CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, llamó a las autoridades de Colombia a proteger a su población de la violencia que grupos, elementos armados y criminales han ejercido en contra de campesinos, indígenas y afrocolombianos.

En lo que va del año, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en el país registró el asesinato de 255 personas en 18 departamentos de Colombia, así como de 120 defensores de derechos humanos, mientras que desde la firma del Acuerdo de Paz --en noviembre de 2016-- la Misión de Verificación de la ONU ha documentado 244 crímenes de excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

La ONU lamentó el asesinato de 66 integrantes del grupo indígena Nasa en la región del Norte del Cauca, este año, mientras que el 5 de diciembre pasado un excombatiente de las FARC en proceso de reintegración, junto con cuatro personas más, también fueron ejecutados, y 24 líderes y autoridades del pueblo Nasa recibieron amenazas de muerte.

Un par de días antes, el asesinato del líder indígena Miguel Tapi Rito, en el departamento del Chocó, provocó que alrededor de 900 personas huyeran a un pueblo cercano y solicitaron protección al Estado.

En conferencia de prensa desde Ginebra, la portavoz de Bachelet, Marta Hurtado, resaltó que esas cifras son las que han sido reportadas, pero temen que sean mayores, ya que la pandemia ha obstaculizado sus esfuerzos por documentar y verificar los asesinatos y masacres.

Hurtado explicó que la peor situación se vive en las áreas de difícil acceso donde hay una clara falta de presencia del Estado. “No hay seguridad, no hay policías, no hay servicios públicos, escuelas, salud, etcétera. Esa es una de las razones por las que pedimos al gobierno que llegue a esas áreas. En esos lugares hay grupos criminales y armados y otros, como narcotraficantes que controlan el territorio, cuando debería ser el Estado el que lo tenga”, dijo.

En un comunicado, Bachelet llamó a las autoridades colombianas a tomar medidas más sólidas y mucho más efectivas para proteger a la población de la violencia, resaltando que es deber del Estado estar presente en todo el país e implementar políticas públicas que brinden servicios básicos y salvaguarden los derechos fundamentales de la población.

Además, destacó la urgencia de que Colombia desarrolle una política pública para desmantelar las organizaciones criminales que hayan sido denominadas sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, tal como se solicitó en el Acuerdo de Paz.

También pidió a las autoridades que lleven a cabo investigaciones rápidas, exhaustivas, imparciales, independientes y transparentes sobre las denuncias de abusos y violaciones de derechos humanos, y defender los derechos de las víctimas a la justicia, a la compensación y a la reparación.

Finalmente, Michelle Bachelet instó a las autoridades colombianas a brindar un entorno seguro para las personas de todos los sectores de la sociedad para que puedan participar en los asuntos públicos y culturales, libres de temor, intimidación o estigmatización.

"Lamentablemente, después de décadas de conflicto armado, la violencia ha sido normalizada en Colombia, algo que nadie debería aceptar", concluyó. (Melissa Carrillo)