LIMA (apro).- Los sobrevivientes y los familiares de las víctimas de una de las peores matanzas cometidas por el Ejército peruano durante el conflicto interno en ese país (1980-2000) se quedaron con un sabor agridulce tras conocer esta semana la sentencia del caso, luego de más de 31 años buscando justicia. Un tribunal civil condenó a 10 de los acusados, entre ellos tres altos mandos, por la tortura, violación, ejecución y quema de 60 campesinos quechuahablantes, incluidos 30 niños y tres mujeres embarazadas, pero decidió absolver a otros siete. “Un poquito nos alegra, pero no tanto porque no castiga a todos los culpables, solamente a 10”, afirma Celestino Baldeón, que perdió a su madre aquel 14 de agosto de 1985, cuando un contingente militar tomó la localidad andina de Accomarca en busca de miembros de la guerrilla maoísta Sendero Luminoso y aniquiló a toda persona que pudo encontrar, sin importar la edad y sin averiguar si tenía o no algún tipo de relación con los subversivos. “Al cabecilla se le ha castigado”, celebra Baldeón, en referencia al general en retiro Wilfredo Mori, que entonces era el máximo responsable militar de la región de Ayacucho, donde se encuentra Accomarca y que ha sido condenado a la pena máxima: 25 años de prisión. “Pero estamos totalmente indignados porque deberían ser todos culpables, porque todos participaron en esta matanza”, agrega. Sin embargo, los defensores de los derechos humanos, aunque comparten la inconformidad con las absoluciones, destacan la importancia de este fallo, porque condena no sólo a autores materiales de la matanza, sino también a los intelectuales (o a algunos de ellos), y con penas de prisión contundentes. Además de Mori, otros dos altos mandos que participaron en la planificación del operativo recibieron penas de 25 años. “La sentencia es una de las más importantes en Perú porque entra a discutir a fondo el tema”, afirma Jo-Marie Burt, representante de la ONG Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y observadora de este juicio desde su inicio, hace 10 años. Es decir, no solamente aborda “la autoría material, sino también la intelectual; no sólo quién hizo la masacre sino quién la planificó, quién la ordenó y quién, en este caso, la encubrió”. El tribunal colegiado que juzgó el caso descartó así la versión que había dado el Ejército sobre los hechos, y que sustentaron casi todos los acusados, de que todo fue responsabilidad de la “locura” de uno de los jefes de patrulla, Telmo Hurtado. Éste, aunque admitió parcialmente su culpabilidad, aseguró durante el juicio que él cumplió las órdenes que recibió e implicó a toda su cadena de mando. Finalmente, Hurtado fue sentenciado a 23 años de cárcel, uno menos que otro jefe de patrulla –ambos extraditados de Estados Unidos tras huir a ese país--, mientras que cinco de los soldados que participaron en la carnicería se llevaron penas de 10 años cada uno. Esta decisión judicial, añade Burt, demuestra que lo ocurrido en Accomarca, “como tantas otras masacres”, no se debió a excesos de la tropa, sino a “una política de Estado planificada, ordenada, por los altos mandos militares que identificaba toda una zona como roja y por tanto todos los que están ahí como terroristas”. “Es una concepción equivocada que luego se rectifica porque se dieron cuenta de que no era una manera eficaz de luchar contra el terrorismo”, concluye. Entre dos fuegos Hasta el día de la matanza, una de las peores de la guerra interna que dejó entre 1980 y 2000 más de 70 mil víctimas mortales en Perú, Accomarca, una población campesina quechuahablante de la región andina de Ayacucho, era el ejemplo de cómo vivió la población civil en muchas partes de la sierra peruana ese conflicto, atrapada entre dos fuegos. Por una parte, la guerrilla maoísta de Sendero Luminoso se infiltraba entre la población, instituía ‘escuelas populares’ a las que obligaba a asistir a los vecinos para adoctrinarlos y presionaba a los jóvenes para que se sumaran a sus filas. A partir de 1983, los senderistas castigaban a quienes se oponían a ellos o los cuestionaban, en ocasiones, incluso, con la muerte. Por otro lado, el Ejército empezó ese mismo año a incursionar en las poblaciones campesinas. Acusaba a los vecinos de ser ‘terrucos’ (terroristas) o de apoyar a los insurgentes y les exigía que les dijeran dónde tenían sus escondites. Ante una población local con la que apenas podían comunicarse por la barrera del idioma, los militares golpeaban y maltrataban sistemáticamente a los hombres, a las mujeres y a las adolescentes las violaban y en ocasiones ejecutaban a los sospechosos de pertenecer a Sendero. Tal como recoge el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, creada en 2001, menos de un año antes de la masacre, en septiembre de 1983, el Ejército hizo otra