lamentó que la derecha se oponga a esta norma, cuando será “la persona y el paciente el que decide en una situación de sufrimiento extremo”.

La ley prevé que será una prestación pública incluida en la cartera de los servicios del Sistema Nacional de Salud y que podrá realizarse en centros sanitarios públicos y privados o en el propio domicilio del paciente.

En cualquier caso la persona que solicite esta asistencia a la muerte digna puede revocar su petición. En todo caso deberá tener nacionalidad española o residencia legal en el país.

En todos los casos se tendrán que pasar por varios filtros en el que al menos dos médicos diferentes deben autorizar la solicitud y una Comisión de Garantía y Evaluación hará un control previo, todo con una serie de plazos estipulados, garantizando el derecho del solicitante.