MADRID, Esp. (Europa Press).- El cese de Martín Vizcarra como presidente de Perú añade un nuevo capítulo a la inestabilidad política que ha marcado el país sudamericano en estos últimos años y eleva al principal cargo político a un nuevo mandatario, Manuel Merino, que abandona la presidencia del Congreso para convertirse en el tercer jefe de Estado de Perú en menos de cinco años.

Vizcarra se presentó en las elecciones de 2016 como el 'número dos' de la candidatura de Peruanos por el Kambio (PPK), encabezada por Pedro Pablo Kuczynski. La victoria de ambos en dichos comicios --por escaso margen frente a Keiko Fujimori-- los llevó a asumir las riendas de Perú el 28 de julio de ese año.

El gobierno de Kuczynski se tambaleó prácticamente desde sus inicios debido a las acusaciones sobre su presunta implicación en la trama de pago de sobornos a cambio de favores políticos, en el marco de las corruptelas de la constructora brasileña Odebrecht que han salpicado a toda la región y derribado gobiernos a su paso.

Las sospechas sobre Kuczynski llevaron a la oposición a presentar una moción de censura en diciembre de 2017, pero el presidente logró superar este primer escollo. El escenario cambió meses más tarde, cuando una nueva moción y las escasas perspectivas de Kuczynski de superarla llevaron al mandatario a dimitir el 23 de marzo de 2018.

Entonces, la sucesión estaba clara: Vizcarra, primer vicepresidente, asumió el cargo como presidente. Sin el respaldo de un partido político, su mandato ha estado marcado por un pulso constante con el Congreso que se hizo especialmente palpable el 30 de septiembre de 2019, cuando disolvió la Cámara para forzar la convocatoria de nuevas elecciones el 26 de enero de 2020.

La Justicia avaló su movimiento, pero no así una clase política cada vez más enfrentada a un presidente que ha estado literalmente solo desde mayo, cuando se confirmó la dimisión de Mercedes Aráoz como vicepresidenta. Aráoz llegó a ser proclamada presidenta en funciones por el mismo Congreso que Vizcarra había dado por disuelto.

Mociones contra Vizcarra

El paso de los meses empujó a Vizcarra por una senda similar a la que previamente ya había transitado Kuczynski. El 18 de septiembre, el presidente superó una primera moción de censura presentada por un presunto delito de tráfico de influencias, pero menos de dos meses bastaron para que el Congreso invalide su continuidad en el cargo "por incapacidad moral permanente".

Vizcarra cayó víctima de una trama de presunta corrupción que él siempre ha negado. Se le acusa de recibir 2,3 millones de soles (unos 543 mil euros) a cambio de contratos de obras públicas cuando ejercía como gobernador de Moquegua entre los años 2011 y 2014.

La Constitución peruana establece que el "impedimento temporal o permanente" del presidente implica automáticamente que algún vicepresidente, primero o segundo, asuma la jefatura de Estado, pero la ausencia de dichas figuras derivó en el ascenso del presidente del Congreso, Manuel Merino, miembro del partido Acción Popular.

Merino asume el cargo con un calendario electoral ya sobre la mesa, puesto que Vizcarra promulgó la convocatoria de elecciones generales para el 11 de abril de 2021, lo que implicaría por tanto que la sucesión presidencial tendría lugar el 28 de julio. Merino ya confirmó que mantendrá estos planes, por lo que prevé ejercer de presidente al menos ocho meses y medio.

Detenciones

Una de las posibilidades que se ciernen ahora sobre Vizcarra es que, despojado ya de los galones presidenciales, se abra una nueva batalla en el ámbito judicial, una posibilidad recurrente tanto en el caso de los expresidentes como de líderes de la oposición en el país sudamericano.

El caso Odebrecht salpicó a los cuatro presidentes anteriores a Vizcarra: Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y el propio Kuczynski, que fue detenido por un supuesto delito de blanqueo de capitales y está a día de hoy bajo arresto domiciliario.

Toledo está encarcelado en Estados Unidos pendiente de extradición, García se suicidó en abril de 2019 cuando iba a ser arrestado y Humala permanece en libertad provisional mientras continúan las investigaciones en su contra.

La cárcel también ha sido el destino de Alberto Fujimori, que gobernó Perú desde 1990 y hasta 2001, también destituido por el Congreso. Cumple una condena de 25 años de prisión por las masacres de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), en donde, amparándose en una supuesta operación antiterrorista, los militares asesinaron a una veintena de personas.

Fujimori llegó a beneficiarse de un indulto aprobado por Kuczynski, pero paso únicamente nueve meses en libertad, hasta que tuvo que volver a prisión después de que la Corte Suprema anulase el perdón presidencial.