incursión menor en Accomarca y asesinó a 11 personas acusadas de senderistas. Por eso, en 1984 muchos hombres, sobre todo jóvenes, habían emigrado ya a otras zonas del país en busca de oportunidades económicas y huyendo de la violencia. Y cuando cuatro patrullas militares llegaron la mañana del 14 de agosto de ese año a Llocllapampa, una llanura de Accomarca dedicada a cultivos a dos kilómetros del núcleo del municipio, la mayoría de los que quedaban logró huir al monte antes de ser atrapados por los soldados. La matanza Unos 80 soldados rodearon Llocllapampa, donde los accomarquinos vivían en pequeñas chozas, pues sólo se encontraban ahí para la cosecha y cuando tenían que preparar el terreno, y convocaron a gritos a la población a una asamblea. Como muchas otras vecinas, Silvestra Lizarde acudió a la reunión convencida de que, al ser mujer e ir con niños pequeños, no le harían nada. “Mi madre me dejó en la casa diciendo: ‘Cuida la casa, ahora regreso’. Y se fue con mis cinco hermanitos”, recuerda su hija Teófila Ochoa, cuyo padre y tres hermanos mayores había emigrado a la costa para esas fechas. El Ejército había recibido información de que en Accomarca había un gran número de combatientes de Sendero y que guardaban armas y explosivos. Incluso llevaron a un vecino que habían detenido días antes para que les guiara e identificara a los supuestos guerrilleros. Sin embargo, una vez hubieron reunido a todos los vecinos, no parecieron tan interesados en atrapar senderistas. Teófila fue testigo desde la distancia de cómo los soldados, separaban a las mujeres de los hombres. A ellos los sometieron a la fuerza y los golpearon mientras que a las mujeres jóvenes las se las llevaban aparte a rastras para violarlas. Luego los obligaron a meterse todos --hombres, mujeres, niños, ancianos e incluso al vecino detenido que les había hecho de guía-- en tres pequeñas casas de adobe, para luego tirar dentro varias granadas y acribillarlas. Los explosivos crearon un fuego que estuvo ardiendo hasta el día siguiente, calcinando la mayoría de los cuerpos. Mientras, los militares sacrificaron varios animales para comer. Finalmente saquearon las casas y se llevaron lo que encontraron junto con el resto del ganado hacia el núcleo de Accomarca. Entre el botín, por cierto, no había ni rastro de las armas y los explosivos que buscaban. “Yo me escondí bajo un árbol”, cuenta Teófila. “Ya no había gente en el pueblo así que pasé ahí toda la noche y ahí amanecí llorando al día siguiente y tuve que escapar porque pensaba que de repente vuelven y me matan”. Al día siguiente los sobrevivientes cavaron una fosa para enterrar los restos de sus seres queridos, cuyo estado a causa de las granadas y el fuego hacía que muchos fueran irreconocibles. “Hicimos una fosa para enterrar a los restos, los pedazos: piernas, troncos, cabezas… En una parte encontré a mi mamá con mi hermanito más pequeño”, dice Teófila. Cuando la noticia llegó a Lima, el Congreso envió a una representación para averiguar si era cierta. El entonces presidente Alan García (1985-1990), que había asumido el poder menos de tres semanas antes de la matanza, tuvo en principio una reacción enérgica y ordenó la destitución del jefe de la segunda región militar, la más importante de Perú y que abarcaba la región de Ayacucho. Se abrió una investigación fiscal de los hechos, pero la justicia militar pidió someter a su fuero el caso y la Corte Suprema, como fue habitual durante todo el conflicto, se lo concedió. Incluso a pesar de que las semanas siguientes a la matanza, los militares eliminaron e hicieron desaparecer al menos a siete testigos que habían sobrevivido y se habían quedado en la zona. Las Fuerzas Armadas hicieron todo lo posible por garantizar la impunidad de los responsables. Tras varios años de proceso, un tribunal castrense condenó en 1993 únicamente a Telmo Hurtado, quien en 1985 era subteniente, y ni siquiera por homicidio, sino por abuso de autoridad. La condena fue de únicamente cinco años de prisión, de los que sólo cumplió dos, ya que en 1995 el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) amnistió a los militares que cometieron violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado. Hurtado no fue expulsado del Ejército y siguió ascendiendo en su carrera militar, como si nada hubiera pasado. El resto de militares implicados fueron condecorados por el propio Fujimori. Como admitió él mismo años después, durante el juicio civil en el que acaba de ser condenado, hubo un acuerdo por el que aceptaba asumir toda la culpa a cambio de que esto no tuviera repercusiones profesionales. Obstrucción de la justicia Entretanto, Accomarca fue durante algunos años prácticamente un pueblo fantasma. Sus habitantes emigraron a Lima y otras ciudades, donde al ser de Ayacucho y quechuahablantes eran discriminados y vistos con desconfianza por la población local, pues los consideraba a todos simpatizantes de los senderistas. Los sobrevivientes y los huérfanos que dejó la matanza lo pasaron aún peor. Teófila no pudo terminar ni siquiera la primaria. Su padre tuvo problemas de alcoholismo por el dolor de haber perdido a su mujer y sus hijos y murió a los pocos años. Ella sólo encontró trabajo de empleada del hogar. “La señora de la casa me trataba muy mal, decía que los de Ayacucho eran terroristas. Dormía en el suelo y me daba nada más cartoncitos para acostarme sobre ellos. Ni me pagaba, solamente me daba de comer”, afirma. “No tenía dónde ir. Mis hermanos se fueron todos lejos y perdí el contacto con ellos. No hemos vuelto a encontrarnos”. Finalmente, en el año 2005, cinco después del regreso de la democracia en Perú tras el régimen fujimorista, se abrió el proceso por la mantaza, pero la justicia en este caso, además de tardía, ha sido lenta. Las investigaciones duraron cinco años y el juicio oral, que comenzó en noviembre de 2010 se ha demorado más tiempo todavía, pues ha tardado casi seis en concluir. El juicio de Accomarca es un buen ejemplo de cómo se siguen en Perú los procesos por delitos relacionados con la violencia política durante el conflicto armado. Las víctimas sufrieron la prolongación injustificada de la fase oral durante casi seis años, además de múltiples desplantes, agravios e incluso insultos. Aunque en 2009 el país andino dio un ejemplo al mundo al condenar a un expresidente, Alberto Fujimori, por varios delitos de lesa humanidad y de corrupción, y pese a que se creó una instancia, una Sala Penal Especial, para juzgar este tipo de crímenes, su funcionamiento deja mucho que desear. La falta de personal y de medios, la acumulación de tareas, un sistema que fomenta el archivamiento de casos y un sistema judicial influenciado políticamente, lacerado por la corrupción e insensible hacia las víctimas, hacen que muy pocos casos lleguen a la fase oral, que los procesos sean muy lentos y que en muchos casos terminen sin condenas. En el juicio oral del caso Accomarca, celebrado en un penal del norte de Lima, debido a la multiplicidad de funciones de los tres jueces que componían el tribunal, sólo se celebra una audiencia a la semana de un caso muy complejo con una gran cantidad de acusados. Además, los magistrados citaban a una hora y llegaban sistemáticamente tarde, un promedio de dos horas, o directamente las suspendían pasado ese tiempo. Como consecuencia, las audiencias, cuando tenían lugar, duraban apenas un par de horas y, antes, los familiares y sobrevivientes, que se organizaron para tener siempre una numerosa presencia en el juzgado, debían esperar a la intemperie. Por otro lado, todos los imputados siguieron el juicio en libertad excepto uno, el que fuera jefe de patrulla Telmo Hurtado, encarcelado por otros crímenes y el único que ha admitido su responsabilidad en los hechos. En cada audiencia, víctimas se encontraban a la entrada y la salida del juicio con los acusados de ser responsables de la muerte de sus seres queridos, los cuales, denuncia Burt, recibían un trato de favor de los funcionarios del juzgado y en ocasiones les lanzaban miradas e incluso insultos intimidatorios. Uno de los momentos más duros para los familiares y sobrevivientes fue el día en que fue a testificar Alan García, en abril de 2014. El expresidente se presentó con un grupo de choque de su partido, el APRA, que agredió e insultó a los familiares y sobrevivientes de la matanza. “Nos trataron de terrucos, nos empujaron con sus cárteles, bloquearon la audiencia para que nosotros no fuéramos. A ellos les dejó entrar a las audiencias y a nosotros nos dejó afuera”, recuerda Teófila Ochoa. Los desagravios hacia las víctimas se prolongaron hasta el día de la lectura de la sentencia. Esta empezó ocho horas después de la hora determinada por los jueces. Después de esperar todo ese tiempo en la calle, los magistrados sólo permitieron la entrada de la mitad de los familiares y sobrevivientes que asistieron, a pesar de que había espacio en la sala. Tampoco permitieron la entrada de defensores de derechos humanos, ni de cámaras de televisión. Sólo ocho reporteros de la prensa escrita han tenido acceso. La lectura terminó pasadas las dos de la madrugada. Celestino Baldeón asegura que detrás de todo esto hubo un intento de evitar que la opinión pública peruana se enterara de la sentencia a través de los medios de comunicación. “Lo que han hecho no tiene justificación. En vez de curar la herida nos han indignado”, critica. Además, a la lectura sólo asistieron dos de los acusados: Telmo Hurtado, que ya está preso, y uno de los absueltos, por los que los defensores de derechos humanos lanzaron una alerta ante una posible fuga.